Los vehículos eléctricos son los caballos de batalla en la lucha contra la contaminación y el cambio climático. En un mundo marcado por la urgencia climática, la transición hacia una movilidad más limpia y sostenible es una prioridad ineludible. Pero, detrás de la promesa de un futuro verde se esconde una realidad preocupante: La producción de «las baterías verdes” (de iones de litio) no está exenta de riesgos para el medioambiente y la salud pública. Hay giros inesperados y dilemas morales que merecen atención.
La electrificación del transporte, impulsada por la lucha contra el cambio climático y los alarmantes efectos de la contaminación del aire en la salud pública, ha puesto las baterías de iones de litio en el centro de la escena. Pasar rápidamente de los rugientes motores de gasolina a los silenciosos vehículos eléctricos sigue siendo crucial. No solo para reducir los gases de escape que asfixian nuestras ciudades, sino también para combatir el dióxido de carbono, ese villano invisible que calienta nuestro planeta. Las compras de vehículos eléctricos están en alza, y los expertos predicen que en la próxima década podrían representar la mitad de todas las ventas de automóviles a nivel mundial.
La paradoja climática: limpiar ensuciando
Las baterías de iones de litio son las estrellas de esta revolución ecológica del transporte. Respaldadas por incentivos gubernamentales en todo el mundo, prometen una propulsión sin necesidad de petróleo. Reducen las emisiones y nos liberan de la dependencia de los combustibles fósiles. Pero, ¿a qué costo?
A medida que la producción de baterías se dispara, también lo hace un riesgo que pocos conocen. Imagina un cinturón invisible que se extiende desde Nueva Jersey hasta el sur de Francia, pasando por comunidades como Augusta, Georgia. En ese cinturón, las mismas empresas que alguna vez arrojaron “sustancias químicas para siempre” en nuestros vecindarios ahora son actores clave en el desarrollo de baterías para vehículos eléctricos. Sí, esas mismas empresas que dejaron un rastro de cáncer y enfermedades a su paso. A veces, incluso, con respaldo de los contribuyentes
Aquí está la paradoja: mientras luchamos por un futuro más limpio, estas empresas a menudo ocultan sus fórmulas químicas y sus emisiones. ¿Cómo podemos asegurarnos de que las baterías que alimentan nuestros autos eléctricos no estén contaminando las comunidades en las que se producen? La transparencia es esencial, y la investigación de The Examination, en colaboración con otros medios, ha arrojado luz sobre este oscuro rincón de la industria.
Fuera del radar y de todo escrutinio
El proceso de extracción de litio y otros metales preciosos para las baterías de vehículos eléctricos ha generado preocupación debido a su impacto en los entornos sensibles y las graves consecuencias sociales (como el trabajo esclavo en la extracción de cobalto). Se ha prestado menos atención a los riesgos asociados con la producción de los ingredientes químicos de las baterías y al historial de las empresas que los fabrican.
Los productos químicos utilizados en las baterías de iones de litio plantean desafíos únicos. Deben resistir el calor, la corrosión, repeler el agua y ser electroquímicamente estables. Todo ello sin comprometer el rendimiento. La industria ha recurrido a menudo a materiales que contienen o producen perfluoroalquiladas y polifluoroalquiladas, o PFAS. Un grupo de más de 10.000 sustancias químicas que se encuentran en revestimientos antiadherentes, productos de limpieza y espumas contra incendios.
La exposición a pequeñas cantidades de algunas PFAS puede afectar a la fertilidad, debilitar el sistema inmunitario y retrasar el desarrollo. Otras se han relacionado con enfermedades renales, problemas hepáticos o cánceres de próstata, ovarios y testículos. Las bautizaron como «sustancias químicas eternas» porque tardan mucho tiempo en descomponerse.
También se usa el polivinilidenfluoruro, o PVDF, un plástico especial utilizado en las baterías de iones de litio, puede crear subproductos tóxicos durante su proceso de fabricación. Según Jonatan Kleimark, de ChemSec, existe una falta de transparencia en la cadena de suministro y en la producción de estos productos. ChemSec es una organización europea sin ánimo de lucro que aboga por la sustitución de sustancias químicas peligrosas. Pese a los riesgos asociados a las PFAS, por décadas Europa y Estados Unidos han dependido de que las empresas químicas declaren por sí mismas la producción y las emisiones de estos contaminantes. En otros grandes centros de fabricación de sustancias químicas, como China e India, tienen aún menos regulación.
Maestros del engaño
A las empresas fabricantes de estos químicos las acusan de jugar al escondite con los reguladores. Han ocultado información, contaminado comunidades y, en ocasiones, actuan como maestros del engaño. Gretta Goldenman, abogada jubilada y exasesora de la Unión Europea en materia de normativa sobre sustancias químicas, señala que durante décadas han intentado revelar lo mínimo posible a las autoridades. En los últimos cinco años se ha prestado más atención a la falta de transparencia de estas empresas.
