Enfrentados Fiscalía y Abogacía del estado. Penas de hasta 25 años de prisión por el delito de rebelión solicitó la Fiscalía española para los políticos implicados en el proceso independentista catalán.
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En el caso del exvicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras, la Fiscalía pidió la mayor pena: 25 años de cárcel. Para Jordi Sánchez, Carmen Forcadell y Jordi Cuixart 17 años y para Jordi Turull, Raul Romeva, Dolors Bassa, Josep Rull y Joaquin Forn, 16 años.
El delito de rebelión es el más alto que se podía imputar a los encausados por la celebración del referéndum en el que se consultó sobre la independencia de Cataluña el 1 de octubre de 2017 y que fue declarado ilegal por la Justicia española.
En la argumentación de la solicitud de penas, la Fiscalía sostiene que la actuación de los acusados puso «en grave peligro el orden constitucional» y menciona el uso de la violencia para asegurar «el resultado criminal pretendido».
Las Fiscalías del Tribunal Supremo y de la Audiencia Nacional han presentado los escritos de conclusiones provisionales en la causa especial 3/20907/2017 del Tribunal Supremo y en el sumario 7/2018 del Juzgado Central de Instrucción nº 3 de la Audiencia Nacional pic.twitter.com/1eHMMcHPiV
— Fiscalía General (@fiscal_es) November 2, 2018
Los encausados llevan ya casi un año en prisión provisional. Fuentes jurídicas aseguran que el juicio en el Tribunal Supremo no comenzará antes de enero.
Imputan delito de rebelión a los Mossos d’Esquadra
Carles Puigdemont, presidente de la Generalitat cuando tuvieron lugar los hechos, y otros cinco políticos reclamados por la Justicia española se han exiliado a diferentes países que no reconocen el delito de rebelión para no ser extraditados.
En las redes sociales, Puigdemont ha reaccionado diciendo que «Hoy hace 1 año, personas honestas, inocentes, demócratas de cantera, fueron encarceladas por la venganza de un Estado incapaz de hacer política. Todo para impedir una Cataluña independiente».
Avui fa 1 any, persones honestes, innocents, demòcrates de pedra picada van ser empresonades per la venjança d’un Estat incapaç de fer política. Tot per impedir una Catalunya independent. Des d’aquell dia, la UE té presos polítics i l’Estat hi passeja la seva vergonya #FreeTothom pic.twitter.com/hXhMncEJdc
— krls.eth / Carles Puigdemont (@KRLS) November 2, 2018
Por otro lado, en su escrito la Fiscalía sostiene que los delitos se pudieron perpetrar gracias a la colaboración de los Mossos d’Esquadra, a los que también imputan el delito de rebelión pero en otro alto tribunal, en este caso la Audiencia Nacional, por no estar aforados.
Es por ello que el Ministerio Público solicitó 11 años de cárcel para Josep Lluís Trapero, el mayor que pilotó el dispositivo y que se forjó una imagen de héroe durante los atentados de Barcelona en agosto de 2017; para Teresa Planas; Pere Soler i Campins y César Puig, reseñó Reuters.
Abogacía del Estado redujo las penas
A diferencia de la Fiscalía, la Abogacía del Estado rechazó el delito de rebelión y redujo a la mitad la solicitud de penas con acusaciones de sedición y malversación por el proceso de independencia ilegal en Cataluña.
Este órgano dependiente del Ejecutivo a través del Ministerio de Justicia limitó a 12 años la solicitud contra Junqueras. En el caso de los otros acusados, la pena sería de 11 años y medio.
La diferencia entre rebelión y sedición es que para el primer crimen tiene que mediar violencia.
En cuanto al resto de los encausados que no están en prisión provisional como Carles Mundó, Meritxell Borrás y Santiago Vila, tanto Fiscalía como Abogacía del Estado piden siete años solo por el delito de malversación. No obstante, las disímiles apreciaciones sobre elementos esenciales de un mismo caso muestra cómo están enfrentados la Fiscalía y la Abogacía del Estado.
Ministra Delgado se defiende
Entretanto, la ministra de Justicia española, Dolores Delgado, rechazó el viernes tajantemente que hubiese intenciones políticas en la decisión de la Abogacía del Estado.
