Fernando Valladares, Agnès Delage y Alberto Coronel /Cambio16
Esta semana empiezan a declarar en los juzgados los 15 científicos españoles imputados por la concentración pacífica que realizaron en abril pasado a las puertas del Congreso de los Diputados para denunciar la inacción climática de los gobiernos. El juicio está en fase de instrucción, pero se esperan acusaciones graves que podrían acarrear penas de prisión.
En marzo de 2022, más de 4.500 personas firmaron el llamamiento de la comunidad científica titulado Los científicos que nos rebelamos contra la inacción climática. Expresaban su apoyo público a las primeras acciones de desobediencia civil científica coordinadas por el colectivo Rebelión Científica en más de 25 países. El objetivo era alertar sobre la extrema gravedad de la crisis climática. En palabras del secretario general de la ONU, nos encaminamos a gran velocidad hacia “una senda suicida para la humanidad”.
Entre las acciones no violentas llevadas a cabo por el colectivo Rebelión Científica, se registró una protesta pacífica ante el Congreso de los Diputados de Madrid, el 6 de abril de 2022. La manifestación tuvo un impacto mediático internacional, decenas de mujeres y hombres de la ciencia, con sus batas blancas, mancharon de rojo las columnas de la fachada principal del Parlamento con el propósito de visibilizar, con el color de la sangre, “la dimensión criminal de la inacción climática de los gobiernos”. Por tratarse de un tinte biodegradable, que se quita simplemente con agua, no hubo daño alguno del emblemático edificio.
Desobediencia civil
La protesta coincidió con la publicación de la tercera parte del sexto informe del IPCC (Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático), que esta semana presentó las conclusiones definitivas y la síntesis global de las casi 10.000 páginas del informe, una verdadera “guía para la supervivencia de la humanidad”, según A. Guterres.
Estas recomendaciones de la ciencia deben orientar la “acción efectiva, acelerada y equitativa” que permita a la humanidad adaptarse a la mayor amenaza que se le ha presentado lo largo de la historia. En la última década, las emisiones de efecto invernadero, lejos de estar reduciéndose de la forma urgente y drástica que la ciencia reclama, pronostican unos escenarios peores que los contemplados por los modelos.
Tanto en el Congreso de los Diputados como en los platós de televisión se cuestionó la efectividad de la desobediencia civil de la comunidad científica. Se preguntaban si los científicos no tenían otras maneras de hacerse oír, pero nunca se refirieron a lo decían sobre la gravedad del calentamiento. Quedaron lelos viendo el dedo, no el peligro cierto que señalaba.
Nada nuevo. La comunidad científica lleva décadas de investigaciones, informes, alertas, divulgación y cartas abiertas que han sido ignoradas. En consecuencia, desde el movimiento Rebelión Científica, los profesionales de la ciencia asumen la responsabilidad de dirigirse directamente a la ciudadanía. Han salido de sus laboratorios y cumplen con un necesario deber de desobediencia civil.
Los científicos más eminentes del planeta alzan la voz porque sería criminal limitarse a seguir documentando la catástrofe en curso y midiendo cómo se cierra la ventada para que puede asegurar un futuro habitable.
Criminalización de la ciencia
Bruce Glavovic, coordinador del II capítulo del IPCC, publicó un llamamiento a la comunidad científica internacional instándola a dejar de producir informes. “Pedimos que se detengan las evaluaciones del IPCC hasta que los gobiernos estén dispuestos a cumplir con sus responsabilidades de buena fe y movilicen con urgencia una acción coordinada desde el nivel local al global”, expresó.
En España, como en el conjunto de los países europeos, la opinión pública confía plenamente en el compromiso de la ciencia contra la inacción climática como lo demuestra una encuesta reciente. Por tanto, la imputación de delitos graves a 15 científicos –mujeres y hombres– que arrojaron líquido rojo 6 de abril sin que hubiera daño material alguno significa una inédita e injustificable criminalización de la ciencia, a lo cual se le suma el reciente escándalo derivado de la infiltración de una policía nacional en los movimientos ecologistas no violentos.
Ante la extrema gravedad de la situación, el movimiento Rebelión Científica está ampliando la movilización en la comunidad científica internacional e insiste en que las acciones de desobediencia civil no violenta forman parte del ADN histórico de la ciencia comprometida con el bienestar de la sociedad. N0 es terrorismo, ni extremismo. Sabiendo lo que saben sobre la catástrofe que significa el cambio climático, la rebelión ciudadana es la obligación moral de todos los científicos. Lo afirmó James Hansen, reconocido climatólogo de referencia que fue director de estudios en la NASA, Premio BBVA Fronteras del Conocimiento y que también fue arrestado una decena de veces por sus acciones de protesta por la imperturbabilidad de las élites y gobiernos ante el calentamiento global.
Un estudio publicado en la revista Nature indica quela desobediencia civil de la comunidad científica es una forma eficaz de generar presión para promover la acción climática más urgente.
Puntos de no retorno
El cambio climático no es el futuro lejano. Es ahora mismo. El último informe del IPCC demuestra que atravesamos la sexta gran extinción masiva de las especies. El planeta está cerca de rebasar 5 de los 16 puntos de no retorno climático. Su temperatura media superará el umbral de los 1,5 ºC en algún momento de los próximos diez años.
Una consecuencia será el aumento de la frecuencia con la que se dan los fenómenos meteorológicos extremos y afectará negativamente la vida de miles de millones de personas en las próximas décadas. No solo en los países pobres, aunque sean los más vulnerables. Ya vemos las consecuencias de la peor sequía del siglo en Cataluña: las restricciones de agua afectan a más de 6 millones de personas.
Ante la urgencia de una acción climática a gran escala, 15 personas del colectivo Rebelión Científica España están actualmente imputadas y dependen del apoyo de toda la sociedad y de las instituciones científicas españolas para continuar exigiendo a los partidos políticos un compromiso claro contra la crisis climática en sus programas.
Concienciar al estamento político sobre sus responsabilidades planetarias no debe resultar en limitar la democracia, sino en aumentarla. Solo acelerando, profundizando y democratizando la acción climática, integrando las recomendaciones científicas en la agenda de los programas políticos, será posible evitar los peores escenarios de la catástrofe en marcha.
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