Este 6 de diciembre se conmemoran los 40 años de la Constitución de España. La aprobación se hizo en un referendo el 6 de diciembre de 1978. Y se hizo de una forma abrumadora.
Para el embajador de España en Venezuela, Jesús Silva Fernández, no se trató de una Constitución más. Tras 40 años de la dictadura de Francisco Franco significó el símbolo de la transición política española, una transición que fue pacífica. «Primero se legalizaron todos los partidos que habían sido considerados ilegales… y en un segundo momento se convocó a unas elecciones”.
En una entrevista publicada en el diario El Universal, el diplomático dijo que esta Constitución de España marca la mejor etapa de la historia como país.
Ceder por un fin útil para todos
La singularidad de esta Constitución es que “los políticos que estaban en ese momento decidieron que había que hacer algo por consenso, donde todo el mundo cediera algo pero al final se hiciera algo que fuera útil para todo el mundo”.
“Dio lugar a otros muchos procesos de negociación política, procesos de institucionalización del país, de puesta en funcionamiento de todos los mecanismos que preveía la Constitución, como era un Parlamento, como era un Ejecutivo, como era un Poder Judicial independiente, como era la puesta en práctica de una serie de derechos que no habían existido anteriormente, la libertad de expresión, etc, y en cierto modo también una cultura política de tolerancia, que los distintos partidos pudieran tener opiniones divergentes y aún así convivir, con una serie de reglas de juego”.
Subrayó Silva Fernández que “estos últimos 40 años han sido probablemente los mejores 40 años de la historia de España. Bajo todos los parámetros objetivos en estos últimos 40 años España ha avanzado más desde el punto de vista económico, desde el punto de vista del progreso social, cultural, en todos los sentidos, que en toda su historia anterior”.
“Quien conozca a España la ha visto cambiar en los últimos años. Se ha convertido en un país moderno, pero sobre todo en un país con mucho progreso. Y eso en gran parte va unido a la propia aprobación de la Constitución de España el 6 de diciembre 1978, al proceso de consenso y a la transición pacífica, porque al final esa es la base fundamental para luego permitir que el país progrese en todos los demás órdenes”, añadió.
La distribución del poder territorial, una novedad
El embajador se refirió a cómo la Constitución ha garantizado la unidad de España como país. En ese sentido indicó que en su momento la Carta Magna introdujo novedades muy interesantes en la historia del constitucionalismo español «para intentar solucionar ese problema de tensiones nacionalistas o regionalistas en algunos territorios de España. Se optó por un sistema que se ha ido desarrollando con el paso de los tiempos pero que básicamente prevé que las comunidades autónomas, o las regiones, tengan una amplia autonomía y una amplia capacidad de autogobierno.
Dijo que la distribución del poder territorial ha sido una de las grandes novedades de la Constitución del 78 que se ha ido concretando a lo largo de estos 40 años.
“El modelo ha ido evolucionando hasta el punto de que hace 40 años el gasto público estaba en 85% en manos del Gobierno nacional y el 15% en manos de los municipios. Hoy en día la situación es radicalmente distinta. Tenemos que los municipios están gestionando aproximadamente 25%, las comunidades autónomas y las regiones gestionan casi 40% y el Estado Nacional apenas gestiona un 20% o 25% del presupuesto nacional… Hoy en día se han producido fenómenos como la descentralización en la gestión de lo que es el sistema sanitario, los hospitales y la salud en general, o la educación, los colegios, todo eso, está en manos de los gobiernos regionales”, afirmó.
Mecanismos de protección de derechos
Silva Fernández sostuvo en la entrque la Constitución de España le ha cambiado la vida al ciudadano común en su día a día, pues ve en la Carta Magna consagrados sus derechos, no solo los humanos sino también los sociales y otros muchos más progresistas. Y además la propia Constitución establece los mecanismos para proteger esos derechos. En consecuencia citó la independencia judicial.
“… Que los jueces tengan la obligación de tutelar y proteger los derechos de los ciudadanos y además tienen las garantías de que pueden ejercer con independencia su trabajo sin ser influidos ni por el Gobierno ni por otras autoridades. Y tienen además la obligación de proteger al ciudadano y a sus derechos humanos frente a los abusos del poder, cosa que funciona de forma efectiva en España.
El diplomático indicó que, además, el ciudadano en su día a día tiene la posibilidad de ejercer la libertad de expresión. “La Constitución de España así lo reconoce y existen mecanismos para que no se le pueda impedir expresarse libremente, siempre dentro de unos parámetros que la propia libertad de expresión contempla”.
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