Pese a las críticas de las organizaciones de derechos humanos, los tribunales de El Salvador ordenaron mantener en prisión a 36.614 detenidos bajo el estado de excepción, prorrogado por tercera vez la semana pasada. «Llegamos a más de 36.000 detenciones provisionales. Los equipos fiscales han presentado 767 requerimientos. Ganaremos esta batalla», indicó el titular de la Fiscalía, Rodolfo Delgado.
Dentro del régimen de excepción, “hay disposiciones para garantizar que los terroristas capturados permanezcan encerrados mientras el sistema de justicia resuelve sus procesos».
El gobierno de Nayib Bukele le declaró la guerra a las pandillas y decretó el estado de excepción a fines de marzo, luego de que se disparara la tasa de homicidios. La medida, que tenía una duración de 30 días, fue prorrogada a partir del 25 de junio, con un aval del Parlamento que otorga a las fuerzas de seguridad poderes adicionales contra las pandillas violentas, denominadas Mara Salvatrucha
De acuerdo con la Presidencia de El Salvador, señaló que «8 de cada 10 pandilleros que la Policía Nacional Civil ha detenido esperan el desarrollo de su proceso penal en la cárcel». «Esa ruta que seguirán todos», recalcó.
Son cerca de 42.000 las persona detenidas bajo este régimen. Bukele indicó que de ese total, apenas un 1 % podrían ser arrestos por error
El Salvador extiende el estado de excepción
Mientras el gobierno de El Salvador justifica el estado de excepción, una docena de organizaciones humanitarias nacionales e internacionales expusieron recientemente ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que han recibido miles de denuncias de atropellos.
Son más de 3.000 las denuncias por detenciones arbitrarias de las ONG y de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos. En una audiencia pública en la que el Estado salvadoreño declinó participar declararon que 52 detenidos han fallecido bajo custodia estatal.
El encargado de negocios de la Embajada de Estados Unidos en El Salvador, Patrick Ventrell, reconoció las «fuertes acciones» del gobierno de Bukele contra las pandillas y subrayó «que el régimen de excepción todavía en vigor es insostenible».
«El estado de excepción en El Salvador no puede durar para siempre. En una democracia todas las personas acusadas de un crimen deben ser procesadas con un sistema de justicia transparente», manifestó.
Un número creciente de evidencias indica que los cuerpos policiales salvadoreños han cometido graves violaciones de derechos humanos en el régimen de excepción, señalaron Human Rights Watch y Cristosal. Las organizaciones han recibido denuncias de decenas de detenciones arbitrarias. Incluyendo algunas desapariciones forzadas de corta duración y la muerte de dos personas que se encontraban detenidas..
Christian Guevara, líder del partido oficialista Nuevas Ideas, apoya la medida de excepción. “Estamos decididos a apoyar cuantas prórrogas sean necesarias. Es lo que pide el pueblo”, declaró sin asomarse a los derechos humanos.
Varias encuestas contratadas por el gobierno de Buke muestran que el 70% de los salvadoreños apoya las «medidas» del gobierno para reducir los crímenes de las pandillas.
Suspensión de garantías constitucionales ante ola criminal
Los datos oficiales indican que en los 3 meses de estado de excepción, las fuerzas de seguridad de El Salvador han arrestado más de 41.300 personas, por presunta pertenencia o colaboración con las pandillas. Incluidos 1.190 menores.
La represión de pandillas en El Salvador comenzó a finales de marzo de 2022. Respondía a una ola de homicidios entre el 25 y el 27 de marzo de 2022 en la que 88 personas fueron asesinadas. Solo el 26 de marzo asesinaron a 62 personas, la cifra más alta en un solo día. El gobierno inculpó a la pandilla Mara Salvatrucha y la Asamblea Legislativa aprobó el estado de excepción que solicitó el presidente Bukele, que suspende las garantías constitucionales, como la libertad de asociación, la inviolabilidad de la correspondencia, el derecho a la defensa y el respeto al debido proceso.
Además, se aumentó el tiempo de detención sin cargos. Con el estado de excepción, miles de personas han sido arrestadas, lo que recargó las prisiones ya sobrepobladas. Se cuentan por millares los atropellos y la violación de derechos humanos. El gobierno afirma que El Salvador vive el periodo más seguro desde que se firmó la paz con el frente guerrillero Farabundo Martí.
Mara Salvatrucha (MS, Mara, y MS-13) es una organización internacional de pandillas criminales. Dedicada al narcotráfico, extorsión, contrabando de armas, secuestro, robo y asesinatos por encargo, entre otras. Se originaron en Los Ángeles (California) y se han expandido a otras regiones de Estados Unidos, Canadá, México, el norte de Centroamérica (Guatemala, El Salvador, Honduras).
La huella de los Mara
El gobierno informó que el “plan de prevención de la violencia siguen activas en todo el territorio, para romper el ciclo vicioso y seguir transformando al país, con el respaldo de fondos públicos y la cooperación internacional”.
Los Mara se distinguen por tatuajes que cubren el cuerpo y, a menudo, la cara, así como el uso de su propio lenguaje de señas. Son conocidos por su uso de la violencia y un código moral propio que consiste, en su mayor parte, en crueles actos de venganza.
Esta crueldad excesiva de los miembros de las maras o “mareros”, les permitió ser contratados por el cartel de Sinaloa. Dirigida por Joaquín Guzmán, para ser entrenados en el manejo de armas y contrarrestar la fuerza de la Organización del Golfo (Los Zetas), una guerra que azota el sur de la frontera de Estados Unidos.
Durante décadas, El Salvador ha tenido una de las tasas más altas de violencia relacionada con pandillas. En 2015, su tasa de homicidios fue de más de 103 homicidios por cada 100.000 habitantes. Cuando Nayib Bukele fue elegido presidente en 2019, declaró que la reducción de la violencia era una prioridad.
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