Por Iñigo Aduriz
30/09/2017
El exministro de Asuntos Exteriores José Manuel García-Margallo (Madrid, 1944) es uno de los fieles defensores de la necesidad de renovación del pacto constitucional que se hizo entre todos y que él también contribuyó a forjar desde su escaño en el Parlamento. En su libro Por una convivencia democrática (Deusto, 2017), plantea propuestas concretas para reformar la Constitución.
Además, presta atención a uno de los grandes desafíos del país: Cataluña. Margallo atiene a Cambio16 por teléfono. Y lo hace apenas unos pocos días antes del referéndum independentista del 1 de octubre, declarado ilegal por los tribunales.
La construcción de una convivencia democrática es el gran eje de su libro. ¿Considera que es más necesaria que nunca, a raíz de lo ocurrido en las últimas semanas en Cataluña?
Es el momento más duro de la crisis. Estamos en vísperas del 1 de octubre, pero después de esa fecha llegará el 2 de octubre, el 3 y el 4. Hay que ver qué sucede. Estoy convencido de que no va a haber referéndum. Ellos [los independentistas] van a intentar que haya el mayor número posible de gente en la calle porque estamos en una fase del proceso en la que ellos han cambiado de estrategia. Hasta hace unas cuantas semanas su objetivo era el reconocimiento internacional. Es decir, convencer a los catalanes de que era posible ese reconocimiento, también por parte de la Unión Europea. Una vez que se dan cuenta de que ese es un esfuerzo absolutamente inútil cambian de estrategia.
¿Cuál es esa nueva estrategia?
Consiste en demostrar que el Reino de España es un Estado opresor, que desconoce los derechos democráticos y que viola los derechos y libertades de manifestación, de expresión, de reunión etc. Lo llevaban como segunda línea de combate desde 2014. El 1 de octubre es un hito más en la estrategia de deslegitimación de las instituciones. Lo grave es que ese discurso lo han intentado trasladar a toda España. Ya no se discute el derecho a decidir, lo que se trata es de demostrar la baja calidad democrática de España en su conjunto. Eso explica que se hayan apuntado Bildu, Podemos y todos los que, en definitiva, quieren acabar con el sistema constitucional de 1978. En eso estamos.
A partir de ahí, ¿qué es lo que puede pasar?
Insisto en que creo que no va a haber urnas. No van a poder basar su declaración de independencia en una consulta popular y habrá que ver si la realizan con los argumentos antes citados. Puede que digan que el Estado español no les ha dejado celebrar el referéndum pero que ellos dan un paso más. Ahí parece que no hay acuerdo en el Gobierno catalán. PDeCat no está a favor de una declaración de este tipo, pero la CUP sí lo está. Si Junts pel Sí no se pliega a esta petición es posible que la CUP les deje sin apoyo parlamentario y haya que convocar elecciones. Ahí es donde se va a jugar el final del partido.
¿Cree que el Gobierno, con los gestos realizados en las últimas semanas, está alimentando el independentismo?
Esa es una consideración absolutamente irrelevante. El Gobierno tiene una obligación, que es gobernar. Y esto quiere decir que debe mantener el Estado de derecho y el respeto a las reglas del juego y del procedimiento aunque, a corto plazo, eso pueda alimentar el independentismo. Si no se mantiene el Estado de derecho, ¡apaga y vámonos! La convivencia no sería posible, porque está presidida por el respeto a los procedimientos constitucionales. Y lo otro es una dictadura. La democracia consiste en que hay unas reglas que definen los derechos y los deberes de todos, los procedimientos para que la convivencia sea posible e incluso para cambiar el marco legal y constitucional. Lo que no se puede es alterar ese marco de convivencia por procedimientos no previstos o incluso contrarios a la ley. Eso es un golpe de Estado.
En su libro aborda la cuestión de la financiación autonómica. ¿Cree que la crisis catalana se solucionaría con un nuevo sistema?
Mi propuesta de financiación autonómica está escrita en un libro que publiqué en 1995: Una reforma fiscal para España. No es una respuesta a la crisis de Cataluña. Es un intento de hacer una Hacienda federal para un Estado complejo como el español. Lo que no puede haber es una asincronía entre la autonomía del gasto y la autonomía del ingreso. Y eso es lo que ocurre en España. Es el país más descentralizado de la OCDE en términos de gasto y solo el cuarto en términos de ingreso. Esto lo que alimenta es una estrategia de las comunidades autónomas de gastar cuanto más mejor para reivindicar cuanto más dinero mejor de la Hacienda central o, en su defecto, dejarlo a deber que no pasa nada. Y eso es lo que ha estado en el origen del déficit cuando la crisis estalla y cae la recaudación como consecuencia de la caída de la actividad económica. Pero es un tema estructural. La crisis lo que ha demostrado es que el edificio tenía grietas y era muy frágil. Lo que hay que tener es un edificio que pueda resistir.
Le preguntaba si considera que la crisis catalana es una cuestión de dinero.
No solo. Hay una cuestión de sentimientos. Ese nacionalismo o separatismo sentimental debe estar en torno al 25%. Pero el independentismo ha subido al 47% como consecuencia de la crisis. Porque el discurso de la Generalitat es decir a los ciudadanos que si se tienen que apretar el cinturón es porque el Govern tiene que hacer recortes porque el dinero lo está transfiriendo a otras comunidades autónomas. Eso es el ‘España nos roba’. Y ha calado cuando, curiosamente, el sistema que tenemos, que fue aprobado por los socialistas cuando el conseller en cap era Artur Mas, que dijo que era «el mejor sistema de financiación con el que Cataluña podía soñar». En 2009 cuando se revisa por última es José Montilla, entonces president de la Generalitat, el que dice: «Cataluña sabe decir que no cuando hay que decir que no, y sabe decir que sí cuando hay que decir que sí y aquí hay que decir que sí porque este sistema es estupendo». Pero el sistema a mi juicio es malo pero no es lo que decían los responsables de la Generalitat. A partir de ahí se ha incrementado el déficit a unas cantidades realmente espectaculares, lo cual ha aumentado la deuda. En este momento la Generalitat debe 73.000 millones de euros. Esto es insostenible. Pero desplazar los sacrificios de los ciudadanos al Gobierno central, al enemigo exterior, ha alimentado el relato del ‘España nos roba’ y ha aumentado el independentismo.
Antes señalaba que, a su juicio, la crisis culminará con unas elecciones en Cataluña. ¿Cómo quedará entonces el mapa político?
Los partidos independentistas van a concurrir por separado. La coalición de Junts pel Sí ya no es posible. Se presentarán cada uno con su programa pero con un punto común, que es el derecho a decidir la independencia. A partir de ahí los partidos no independentistas lo que tenemos que hacer es construir un relato alternativo al relato separatista de lo que es España y de lo que es Cataluña dentro de España. Hay que hacer un relato de afecto hacia Cataluña y otro, mucho más pragmático, explicando que estar dentro de España y de la UE es un buen negocio y que estar fuera es un mal negocio. Se deben explicar cuáles serían las consecuencias de una independencia de Cataluña que le situaría automáticamente fuera de la UE. Eso ocurriría con una secesión pactada y con una que no lo fuera. Es cierto que con la primera opción el reingreso sería infinitamente más sencillo. Si no, sería metafísicamente imposible.
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