La aprobación del ingreso mínimo vital está programada para el viernes. El esperado y controvertido recurso tendrá un coste aproximado de 3.000 millones de euros. Con este instrumento pretende minimizar la pobreza extrema en España. Beneficiará unos 850.000 hogares a largo plazo, y comenzará con 100.000 de manera expedita.
Se esperaba que el tema fuese discutido y refrendado en el Consejo de Ministros ordinario de este martes. Sin embargo, se optó por un encuentro extraordinario con un punto único: la aprobación de la iniciativa. De esta manera, el Gobierno cumpliría su promesa de activar este recurso antes de fin de mes.
Se especula que la medida sería anunciada en conjunto por Pablo Iglesias, vicepresidente segundo y ministro de Derechos Sociales y Agenda 2030, y José Luis Escrivá, ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, después del Consejo de Ministros.
Marchas y contramarchas
Originalmente, el ingreso mínimo vital iba a activarse en 2021. No obstante, la crisis del coronavirus y sus consecuencias económicas han forzado al Gobierno a acelerar su puesta en vigor. En el camino ha habido no pocas dificultades y diferencias entre las organizaciones política que integran el gobierno de coalición.
La propuesta enfrentó durante semanas al PSOE y Podemos, los dos partidos que conforman el gabinete. El brete finalizó cuanto Iglesias y Escrivá acordaron renunciar a una modalidad puente de renta mínima para tratar de atender cuanto antes a afectados por la crisis de la COVID-19, a cambio de aprobarla en mayo. Escrivá ha manifestado que quiere contar con el visto bueno de los agentes sociales, pero la reunión con CEOE todavía no ha ocurrido.
2,3 millones de personas
La ayuda se concederá a la unidad familiar o por hogar de convivencia, no a título individual. Hasta 850.000 familias se beneficiarán lo que equivale a cerca de 2,3 millones de personas. Unos 100.000 hogares recibirán la prestación de oficio en junio.
Los beneficiarios deberán tener más de 23 años de edad y menos de 65 años. Sin embargo, no se descarta que se conceda a partir de los 21 años, o de los 18 años, si tienen hijos.
Las estimaciones más recientes indican que esta renta mínima estatal tendrá un coste anual de unos 3.000 millones de euros. Hasta hace unas semanas, el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones calculaba que la prestación beneficiaría a 1,1 millones de familias y supondría un desembolso de hasta 3.500 millones de euros.
Las solicitudes se podrán presentar a partir del 1 de junio y el Instituto de la Seguridad Nacional deberá notificar su resolución en un plazo de tres meses.
La cuantía más baja del ingreso mínimo vital, que es la que cobraría un solo adulto, será la de una mensualidad de una pensión no contributiva de la Seguridad Social: 461,53 euros. Y se incrementará hasta un máximo de 1.015 euros, que serán para unidades de convivencia que incluyan 2 adultos y 2 niños. Para la concesión se tomará como referencia los ingresos declarados de 2019.
La idea es que la prestación no esté vinculada a la búsqueda de empleo, y que se pueda cobrar incluso si se ha encontrado trabajo. Será permanente y complementaria a las rentas de inserción que existen en las comunidades autónomas. El objetivo último es garantizar que todas las familias lleguen a un umbral mínimo de ingresos.
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