El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, sufre presiones internas para convocar elecciones anticipadas y evitar que los escándalos dentro de su Gobierno erosionen el tirón electoral que logró cosechar al llegar al poder en junio.
En público, el Gobierno insiste en que su plan es agotar la legislatura y convocar elecciones a mediados de 2020, ya que aún se ve capaz de aprobar unos presupuestos para 2019 y cerrar el conflicto con los independentistas catalanes.
Pero los escándalos se acumulan en el Ejecutivo. La semana pasada trascendieron unas grabaciones con comentarios homófobos de la Ministra de Justicia, acusaciones de elusión fiscal al ministro de Ciencia Pedro Duque -que él ha desmentido- o a las sospechas de plagio en la tesis del propio presidente.
En apenas cuatro meses han dimitido ya dos ministros (Sanidad y Cultura) por irregularidades al obtener un título universitario y una sanción de hace una década por fraude fiscal. «Esto no estaba en el guión», dijo un alto cargo socialista. «No hay unanimidad en el partido con lo que debemos hacer», añadió.
Dos fuentes relevantes del partido reconocen que se ha abierto el debate sobre la oportunidad de convocar elecciones para no perder el efecto de luna de miel con el electorado.
Sánchez sigue primero en las encuestas -con casi diez puntos de ventaja sobre el PP- disfrutando todavía de los réditos de su sorprendente victoria en la moción de censura del 1 de junio contra Mariano Rajoy, aunque los sondeos de septiembre se realizaron antes de los últimos escándalos.
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¿Más incertidumbre?
Unas elecciones anticipadas elevarían el nivel de incertidumbre política en la Unión Europea que en los próximos meses tiene que encarar la compleja negociación del Brexit y volverían a poner en cuestión cómo resolver el conflicto con Cataluña.
Sánchez llegó al poder aupado por un caso de corrupción, lo que ha subido el umbral de tolerancia de su Ejecutivo ante posibles irregularidades en el gabinete. Sin embargo, los últimos escándalos debilitan la capacidad negociadora del Ejecutivo, reconocen las fuentes; justamente en un momento en el que Cataluña amenaza con retirar su apoyo para las cuentas públicas, vital para conseguir un acuerdo.
En una entrevista con Reuters, el presidente del Gobierno reconocía en plena tormenta de escándalos a finales de septiembre que si los catalanes «priorizan el conflicto en lugar de la colaboración […] entonces iremos a elecciones».
La respuesta es clara, no hay que esperar a noviembre. Autogobierno y convivencia. No independencia.
No aceptamos ultimátums. Entre la quiebra de la legalidad y el 155 perpetuo, el Gobierno mantiene la determinación de continuar con el diálogo y la ley. pic.twitter.com/RaP44qpKri— Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) October 2, 2018
Para acallar los rumores de un anticipo electoral, el Gobierno ha lanzado la idea de que incluso con una prórroga presupuestaria se mantendrían en el poder otro año más, con el conflicto catalán como el principal escollo para completar la legislatura.
Justificar las elecciones anticipadas
«Lo más importante es la narrativa del relato, el porqué. Sánchez necesita justificar el adelanto electoral con una razón que le aleje de los escándalos de los ministros», apunta Pablo Simón, profesor de Ciencias Políticas de la Universidad Carlos III en Madrid.
Si los sondeos de septiembre se trasladan en escaños, los socialistas seguirían en minoría aunque liderando una coalición de Gobierno u otro Ejecutivo en minoría. Sin la crisis del Presupuesto, convocar elecciones tendría un coste político.
«Convocar elecciones es una muestra de debilidad», recuerda Narciso Michavila, presidente de GAD3, una de las principales empresas españolas de análisis de opinión pública.
Si finalmente se cierra un pacto para presupuestos -lo que implica un acuerdo con los independentistas catalanes ya que son indispensables para aprobar las cuentas- la siguiente meta serían las elecciones municipales de mayo de 2019, que supondría un test en las urnas para los socialistas.
Con información de Reuters.
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