La picaresca española no se queda atrás con el cambio climático. Proliferan los proyectos fantasmas de renovables. Los presentan empresas que no tienen la intención real de desarrollar instalaciones de generación de energía y acaparan permisos de acceso y conexión a la red eléctrica. Un activo que los adjudicatarios pueden revender a otras empresas para obtener dinero.
La demanda de permisos para conectarse a la red eléctrica aumentó significativamente en España por el auge de las plantas de energías renovables y los grandes proyectos industriales. Para evitar la saturación, el gobierno inició la expansión urgente de sus redes eléctricas y los permisos se convirtieron en un bien muy valioso para la compraventa y la especulación.
Esa actividad paralela a la lucha contra el cambio climático genera preocupación. La red eléctrica puede verse artificialmente saturada por proyectos especulativos, «buitres», y perjudicar los auténticos proyectos de generación respaldados por una iniciativa sólida. Se estima que licencias con alrededor de 15.000 MW de capacidad no cumplieron los plazos establecidos.
Negocio especulativo
Para desinflar la burbuja creada por los proyectos de grandes consumidores de electricidad (no productores) y evitar la especulación con los permisos de acceso el 29 de diciembre de 2023 se emitió el Real Decreto-ley 8/2023 con el fin evitar que los planes ‘fantasmas’ de grupos industriales y tecnológicos acaparen las autorizaciones y bloqueen el acceso a otros proyectos viables.
Introduce medidas para regular el proceso de adjudicación de los permisos de acceso y conexión a la red eléctrica e incluye plazos de caducidad para los permisos, así como la exigencia de garantías y avales financieros para los proyectos. Prevé también la realización de concursos públicos en casos de competencia por el acceso a la red.
Existe el convencimiento de que existe un movimiento especulativo en la mayoría de los proyectos de energías renovables que los encarece. La reventa de puntos de acceso ha aumentado antes de la COVID-19 y artificialmente alcanzaron precios estrambóticos, hasta 150.000 euros por MW. Pasada la pandemia, a burbuja especulativa se desinfló y los precios bajaron a alrededor de 45.000 y 60.000 euros por MW.
Origen del mal
El crecimiento inusual en las solicitudes de permisos de acceso y conexión, con el mencionado componente especulativo, incrementa de manera artificial los costos de construcción de centrales eléctricas, que en última instancia terminarán pagando los consumidores de electricidad. El problema surge cuando se inician trámites para un número de proyectos que ni la red ni la zona, desde un punto de vista social y ambiental, pueden absorber.
Un promotor que planea un parque solar o eólico necesita un punto de acceso y conexión, que son limitados y específicos. Los informes oficiales indican que en 2022 había casi 290 nudos de la red de transporte reservados para el concurso de acceso con una capacidad estimada de unos 100.000 megavatios. En diciembre de 2020, el gobierno aprobó que el criterio de ordenación para la concesión del acceso y la conexión sería la “prelación temporal” (orden de llegada).
Hasta ese momento, la prelación temporal había sido la norma general: obtenía el acceso el primero que lo solicitaba. Sin embargo, en diciembre de 2020 se anunciaron concursos de acceso y conexión en determinados nudos. Un año y medio después, en junio de 2022, presentó una Propuesta de Orden “por la que se convoca concurso de capacidad de acceso en determinados nudos de la red de transporte” que insiste en que los “criterios temporales para priorizar los proyectos que comiencen antes la inyección de energía a la red”.
Como resultado, los promotores presentaron en masa garantías y solicitudes para iniciar los trámites de autorizaciones administrativas, y solicitaron documentos de alcance ambiental. Todas las ventanillas se saturaron. Hay proyectos reales, pero también movimientos especulativos están iniciando los primeros pasos en los trámites con el fin de bloquear emplazamientos de agentes interesados en desarrollar proyectos renovables”.
Escenario actual: desinflar la burbuja
España tiene como objetivo que el 74% de la electricidad sea renovable para 2030. La meta del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima para 2030 es alcanzar los 50.333 megavatios eólicos. Pero en enero de 2023, 15.000 MW no lograron cumplir con los hitos establecidos o recibieron una Declaración de Impacto Ambiental desfavorable. Red Eléctrica comenzó a revocar automáticamente los permisos vencidos.
En 2020 se anunció que había casi 290 nudos reservados para el concurso de acceso, con una capacidad de unos 100.000 megavatios. Sin embargo, es poco probable que se materialice. Hay nudos muy cerca de las ciudades donde es imposible ejecutar grandes proyectos.
Los datos de Red Eléctrica indican que hay 102.000 MW fotovoltaicos con permiso de acceso (más otros 23.300 con la solicitud en curso) y 41.700 megavatios eólicos con permiso de acceso (más otros 10.800 con la solicitud en curso). Además, se les ha denegado el acceso a casi 140.000 megavatios. En 2022, los permisos de acceso concedidos superaron los 121 GW, pero más del 60% no disponía de permiso de conexión. En mayo de 2020, había 121,5 GW concedidos de fotovoltaica y eólica, pero más de la mitad no había solicitado el permiso de conexión.
El Ministerio para la Transición Ecológica pretende frenar la especulación dando prioridad a las empresas con proyectos maduros y desconectando los proyectos “fantasmas”. La adjudicación se realizará por concurso público cuando varias empresas compitan por el acceso a un nudo específico de la red de transporte de energía. El proceso considerará la madurez de los proyectos, el volumen de inversiones que los respaldan y su contribución a la descarbonización de la red eléctrica. Los de gran consumo (más de 36 kV) deberán proporcionar garantías financieras más significativas.