En Pedricktown, Nueva Jersey, lugareños que padecen varias dolencias creen que los productos químicos tóxicos son los responsables. Entablaron una batalla legal contra Arkema y Solvay Specialty Polymers, antigua y actual propietarias de una planta cercana de PVDF. Ambas empresas niegan las acusaciones. El estado de Nueva Jersey también demandó a los fabricantes de productos químicos para baterías por «actividades peligrosas» que contaminaron el agua potable de miles de personas con sustancias químicas tóxicas. Solvay Specialty Polymers acordaron pagar 394 millones de dólares. Aunque no admitieron su culpabilidad. Una de esas empresas, Arkema, produce PVDF, un polímero clave en las baterías de vehículos eléctricos, en su planta de Pierre-Bénite, Francia. La planta generó tantos residuos químicos que provocó protestas y llevó a 41 ciudades a presentar demandas en su contra.
En Augusta, Georgia, Solvay Specialty Polymers planea ampliar su planta para fabricar exclusivamente PVDF para baterías de vehículos eléctricos. Para lo cual cuenta con una subvención de 178 millones de dólares del Departamento de Energía de Estados Unidos. La empresa afirma que utiliza un nuevo proceso que es más seguro. Los expertos externos no están convencidos. Ian Cousins, profesor de la Universidad de Estocolmo y experto en sustancias químicas tóxicas, afirma que no querría tener una planta de este tipo cerca de su casa.
Reprendidas y demandadas
Chemours, una empresa derivada de DuPont, admitió en 2017 que había contaminado el río Cape Fear de Carolina del Norte, y el agua potable de cientos de miles de personas, con sustancias químicas para siempre (PFAS) utilizadas en la fabricación de teflón. La Agencia de Protección Medioambiental relaciona estos PFAS con el cáncer. La Comisión de Derechos Humanos de la ONU reprendió a la empresa por sus emisiones. Sólo después de que Chemours fuera reprendida, el público descubrió que las aguas residuales de la empresa contenían 250 PFAS «no identificados previamente». La empresa asegura que gastó millones de dólares en tecnologías de captura de residuos y se comprometió a reducir drásticamente las emisiones de PFAS en Carolina del Norte. Sin embargo, la empresa sigue comercializando teflón para su uso en baterías de vehículos eléctricos.
Un estudio publicado recientemente en la revista Nature Communications muestra que una sustancia química para siempre puede encontrarse en el agua, el suelo y, a veces, la nieve. Incluso a kilómetros de distancia de las instalaciones de 3M en Minnesota, donde se fabricó por unos 20 años. Se desconoce el alcance de la contaminación por PFAS y el número de empresas que fabrican el producto químico.
Sin admitir su responsabilidad, 3M llegó a un acuerdo de 10.300 millones de dólares por contaminación con PFAS. Asegura que está eliminando progresivamente la producción del producto químico como parte de una salida más amplia de la fabricación de PFAS. Solvay no dijo dónde, ni durante cuánto tiempo, lo ha producido.
PVDF en auge
La demanda de PVDF está en aumento debido al creciente uso de baterías para vehículos eléctricos. En la actualidad, más del 40% producido se utiliza en baterías, en comparación con menos del 10% hace seis años. Según JP Morgan se prevé que la producción mundial de se duplique para 2028.
En atención al llamado de los científicos del clima, los gobiernos de todo el mundo están ofreciendo exenciones fiscales, subvenciones y préstamos para acelerar la transición energética. En Estados Unidos, desde que el presidente Joe Biden asumió el cargo, se anunciaron 267 nuevos proyectos de baterías. Sesenta y nueve de ellos se ubican en el sureste, ahora apodado el “cinturón de las baterías”.
Comunidades afectadas
Si bien el PVDF en sí mismo se considera un producto químico inerte, la producción genera subproductos que pueden tener graves consecuencias para las comunidades aledañas. La planta de Arkema en Pierre-Bénite, Francia, es un ejemplo de las complejidades que rodean su producción. La planta ha estado contaminando la ciudad con PFAS, una sustancia química que puede ser perjudicial para la salud. En 2022, descubrieron que la planta había estado contaminando su ciudad con “sustancias químicas eternas”. Un reportaje televisivo reveló que los residentes ya las tenían en su sangre. Las autoridades exigieron a Arkema que detuviera su uso antes de 2025
Arkema asegura que está reduciendo las emisiones de PFAS más rápido de lo previsto y que está eliminando y sustituyendo aditivos PFAS debido a su papel en la transición hacia una energía limpia. La industria química afirma haber hecho progresos en la reducción de los PFAS, pero ni 3M ni Solvay han querido revelar cuántos PFAS relacionados con las baterías han producido, ni la cantidad de contaminación que ha acompañado a esa producción. En los últimos años Arkema recibió de fondos gubernamentales franceses más de 100 millones de euros para operaciones relacionadas con el PVDF.
