En momentos en que la cadena de suministros de energía está a un tris de resquebrajarse en Europa, por la guerra en Ucrania, España decide iniciar el proceso de retirada del Tratado de la Carta de la Energía. Un controversial acuerdo internacional que protege los intereses de las empresas que producen y exportan combustibles fósiles, como petróleo, gas y carbón, en contravención de los compromisos globales y europeos en la lucha contra la crisis climática.
La ministra de Transición Ecológica adelantó la posible salida de España en junio pasado ante el Consejo Europeo de Energía celebrado en Luxemburgo. Teresa Ribera calificó de «decepcionantes” las catorce rondas celebradas para modernizar la Carta de Energía y alinearla con el Acuerdo de París y al Pacto Verde Europeo. No hubo manera.
La vicepresidenta manifestó que había llegado el momento de solicitar a los servicios jurídicos de la Comisión y del Consejo un análisis jurídico sobre los posibles efectos de la retirada del Tratado. Puntualizó la necesidad de “preparar la salida coordinada de la UE y sus miembros ante la Conferencia anual de la Secretaría de la Carta de la Energía que tendrá lugar en Mongolia en noviembre”.
La decisión firme de España, la compartió Ribera con el portal Político y añadió que las protecciones para proyectos de combustibles fósiles no había traído “ninguna mejora”. «El tratado, aunque se modernice, seguirá obstaculizando la ambición de las políticas climáticas, protegiendo inversiones fósiles y cuestionando el derecho a regular de la UE y sus estados miembros”, subrayó.
España formaliza salida del Tratado de la Carta de Energía
El criterio de España coincide con el último informe de Naciones Unidas. Los expertos aseguran que el TCE es “un grave obstáculo para la mitigación del cambio climático”. Además, organizaciones como Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace, SEO/BirdLife y WWF llevan cuatro años pidiendo al gobierno la denuncia de la Carta de la Energía.
El tratado, en vigor desde el 17 de diciembre de 1994, provee un marco multilateral para la cooperación energética y fue diseñado para asegurar el suministro de energía en la región y otorgar protección a las empresas que invierten en la industria energética. Originalmente fue concebido para apoyar el sector energético en la antigua Unión Soviética. Permitía a los inversionistas demandar a los gobiernos por políticas que pongan en peligro sus inversiones.
En los últimos años, el tratado ha sido utilizado -tanto por empresas de combustibles fósiles como de energías renovables- en Europa con la finalidad de reclamar cambios en las regulaciones que afectan los rendimientos de inversiones específicas.
El acuerdo preliminar trataba de alinear el texto con los objetivos del Acuerdo de París de forma que las empresas no pudieran acudir a los tribunales internacionales cuando sus políticas estuvieran respaldadas en la necesidad de reducir las emisiones de CO2. Sin embargo, reseñó Público, el acuerdo para modificar la Carta de Energía no eliminaba las protecciones a los combustibles fósiles. De tal forma que las inversiones existentes del sector mantendrían sus privilegios hasta 2033 y las nuevas inversiones hasta 2040.
Además la reforma que pretendía acometer Europa incluía nuevas fuentes de energía que antes no estaban salvaguardadas por el TCE y que producen altos impactos ambientales, como el biogás, los combustibles sintéticos o las plantas de captura de CO2.
Un lento proceso de desvinculación
Ante esta comprometida situación, Teresa Ribera pidió en junio que Europa se replanteara la situación e iniciara los trámites de una salida conjunta. Las conversaciones concluyeron con una propuesta que permitiría a la UE y al Reino Unido eliminar gradualmente las protecciones a los combustibles fósiles. No obstante, los grupos ecologistas y algunos países de la UE cuestionaron el plan.
Poco más de tres meses, España concreta su decisión y aligera los trámites jurídicos para separarse del Tratado de la Carta de la Energía. Esto podría desencadenar una salida en masa de otros países que, durante los últimos meses, han apoyado la postura española. El caso de Polonia, cuyo Parlamento ha votado a favor de retirarse del convenio internacional. En mayo, Países Bajos y Alemania solicitaron a Bruselas una salida coordinada.
El proceso puede ser largo y lleno de trabas jurídicas. Además, prevalece la «cláusula de supervivencia» que permite que los Estados puedan ser demandados hasta los 20 años de haberse salido. De esta forma, el Gobierno español podría ser demandado por inversores extranjeros hasta 2042. La compañía Berkeley, por ejemplo, podría seguir acudiendo a los tribunales de arbitraje para demandar una indemnización por los daños económicos de la prohibición de nuevas minas de uranio emanada de la Ley de Cambio Climático.
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