Los pueblos indígenas ocupan vastas extensiones del territorio centroamericano, entre ellas, más de la mitad de los bosques de la región y muchos de sus cursos de agua. Esta simbiosis con el entorno los convierte en los guardianes de los ecosistemas más importantes. Sin embargo, también los pone en situación de riesgo. A medida que la «civilización» avanza y destruye las selvas, otro tanto ocurre con las culturas amerindias. Ecocidio y etnocidio van, lamentablemente, juntos. Y en Nicaragua la situación es preocupante en extremo.
La atención ambientalista internacional se dirige a las amenazas a los pueblos y bosques de la Amazonía brasileña. Sin embargo, pasa inadvertido que el “gobierno socialista” de Daniel Ortega desempeña un papel activo en la colonización y explotación de los bosques nicaragüense por empresas transnacionales de la madera y la minería. Y con ello pone en riesgo al medio ambiente y a las comunidades ancestrales.
Desde 2015, alrededor de 40 indígenas han sido asesinados y 47 han resultado heridos en Nicaragua. Otros 44 fueron secuestrados y 4 desaparecieron. Son hechos vinculados con invasiones de tierras.
Etnocidio y ecocidio
El 29 de enero de 2020, docenas de hombres armados atacaron a la comunidad mayagna, en la Reserva de la Biosfera de Bosawás. En esta zona de protección ambiental en el Caribe nicaragüense está a 300 km al norte de Managua fueron asesinados 4 miembros de la comunidad alal. Otros 2 resultaron heridos y 16 de sus viviendas fueron incendiadas, lo que llevó a cientos de personas de la aldea huir. La policía llegó un día después.
Son los ataques más recientes a comunidades indígenas en Nicaragua. El hecho causó indignación mundial. La ONU hizo un llamamiento al régimen sandinista para que investigase «rápida y exhaustivamente» estas matanzas. La petición todavía espera respuesta. Aunque en 2003 se adoptó una ley que otorga derechos territoriales a los indígenas de Nicaragua, los colonos siguen invadiendo tierras. El ecocidio y el etnocidio no se detienen.
La punta del iceberg
Los ataques de colonos a las comunidades indígenas son solo la punta del iceberg en un complejo proceso de colonización usurpadora. Activistas de derechos humanos denuncian que estas prácticas son impulsadas por el gobierno de Daniel Ortega. El tema es ampliamente tratado en una investigación del centro de pensamiento de asuntos ambientales, The Oakland Institute.
El estudio se titula Nicaragua: una revolución fallida, la lucha indígena por el saneamiento. Detalla cómo el régimen orteguista ha puesto vastas áreas de tierra virgen a disposición de la explotación minera. También promueve la industria maderera y la ganadería. De esta manera, atrae a empresas transnacionales, además de llevar a miles de colonos a regiones autónomas. El resultado es devastador para las vidas y los medios de subsistencia de los pueblos indígenas.
Los documentos oficiales, citados en el estudio, muestran una oferta a potenciales inversionistas de más de 7,1 millones de hectáreas de tierra para concesiones mineras. Esto representa el 60% del país. También ofrece más de 3,5 millones de hectáreas para proyectos forestales, es decir, un 30% de Nicaragua.
De mal en peor
En los últimos 3 años la cantidad de tierra bajo concesiones mineras ha crecido más del doble. Se ubica en 2,6 millones de hectáreas, o sea, el 20% del país.
Adicionalmente, los bosques primarios de Nicaragua están sujetos a una intensa presión por parte de las corporaciones y colonos para la ganadería y las operaciones de aserraderos. Lo más grave es que la mayoría de las concesiones se encuentran a lo largo de las Regiones Autónomas de la Costa Caribe, que son esenciales para los medios de vida de los pueblos indígenas.
La superficie forestal de Nicaragua ha disminuido del 76% en 1969 al 25% en la actualidad. El informe pormenoriza los vínculos personales del presidente Ortega y su familia con el negocio forestal y maderero a través de la empresa Alba Forestal. Esta empresa nació como parte de los convenios entre el régimen sandinista y su principal aliado el chavismo venezolano.
«No presentamos un informe de la CIA en contra de un gobierno socialista. Esto tiene que ver con los derechos de tierras indígenas, esto no tiene que ver con la revolución sandinista. Por eso, le llamamos ‘el fracaso de la revolución’. Lo que ocurre en Nicaragua es la repetición del régimen somocista bajo el gobierno de Ortega”, afirmó Anuradha Mittal, autora del estudio.
Además del ecocidio, “estamos en curso hacia el etnocidio”, advirtió Claudia Paz y Paz, directora del Programa México y Centroamérica del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional, organismo a cargo de la presentación de la investigación. “En la región de Centroamérica y América Latina, el caso de Nicaragua es bastante particular. Su legislación es bastante avanzada; sin embargo, es letra muerta por las graves omisiones, pero incluso acciones del Estado de Nicaragua”, agregó.