Nombre distinto, mismas prácticas
La ceremonia de colocación de la primera piedra de la nueva fábrica de baterías y productos químicas de Syensqo en Augusta (Georgia) marcó el inicio de una nueva era para la empresa. Los focos se centraron en los beneficios económicos. Se espera que el proyecto aporte más de 800 millones de dólares a la tercera ciudad más grande del estado. Detrás del brillo de esta nueva aventura se esconde un pasado complejo, marcado por la contaminación y la lucha en Nueva Jersey.
Documentos judiciales, correos electrónicos, memorandos y cartas muestran que Solvay, la empresa matriz de Syensqo, se mostró reacia a limpiar la contaminación química en su planta de Nueva Jersey. Erica Bergman, una exreguladora del Departamento de Protección Medioambiental de ese estado, trabajó durante ocho años en la limpieza de la contaminación de Solvay. Advierte que, si viviera más cerca de la planta de Georgia, se haría «algunas preguntas muy serias».
Niveles alarmantes en Delaware
La planta de West Deptford (Nueva Jersey), por décadas propiedad de Solvay, usaba el ácido perfluorononanoico (PFNA) para fabricar PVDF, un componente crucial en las baterías de iones de litio. Según los reguladores estatales cuando Solvay dejó de usar PFNA en 2010, ya había vertido más de 100.000 libras de la “sustancia química para siempre” en el aire y el agua circundantes. La información se hizo pública y los lugareños se enteraron de la presencia de PFNA a niveles alarmantes en el río Delaware.
Aunque el PFNA no estaba regulado en 2013, los estudios sugieren que puede ser tóxico a niveles extremadamente bajos y acumularse en el organismo durante años. Las concentraciones en el agua potable de Paulsboro, un municipio cercano, eran 15 veces más altas que en cualquier otro lugar del mundo. El impacto en la comunidad fue significativo: los residentes se vieron obligados a usar agua embotellada para sus hijos. Ademñas están preocupados por los posibles efectos a largo plazo en su salud.
Nueva Jersey vs Solvay
Mientras las autoridades de Augusta (Georgia) celebraban la colocación de la primera piedra de Syensqo, en Nueva Jersey se libraba una batalla legal. Solvay Specialty Polymers llevó al Estado a los tribunales por establecer límites de emergencia para el PFNA en las aguas subterráneas. Cuando los reguladores estatales propusieron límites para el producto químico en el agua potable, Solvay también se opuso.
En 2020, Consumer Reports denunció que mucho antes de que Solvay dejara de arrojar PFNA, también había estado liberando otra generación de PFAS tóxicos. Sustancias, cuyos riesgos eran “similares o superiores” a los PFAS originales, que seguían contaminando el entorno.
El Nueva Jersey presentó una demanda contra Solvay, acusándola de que el alcance y la extensión de sus trabajos de reparación habían «sido lamentablemente inadecuados». La empresa se defendió afirmando que estaba cumpliendo las expectativas de los reguladores, pero el Estado argumentó que las afirmaciones de la empresa eran «demostrablemente falsas». Tracy Carluccio, activista de Delaware Riverkeeper Network, acusó a Solvay de utilizar “ofuscación y prestidigitación” para evitar proporcionar información que pudiera cuestionar su uso de productos químicos.
Más sorpresas
En marzo de 2021, Solvay anunció que estaba eliminando el uso de todos los PFAS en su procesamiento, lo que supondría una reducción del 80% de su uso total. Cuando el Estado recogió muestras de aguas residuales de la planta, se encontró con una sorpresa. La pareja de químicos de la EPA, Mark Strynar y James McCord, que habían ayudado a descubrir los «PFAS alternativos» de Solvay, analizaron las muestras y se encontraron con docenas de sustancias químicas similares al PVDF. En gran medida desconocidas.
La pareja de investigadores indagó en la literatura de patentes y consultó con químicos orgánicos. Descubrieron que, incluso sin intención, la fabricación de PVDF podría generar subproductos químicos residuales para siempre. “¿Qué sabemos, toxicológicamente? Nada. ¿Se degradan? No estamos seguros. ¿Se acumulan? No lo sabemos”, afirma Strynar. Según las definiciones utilizadas en Europa, la mayoría se considerarían PFAS, pero según las definiciones de la EPA, muchas no. No hay forma de rastrear su abundancia ni atribuir ningún riesgo potencial. No están regulados. La empresa insiste en que está cumpliendo las expectativas de los reguladores. La batalla legal continúa.
