Hace unos días el Govern pospuso las elecciones al Parlament del 14 de febrero y anunció su convocatoria para el próximo 30 de mayo. Sin embargo, el martes el Tribunal Superior de la Justicia de Cataluña suspendió de forma cautelar y provisional el decreto del Govern. Por lo que las elecciones no tienen fecha segura.
La decisión del TSJC implica que vuelve a a tener vigencia el decreto del pasado 21 de diciembre que disolvía de forma automática el Parlament y fijaba el 14F como fecha de las elecciones. Aunque los jueces recalcan que la suspensión del decreto que aplazaba las elecciones es «instrumental» mientras se tramitan los recursos. En realidad no anticipan si mantendrán l la fecha inicial o, una vez analizado a fondo el caso, permitirán el aplazamiento electoral y será el 30M.
La próxima decisión judicial se tomará a finales de semana. Los jueces han instado a la Generalitat y a la Fiscalía a que presenten sus alegaciones antes del jueves a las 10:00 horas. La Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJC se pronunciará sobre el aplazamiento electoral en una resolución que, aunque no sea definitiva, despejará las incógnitas sobre la fecha de votación.
Los argumentos del TSJC
El tribunal alega que el decreto del Govern puede tener incidencia en el ámbito del derecho fundamental reconocido en la Constitución. Además, recuerda que el aplazamiento del 14F se acordó bajo el mismo decreto de alarma el 21 de diciembre por la pandemia del coronavirus.
Para estimar la suspensión cautelar, la sala del TSJC insiste que el proceso electoral tiene un tiempo limitado de 54 días. Las elecciones fueron convocadas de forma automática tras la disolución del Parlament y hay que procedimientos sucesivos relacionados con la formación de las juntas electorales, las mesas, el nombramiento de interventores, las candidaturas, la propaganda o el voto por correo que se han visto paralizados por el decreto de postergación. Por tanto, si se mantiene el decreto en vigor mientras se resuelven los recursos, se puede llegar a impedir «la posibilidad de celebrar las elecciones o, al menos, de celebrarlas con todas las garantías».
El Govern considera inadmisible la decisión
La Generalitat informó que reactivará el proceso electoral para el 14F. Sin embargo, su portavoz Meritxell Budó dejó claro que no comparte la decisión del TSJC debido a que posponer las elecciones «respondía a criterio sanitario y epidemiológico que continúa plenamente vigente».
Tras ser informada, la Junta Electoral Central ha trasladado a las juntas provinciales y de zona que se retome el proceso dónde lo dejaron. Es decir, en la proclamación de candidaturas y designación de mesas.
Por su parte, el presidente interino de la Generalitat y candidato de ERC, Pere Aragonès, ha criticado en su perfil de Twitter la decisión del TSJC. Para Aragonès, «judicializar la lucha contra la pandemia es inadmisible». También ha dicho que no es el momento de jugar con la salud de la ciudadanía y que el Govern defiende la soberanía política y los criterios epidemiológicos y de máxima participación democrática.
El PSC insiste que «hay dudas legales»
El decreto del Govern en el que posponía la fecha de las elecciones contó con el consenso de todos los partidos catalanes, salvo del PSC, que difirió por el avance de la tercera ola de la pandemia. Aunque se espera que el pico se de en las vísperas del 14 de febrero. Cataluña es una de las regiones más afectadas de España por la COVID-19, con más de 400.000 casos y casi 9.000 muertes.
El líder de los socialistas catalanes, Miquel Iceta, aseguró que desde el primer momento le parecía que el Govern no estaba actuando bien y que «estaba tomando decisiones que planteaban serias dudas desde el punto de vista jurídico». Además, insiste que el Govern podría haber evitado la situación actual si hubiera atendido a las consideraciones del PSC. El PSC proponía un aplazamiento técnico de las elecciones a marzo debido a que la tercera ola de la pandemia estaba en una situación muy grave en estos momentos (y hasta el 14F lo iba a estar).
Ahora, el Partido de los Socialistas de Cataluña envió a la mesa de la diputación permanente del Parlament un escrito en el que solicita «un informe jurídico a los letrados de la cámara» catalana para que especifiquen cómo se puede ejercer el control parlamentario al Govern hasta las elecciones, aplazadas hasta el 30 de mayo.
Las elecciones catalanas entraron en disputa luego que el PSC presentara como candidato al todavía ministro de Sanidad del Estado español, Salvador Illa, lo cual es considerado tanto por los independentistas locales como por la oposición nacional como una acción «desleal».
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