Cuba tiene una población carcelaria calculada entre 65.000 y 70.000 reclusos, sobre 11 millones de habitantes. De ese total, unos 8.500 han sido encarcelados sin un proceso que determine la comisión de delito alguno. Y el número de presos por motivos políticos se encuentra entre los 120 y los 140. Uno de ellos es José Daniel Ferrer, líder de la Unión Patriótica de Cuba (Unpacu), uno de los grupos de oposición más activos de la isla. La dictadura lo considera un contrarrevolucionario financiado por Estados Unidos.
José Daniel Ferrer García fue detenido el 1 de octubre de 2019, acusado de secuestro y asalto. Se le excarceló el 5 de abril de 2020, pero todavía deberá cumplir con una pena de cuatro años y seis meses de arresto domiciliario.
Esta semana, el Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre la Detención Arbitraria exigió al régimen cubano «dejar inmediatamente sin efecto la orden de arresto domiciliario» contra Ferrer, de 49 años de edad, y «restaurarle su libertad plena».
Cuba «sin presos políticos»
Un tribunal de Santiago de Cuba, en la parte oriental de la isla, lo encontró culpable de agredir a otro hombre y ratificó la petición fiscal de una condena inicial de 9 años de cárcel. José Daniel Ferrer negó las acusaciones. El régimen cubano afirma que no tiene prisioneros políticos en sus cárceles. A Ferrer lo califica de “delincuente común”.
Organizaciones de derechos humanos, Amnistía Internacional, el Parlamento Europeo y Estados Unidos habían pedido su liberación. José Daniel Ferrer fue uno de los detenidos y condenados en la llamada Primavera Negra de 2003. El opositor fue puesto en libertad condicional en 2011 y poco después se convirtió en líder de Unpacu.
En la Primavera Negra, un total de 75 disidentes fueron detenidos durante los días 18, 19 y 20 de marzo de 2003 y sentenciados —en pequeños grupos— a comienzos de de abril con penas entre 6 y 28 años de prisión,
Debe gozar de libertad plena
El Grupo de Trabajo de la ONU afirmó que la detención del dirigente se utilizacomo «una herramienta para limitar su ejercicio pacífico de los derechos a la libertad de opinión, expresión, reunión, asociación y participación», así como para «restringir» sus actividades como defensor de derechos humanos y activista pro-democrático.
«La información disponible no permite encontrar creíbles las alegaciones de que Ferrer García fue privado de su libertad y condenado a cuatro años de prisión por la supuesta comisión del delito de lesiones, sino como una herramienta de castigo por haber ejercido sus derechos humanos fundamentales de una manera crítica hacia el Gobierno, así como para disuadirlo de seguir haciéndolo en el futuro».
Repudio internacional
Desde noviembre de 2019, el Parlamento Europeo y el Gobierno de Estados Unidos han condenado el encarcelamiento de José Daniel Ferrer. A finales de febrero pasado, el Departamento de Estado exigió a La Habana la liberación inmediata del activista, cuya detención calificó como “injusta”.
A través de una carta dirigida al canciller cubano Bruno Rodríguez, el secretario de Estado, Mike Pompeo, afirmó que Estados Unidos se une a la «multitud de voces que condenan el trato que el gobierno da a José Daniel Ferrer y a otros presos políticos».
El texto señala que los cargos infundados contra el líder opositor tienen un patrón común «de acoso, violencia y detenciones arbitrarias contra ciudadanos cubanos que lo único que desean es promover la democracia y las libertades políticas y económicas».
Al escarnio público
En enero, la Fiscalía de Cuba solicitó una sanción conjunta de 9 años de cárcel por el delito de lesiones para Ferrer. La dictadura castrista lo describe como «contrarrevolucionario apoyado por Estados Unidos«. Un artículo en noviembre en el diario Granma, órgano oficial del Partido Comunista de Cuba, dijo que se le encarceló luego de una denuncia por herir a un ciudadano al propinarle una golpiza con otros disidentes.
Un reporte en la televisión estatal retrató a José Daniel Ferrer como una persona agresiva. Sus familiares y miembros de la Unión Patriótica de Cuba dicen que es una excusa para silenciarlo. Organizaciones de derechos humanos y Amnistía Internacional lo consideran un preso de conciencia.
Miembro del Consejo de Derechos Humanos
El informe del Grupo de Trabajo de la ONU deja constancia del carácter sistemático de este tipo de detenciones arbitrarias contra las personas que no son favorables al Gobierno cubano.
«La detención acreditada en el presente caso forma parte de una serie de privaciones arbitrarias de libertad que se llevan a cabo por las autoridades en Cuba, en contra de personas que pertenecen a partidos de la oposición política, defensores de derechos humanos o de personas que expresan críticas sobre la actuación de las autoridades o el Gobierno».
El Grupo de Trabajo le ha solicitado al Gobierno de Cuba que le permita visitar el país para evaluar esta situación. «Sin embargo, el Gobierno no ha respondido favorablemente a estas solicitudes».
Lo curioso es que Cuba forma parte del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. De hecho, fue recientemente elegida para un quinto mandato, a pesar del clamor internacional contra su reingreso. Y aún así, se niega a permitir el acceso de observadores de derechos humanos. Los hechos desmienten lo que dicen los camaradas burócratas.
Una crisis inocultable
Ferrer ha denunciado que si algo no puede esconder el régimen es la crisis económica y social que golpea a cada rincón de la isla. Las colas son durante todo el día y a lo largo de varias cuadras para comprar detergente, jabón, pollo o cualquier otro artículo de primera necesidad.
Deploró que en medio de esa situación lo único que se le ocurre es perseguir a los que ellos llaman coleros, acaparadores y revendedores. Se trata de medidas efectistas, que no resuelven la crisis. Ante el desabastecimiento y el creciente descontento, el régimen responde con más represión.
José Daniel Ferrer asegura que a diario se registran detenciones de activistas. Estas medidas buscan evitar que mantengan la resistencia a la dictadura, que lleva más de 60 años sometiendo al pueblo cubano.
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