Según The Examination Solvay Specialty Polymers se negó a confirmar o negar las conclusiones de los químicos de la EPA sobre la presencia de subproductos químicos desconocidos en su proceso de producción. La empresa afirma que sigue todos los requisitos reglamentarios y que la transición a su nuevo proceso no se había completado cuando se tomaron las muestras. Sin embargo, se negó a decir si su nuevo proceso sigue liberando los mismos subproductos o si sigue arrojando PFAS al aire o al agua de Nueva Jersey. Por su parte, las autoridades también se negaron a revelar si Solvay sigue liberando PFAS. Tampoco quiso decir si está controlando las emisiones de aire de la planta de los «productos químicos para siempre».
Caja negra
En Augusta, Syensqo, separada de Solvay, avanza en la construcción de su nueva planta para fabricar productos químicos para baterías de vehículos eléctricos. El presidente de la Autoridad de Desarrollo Económico de la ciudad, Cal Wray, se mostró poco preocupado por los posibles inconvenientes, como la contaminación química. Syensqo pretende fabricar suficiente PVDF para abastecer a más de 5 millones de baterías de vehículos eléctricos al año en esa planta.
El proceso que la empresa tiene previsto utilizar no requerirá la introducción intencionada de PFAS. Sin embargo, hay expertos que advierten que la formación de PFAS como subproducto sigue siendo posible. Como Joost Dalmijn, quien estudia las emisiones de las empresas químicas. «Depende de las sustancias químicas implicadas, y esos detalles siguen siendo un poco una caja negra para nosotros», afirma.
La planta en Augusta representa una oportunidad para impulsar la economía local y la transición hacia la energía limpia. Pero la falta de transparencia por parte de las empresas y la lentitud de la regulación generan preocupación entre los defensores del medio ambiente. Eve Gartner, directora de exposición tóxica y salud del bufete de abogados medioambientales Earthjustice, afirma que «pasarán siglos antes de que haya datos suficientes para determinar la peligrosidad de cada PFAS».
Sombras sobre Augusta
Un análisis reciente realizado por las autoridades medioambientales francesas encontró sustancias químicas en las aguas residuales de una planta de Syensqo en Tavaux (Francia), que fabrica PVDF mediante un proceso similar al propuesto para Georgia. Aunque no está claro en qué medida estas sustancias son realmente PFAS, una organización ecologista, Generation Futures, realizó su propio muestreo y encontró cantidades significativas de un PFAS en un estanque de residuos que desemboca en uno de los ríos más grandes de Francia.
Syensqo, aún en las primeras fases de obtención de permisos en Augusta, ha mantenido cierto hermetismo sobre los detalles de su proceso de producción. Aunque asegura que no utiliza los PFAS específicos detectados en Francia, la empresa aún no ha revelado la totalidad de los químicos que se emplearán en su nueva planta de Augusta.
De acuerdo con una solicitud de permiso de emisiones atmosféricas, la empresa planea incinerar los residuos de su proceso de producción mediante un oxidador térmico. Asegura que capturará el 99% de las emisiones atmosféricas. Sin embargo, expertos advierten que la efectividad real de esta tecnología dependerá de diversos factores. Incluso pequeñas cantidades de PFAS liberadas al aire podrían tener graves consecuencias para la salud pública.
Hasta el año 2035 son irremplazables
Una cuarta parte de las emisiones de gases de efecto invernadero proviene del transporte. Por lo tanto, las baterías de iones de litio seguirán ocupando un lugar central en la revolución energética. Las nuevas leyes de gasto masivo aprobadas en 2021 y 2022 representan la mayor inversión de la historia para combatir el cambio climático. Pero han puesto el dinero de los contribuyentes en los bolsillos de empresas, como Solvay, que antes eran consideradas responsables de la contaminación.
Desde Rivian hasta Rolls Royce, los líderes de la industria no ven alternativas prometedoras a las “baterías verdes”, de iones de litio, a corto plazo. Aunque existen sustitutos para los productos químicos de las baterías, encontrar opciones comercialmente escalables que sean menos peligrosas y cumplan con los estándares de rendimiento ha sido un desafío.
Los PFAS, conocidas por su resistencia al calor y su capacidad para repeler el agua, son parte integral de las baterías. Su toxicidad y persistencia en el medio ambiente plantean preocupaciones. La Agencia Europea de Sustancias y Preparados Químicos busca prohibir la mayoría de ellas. Las de las baterías podrían ser una excepción. Según un informe de Nissan las fabricadas con productos químicos PFAS seguirán siendo fundamentales hasta aproximadamente 2035.
Para enfrentar los problemas generados es imprescindible gestionar mejor los residuos químicos. Para lo cual la transparencia y el control son esenciales. Martin Scheringer, experto en PFAS de la ETH de Zúrich lanza un severa advertencia: debe ser escrutada de cerca. Después de todo, la industria química “tiene un historial muy malo»
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