El éxodo de millones de venezolanos tiene múltiples caras: el desplome del país, en sus índices económicos, sociales (76,6% de la población vive en pobreza extrema) y de salud. El resquebrajamiento de la institucionalidad y la sistemática violación de los derechos humanos que ha impulsado a la Corte Penal Internacional a abrir una oficina en Caracas. En 2021, los casos de tortura en Venezuela aumentaron en 148% respecto al año anterior: 241 las víctimas.
La ONG Provea (Programa Venezolano de Educación y Acción en Derechos Humanos) en su reciente informe precisa que es la cifra más alta de torturados en 33 años de trabajo de seguimiento y compilación de hechos. Lissette González, coordinadora de la investigación, indicó que el 60,9% de las víctimas dijeron haber sufrido algún tipo de abuso sexual, en algunos casos violación.
“Los responsables, los perpetradores son oficiales de las fuerzas de seguridad del gobierno venezolano. Las denuncias se concentran en dos lugares: uno es el CICPC (Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas) en El Hatillo y otro es la DGCIM (Dirección General de Contrainteligencia Militar) en Boleíta. Entre ambos concentran casi la mitad de las denuncias del 2021”, detalló González.
El CICPC, fue señalado como responsable en 155 denuncias de torturas, con igual número de víctimas. Para alcanzar el 64,3% del total de denuncias registradas el año pasado.
Venezuela ha estado en la atención de la comunidad internacional por la represión y el desafuero criminal del régimen de Nicolás Maduro. La Oficina de Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sigue de cerca la situación del país. Michelle Bachelet denunció en 2021, que en Venezuela se registraban desapariciones forzadas, torturas, violencia sexual. Así como agresiones a niños y mujeres, muertes selectivas y robos a las víctimas, entre otros delitos
Aumenta la tortura en Venezuela
La gravedad de las violaciones documentadas ha obligado a las instancias internacionales de protección de los derechos humanos a afianzar el monitoreo e investigación sobre lo que ocurre en el país.
En una decisión histórica, el fiscal de la CPI, Karim Khan, anunció a fines de 2021 acelerar una investigación sobre la posible comisión de crímenes de lesa humanidad en Venezuela. Es la primera decisión de esa envergadura que se dicta en el continente. La ONG lo considera un paso gigantesco en el camino para obtener justicia.
“La alta letalidad de las acciones de la fuerza pública continuó en 2021. Policías y militares produjeron la muerte, en todo el territorio nacional, de 1.414 personas. Siendo nuevamente resultado de una política de Estado, de violaciones masivas y sistemáticas del derecho a la vida”, denuncia el informe. Además, “evidencia de manera categórica que la actuación de los agentes del Estado sigue contrariando las normas nacionales e internacionales sobre el uso diferenciado y progresivo de la fuerza. Obviando la obligación de no causar privaciones arbitrarias de la vida”.
El Informe Anual insiste también en los asesinatos a manos de funcionarios policiales. “Estamos ante una situación de miles de ejecuciones extrajudiciales. Estas pueden constituir crímenes de lesa humanidad, competencia de la Corte Penal Internacional”, resaltó
Tras compilar los casos y los hechos, a Provea también le preocupa “el aumento de las técnicas de abusos, basadas en la humillación y reducción física y psicológica de las víctimas mediante las agresiones sexuales”.
Otros informes, como el del Instituto CASLA enumeran los métodos de torturas en Venezuela. “Van desde uso de instrumental para descargas eléctricas y asfixias. Sometimiento a confinamientos de baja temperatura, privación de alimentos e hidratación, hasta simulacros de fusilamiento”.
Fin a la impunidad
La coordinadora del informe sobre los altos niveles y cifras de tortura en Venezuela aseguró que el régimen no se ha pronunciado sobre esta investigación. Y resaltó la necesidad de poner fin a la impunidad.
“Sería importante y deseable que el memorándum de entendimiento firmado entre Venezuela y la Fiscalía de la Corte Penal Internacional sirva como marco para una reforma del sistema de justicia. Para que sea independiente y que todas estas situaciones puedan ser debidamente investigadas. La principal causa de que las fuerzas de seguridad cometan tantos abusos y crímenes es por la absoluta impunidad”, asentó González.
En ese sentido, Provea subraya que “el Estado venezolano carece de voluntad genuina de investigar. Y sancionar a los responsables de los crímenes cometidos de conformidad con los principios del Estatuto de Roma”.
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