Amenazas de muerte
Defender los derechos ambientales y étnicos en Nicaragua puede ser una actividad sumamente peligrosa. De ello puede dar fe Lottie Cunningham, fundadora del Centro por la Justicia y los Derechos Humanos de la Costa Atlántica de Nicaragua (Cejudhcan), que participó en el estudio.
En 2017 le llegó una amenaza muy explícita. «Y no queremos ver que se crucen en nuestro camino. Ahí sí te vamos aniquilar, si quiere guerra, guerra tendrá. La guerra significa sangre”, le expresaron en un anónimo.
Cunningham ha denunciado que, como consecuencia de la colonización, los indígenas no solamente han sufrido violencia, sino también el desplazamiento forzoso que los lleva a vivir “en condiciones precarias que ha causado un deterioro en la salud de niños y ancianos. Y amenaza con la pérdida de vida”.
La fundadora de Cejudhcan, quien recibió el premio Right Livelihood, afirmó que los “colonos” tratan “como animales a los indígenas misquitos”.
Reclamó que la Policía de Nicaragua no investiga los casos contra indígenas ni garantiza el cumplimiento de las medidas provisionales emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos a favor de los nativos.
El incendio de Indio Maíz
En 2018, un incendio destruyó 6.300 hectáreas de bosque en la Reserva Biológica Indio Maíz, en Nicaragua. El desastre lo ocasionó un campesino de la comunidad Siempre Viva, quien ilegalmente utilizó el método de la quema agrícola para arrasar con los árboles de la selva y, así, poder sembrar arroz dentro del gran pulmón vegetal nicaragüense, que pertenece al Corredor Biológico Mesoamericano.
La pesadilla ecológica en Indio Maíz se mantuvo durante diez días. El Gobierno de Nicaragua tardó cuatro días en reaccionar y declarar la alerta amarilla. Para entonces, el fuego había quemado más de 3.000 hectáreas de bosque tropical húmedo.
El hecho marcó un episodio más en esta “ola de colonización” que sufre la Reserva Biológica Indio Maíz. Ha permitido a mafias ganaderas, traficantes, familias invasoras y delincuentes prófugos de la policía aprovechar los fértiles terrenos de una vasta selva. Allí realizan actividades comerciales clandestinas, sin los permisos ambientales necesarios.
El fuego solo se apagó gracias a los aviones extranjeros y a la lluvia. El hecho puso en evidencia la incapacidad del Gobierno de Nicaragua para salvaguardar su propia selva nacional. No pudo controlar las llamas, pero bloquea cualquier intento de frenar los delitos ambientales, unos con más ferocidad que otros.
Permisividad, pero también complicidad
Si bien estos hechos dan cuenta de la falta de diligencia de las autoridades nicaragüenses para frenar los delitos de ecocidio y etnocidio, también hay denuncias que apuntan a los propios funcionarios como los responsables de los estropicios ambientales. Por ejemplo, en mayo pasado la Fundación para la Conservación y el Desarrollo del Sureste de Nicaragua denunció a la alcaldía sandinista del municipio de El Castillo, departamento de Río San Juan. La acusó de querer «apropiarse y destruir» la Reserva Silvestre Privada El Quebracho, que pertenece a esta fundación.
El bosque de la Reserva Silvestre Privada El Quebracho es el hábitat de alrededor de 20 especies de reptiles, 20 de anfibios, 25 de mamíferos, 165 de aves y más de 70 especies de flora, además de almacenar 11.779 toneladas de carbono. En junio, la fundación informó que un grupo de personas afines al FSLN estaban abriendo carriles en la reserva El Quebracho.
“Los concejales del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), Manuel López y Mercedes Díaz, son los promotores de dicha toma, quienes junto al alcalde Rigoberto López y a la vicealcaldesa Yadira Saballos pretenden cometer un ecocidio”, señalaron.
Luego de la cancelación de la personalidad jurídica a la Fundación del Río en diciembre de 2018, otras dos áreas de conservación que tenía la organización también fueron afectadas.
Falta de acción
El Centro Humboldt recordó que en 2019 nadie en Nicaragua fue procesado por cometer delitos ambientales, a pesar de que los bosques siguieron desapareciendo y el cambio de uso de suelo fue una práctica constante.
De la misma manera, la ONG recordó que mientras que Nicaragua busca sobresalir en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, en el país se desconoce la estrategia para enfrentar el fenómeno, y no existe una ley que lo regule.
El abandono del Gobierno en temas ambientales también se refleja en los 6,8 millones de dólares destinados al Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales (Marena) para 2020 que, según Humboldt, equivale a lo que recibió hace 13 años.
Lea también:
Conforme a los criterios de 
Saber más
