Empresarios españoles representados por CEOE y CEPYME rechazan la decisión del Gobierno de suspender las actividades no esenciales por dos semanas, para frenar la propagación del COVID-19.
Aunque consideran sin duda alguna que la prioridad es la salud de las personas, advierten que el parón tendrá un impacto sin precedentes en la economía española, especialmente en sectores como el industrial: «Esta paralización puede llevar a una crisis más profunda de la economía que podría llegar a ser social”.
Antonio Garamendi, presidente de la CEOE manifestó que el Gobierno le comunicó la medida de la «hibernación de la economía» el sábado por la tarde. «Es muy peligroso que paremos sin tener un programa», dijo.
El empresario calificó la medida de “precipitada”: «Nos hemos encontrado con un decreto tremendamente restrictivo. En muchos sectores tenemos cierta inseguridad jurídica».
Aseguró que el decreto «va a afectar de una forma muy seria el país”. Se quejó de que el gobierno no consultara la manera de realizar el parón.
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— Telediarios de TVE (@telediario_tve) March 30, 2020
El presidente de la patronal señaló que las medidas no van en la dirección correcta. «Por el contrario, serán perjudiciales para el equilibrio económico, la salud de las cuentas públicas y aumentarán considerablemente el déficit. Además, reducirán de forma importante la confianza de los inversores, fundamentales para la estabilidad financiera y la recuperación económica”.
Empresarios rechazan parón
El presidente de Cepyme, Gerardo Cuerva, indicó que un gran número de empresas, especialmente pymes y autónomos, luchan para evitar el cierre en un contexto que se anuncia de recesión mundial.
En ese sentido añadió que rechazan que el Gobierno trate de arrojar sospechas y desconfianza sobre el empresariado: «Creemos que en estos momentos la situación requiere esfuerzos conjuntos y unidad de acción”.
Insistió en que la voluntad de los empresarios por encima de todo, en estos momentos de crisis por el COVID-19, es sostener la economía y el empleo: «Estamos empujando para evitar un parón aún mayor de la actividad empresarial, priorizando, la seguridad y la salud de los ciudadanos”.
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Proponen que el Estado asuma el 75% del permiso retribuido recuperable
Foment del Treball y Fepime exigieron a las administraciones que den flexibilidad y «todo el apoyo legislativo» necesario para las empresas de sectores esenciales durante el estado de alarma.
En un comunicado conjunto, sostuvieron que el cumplimiento de las restricciones de movilidad y la ampliación del confinamiento ciudadano será posible si las actividades que continúan activas pueden trabajar «sin impedimentos innecesarios».
La patronal catalana, presidida por Joseph Sánchez, fue más allá y propuso que el Estado asuma el 75% de los costes laborales del permiso retribuido recuperable en caso de que las empresas no tengan la liquidez necesaria y durante el periodo que duren las limitaciones de movilidad de las actividades no esenciales.
@CEP_Pontevedra considera un agravio que el Gobierno pretenda que las empresas soporten el coste económico de la crisis mientras son obligadas a paralizar su actividad. Exige medidas fiscales que alivien la presión sobre el tejido productivo. https://t.co/EaNmwE0zbf pic.twitter.com/hVcK6ItZPV
— Confederación de Empresarios de Pontevedra (CEP) (@CEP_Pontevedra) March 30, 2020
«En un momento de máxima responsabilidad para todos, los empresarios quieren transmitir su implicación y compromiso con los ciudadanos y las administraciones, pero piden flexibilidad y apoyo legal para trabajar», añadieron.
Mientras tanto, el presidente de Confebask, Eduardo Zubiaurre, afirmó que el Gobierno de Pedro Sánchez «es un despropósito», una «amenaza» y «un ejemplo de incompetencia» ante las medidas que ha adoptado por la crisis del coronavirus.
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