«Esto no es una cuestión de gestos, es una cuestión jurídico técnica (…) bajo criterios profesionales», dijo Delgado preguntada sobre si el Gobierno trataba de acercar posturas con las fuerzas políticas independentistas catalanas.
Desde que Sánchez llegó al poder el 1 de junio ha intentado reducir la tensión en Cataluña. Los políticos independentistas catalanes, que le apoyaron en la moción de censura contra Mariano Rajoy con la que se hizo con el poder, le han pedido que muestre gestos de acercamiento en público a cambio de apoyar los Presupuestos Generales del Estado para 2019.
Distintos miembros del gobierno español se han manifestado en los últimos días en contra de acusar a los encausados del delito de rebelión al considerar excesiva una figura equivalente a la de un golpe de estado.
PP: quieren beneficiar a los golpistas
La decisión de la Abogacía del Estado produjo mucho malestar en los sectores opositores.
El presidente del Partido Popular, Pablo Casado, aseguró que el PP no tolerará que el Gobierno ponga en jaque la estabilidad y la dignidad del Reino de España “por mandato de los independentistas golpistas como Torra, Puigdemont y todos los que están haciendo este atropello a la separación de poderes y a la propia legalidad en España».
«No puede ser que Pedro Sánchez pisotee el Código Penal, la separación de poderes y la dignidad de la democracia española. No lo vamos a tolerar», dijo.
La Abogacía del Estado tiene excelentes profesionales que están abochornados. Estamos con el poder judicial que cumple con su responsabilidad de mantener el delito de rebelión. No toleraremos que Sánchez ponga en jaque la dignidad de España por mandato de los golpistas. pic.twitter.com/3LcUq7XkV4
— Pablo Casado Blanco (@pablocasado_) November 2, 2018
El pasado 2 de octubre, el presidente de la Generalitat, Quim Torra, le dio a Pedro Sánchez el plazo un mes para presentar una propuesta de autodeterminación en Cataluña o le retiraría su apoyo, lo que según Casado se ha materializado en que la Abogacía del Estado, «de forma infame», haya recibido la orden del Gobierno «para no plantear la acusación por delito de rebelión». Mostró un vídeo donde muestra una cambiante postura del jefe de Gobierno.
Hace meses Sánchez consideraba que los independentistas cometieron un delito de rebelión. Ahora usa a la Abogacía del Estado para hacer el “gesto” que le exigía Torra. Un rehén de los golpistas está deslegitimado para seguir presidiendo el Gobierno y debe convocar elecciones. pic.twitter.com/Jv6JHmZLGk
— Pablo Casado Blanco (@pablocasado_) November 2, 2018
Ciudadanos con propuesta ante el Congreso
Mientras, la portavoz nacional de Ciudadanos (Cs), Inés Arrimadas, ha asegurado que “Sánchez está dispuesto a hacer cualquier cosa por seguir un cuartito de hora más en Moncloa”.
“No podemos permitir que aquellos que dieron un golpe contra la democracia tengan, además, la llamada de gracia del gobierno de España para intentar que la Abogacía del Estado rebaje su acusación”, señaló.
📽 @InesArrimadas "Se ha confirmado la sospecha de que Sánchez está dispuesto a cualquier cosa para seguir un cuarto de hora más en Moncloa: ahora intenta rebajar las acusaciones contra los que han roto familias en Cataluña y han humillado a los españoles" #PactoDeLosIndultos pic.twitter.com/JIiWwkx2JY
— Ciudadanos 🇪🇸🇪🇺 (@CiudadanosCs) November 2, 2018
Anunció que este mismo viernes el partido naranja registró en el Congreso una propuesta “para que se prohíban los indultos a aquellos que dieron un golpe contra la democracia en Cataluña el año pasado”.
Arrimadas sostuvo que en Cs “jamás vamos a participar en ningún privilegio para los golpistas”.
No se puede permitir que los que han roto la convivencia en Cataluña tengan la “llamada de gracia” de Sánchez. Vamos a pedir en el Congreso que se prohíban los indultos a aquellos que dieron el golpe en Cataluña y violaron los derechos de millones de catalanes no independentistas pic.twitter.com/iNXQEcEhtc
— Inés Arrimadas (@InesArrimadas) November 2, 2018
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