El Gobierno de España descartó dar luz verde a los permisos solicitados por la empresa australiana Berkeley Energía, para elaborar un proyecto en la mina de uranio ubicada en la región de Salamanca.
Berkeley Energía tenía autorizaciones preliminares, obtenidas en el 2013. Sin embargo, los últimos cinco años han estado plagados de procesos administrativos y oposición de grupos locales.
A pesar de que este capítulo parece haber llegado a una conclusión, la empresa afirmó que en ningún momento recibió una notificación oficial del Consejo de Seguridad Nuclear u otro departamento gubernamental con respecto a los planes de abrir la mina. En este sentido, aclararon que se pusieron en contacto con autoridades de España para aclarar la situación.
De hecho, la directiva de Berkeley Energía se había reunido con los inversores durante la mañana del martes y aseguraba tener todos los permisos necesarios para sacar adelante el proyecto.
Sin embargo, según una fuente gubernamental cercana a estos trámites, el Ejecutivo esperará a que se resuelvan los procesos y las autorizaciones en marcha, pero «se opondrá en cualquier caso a la apertura», declaró para Reuters.
Tablero trancado
El proyecto depende de una licencia urbanística de construcción local y de otra por parte del Consejo de Seguridad Nuclear para construir la planta de tratamiento radioactivo, permiso que a su vez pasa por el visto bueno del Ministerio de Transición Ecológica.
La Diputación de Salamanca se pronunció en contra de la licencia urbanística en un informe no vinculante, en el cual indicaron que «no resulta conforme a la normativa urbanística». Alegan que Berkeley Energía no es propietario de todos los terrenos que se pretenden utilizar en la mina, además de una «falta de presentación de proyecto técnico básico y de ejecución». Con esta base, otra fuente relató a Reuters que el proyecto está lejos de concretarse.
«La autorización para construir la mina solo es posible cuando el Consejo de Seguridad Nuclear haya finalizado su informe, que está aún lejos de concluir. En total, el proceso se alargaría al menos hasta 2021», aseguró la fuente.
La situación se complica más con la próxima renovación del Consejo de Seguridad Nuclear, que se prevé con una mayoría de miembros para el PSOE y Podemos, este último, uno de los más críticos frente a la apertura de la mina.
Propuesta de Berkeley Energía
El aprovechamiento de la mina de uranio en el contexto mundial actual era uno de los argumentos principales de la firma al momento de solicitar autorizaciones para el proyecto.
La mina de Salamanca se había abandonado para actividades industriales desde el año 2000. Anteriormente, fue utilizada por la estatal ENUSA, pero dejó el proyecto por falta de rentabilidad.
Berkeley Energía apostaba por la generación de «importantes flujos de tesorería» ante un incremento de la demanda global de uranio impulsado por China. Mediante este proyecto se planeaba invertir 250 millones de euros y ofrecer empleo a más de 2.500 personas de forma directa o indirecta.
«Esta iniciativa generará resultados a largo plazo a nivel mundial, capaz de suministrar más de cuatro millones de libras de uranio al año, equivalente al 10% del total requerido en Europa. De esta manera, se asegura que la Unión Europea podrá contar con un proveedor interno», razona Berkeley Energía en su página web.
Desplome en bolsa
La negativa del Ejecutivo, aún sin ser definitiva, fue una estocada para Berkeley Energía, que apostó de forma contundente en este proyecto. Hecho que comprueba las esperanzas puestas en esta mina, es que no poseen ningún otro plan actualmente.
Como resultado de las infructuosas negociaciones, las acciones de la empresa se desplomaron. En la bolsa de Australia, cotizaban hasta un 36 por ciento menos que el día anterior, lo que la llevó a sus valores mínimos en más de tres años. La firma tuvo que verse en la obligación de solicitar una suspensión hasta el cierre del viernes, con la finalidad de esperar una recuperación para el lunes, a la espera de que se aclare el asunto. La bolsa accedió.
En las bolsas de Reino Unido y España, donde mantiene la cotización, la contracción llegó a ser del 33 por ciento. La firma adelantó que realizaría un comunicado apenas recibiera respuesta de las autoridades españolas.
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