La lucha contra las PFAS entró en otro nivel. La Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos decidió aplicar una estricta norma que busca reducir drásticamente la cantidad de sustancias perfluoroalquiladas y polifluoroalquiladas del agua potable. Las apuestas están divididas. Muchos consideran positiva la medida, pero empresarios del sector advierten que será costosa su implementación y defensores de los consumidores aseguran que lo más probable es que el ciudadano común termine pagando ese costo.
Se calcula que al menos 45% del agua potable del país contiene algún tipo de PFAS, según un estudio del Servicio Geológico de Estados Unidos. Eso significa que casi la mitad de la población podría estar consumiendo esas sustancias químicas diariamente. Las PFAS, con las que se elaboran utensilios de cocina antiadherentes, envases de alimentos, tejidos resistentes a las manchas, espumas contra incendios y hasta cosméticos, incluyen más de 12.000 sustancias químicas que persisten en el medio ambiente y en el cuerpo humano durante mucho tiempo.
Son tan omnipresentes que han podido detectarse en el aire, el agua, el suelo y el torrente sanguíneo humano en todo el mundo. Las han relacionado con varios problemas de salud, como cáncer, enfermedad tiroidea, daños hepáticos, infertilidad y trastornos del sistema inmunitario. También con el aumento de los niveles de colesterol, la obesidad y los trastornos hormonales.
Norma controversial
El gobierno federal exige por primera vez que los sistemas públicos de abastecimiento eliminen casi por completo seis sustancias químicas presentes en el agua potable. Los proveedores deben reducir el perfluoroalquilo y el polifluoroalquilo a niveles cercanos a cero.
La norma de la EPA publicada en virtud de la Ley de Agua Potable Segura establece límites estrictos para 5 tipos individuales de PFAS, así como para varios otros si están presentes de forma combinada en el agua.
Aunque hay miles de compuestos, se centra en PFOA y PFOS, probables carcinógenos, solo permitiendo 4 partes por billón. Otros 3 compuestos (PFHxS, PFNA, GenX) están limitados a 10 partes por billón cada uno. También se requerirá que los sistemas de agua midan una mezcla de al menos dos de estos cuatro productos químicos: PFHxS, PFNA, GenX y PFBS. Deben hacerlo usando un índice de peligro, una herramienta para medir el riesgo acumulativo de una mezcla de productos químicos.
Todos los sistemas públicos de abastecimiento de agua tienen tres años para completar el control de estas sustancias químicas y deben informar al público del nivel de PFAS medido en su agua potable. En los casos en que se encuentre en niveles que superen la norma, deberán aplicar medidas para reducirlos en un plazo de cinco años. Para 2029, las empresas tendrán que notificar al público de cualquier violación a uno de los límites de PFAS. Están obligadas a hacerlo a más tardar 30 días después de que el sistema de agua lo detecte.
Los funcionarios de la EPA dijeron que hasta 10% de los 66.000 sistemas públicos de agua potable sujetos a esta regla podrían tener que reducir las PFAS para cumplir con el nuevo estándar. Se espera que la norma permita disminuir la exposición a estos químicos en aproximadamente 100 millones de personas.
Grandes costos
La agencia calculó que para la implementación de la norma las empresas de agua deberán destinar alrededor de 1.500 millones de dólares anuales. Los empresarios sostienen que los costos podrían ser el doble de esa cantidad y están preocupados sobre cómo financiarlos. Los gobiernos estadales y locales han demandado con éxito a algunos fabricantes de PFAS por contaminar los suministros de agua potable. No obstante, los acuerdos logrados se han quedado cortos por los costos que suponen la eliminación de los productos químicos.
La ley bipartidista de infraestructura de 2021 destina 9.000 millones de dólares para paliar la contaminación en las comunidades. EPA anunció que mil millones de ese dinero se reservarían para que los estados lleven a cabo las pruebas y el tratamiento iniciales en los sistemas públicos de agua. Tambien servirán para ayudar a los propietarios de pozos privados a abordar el problema.
Expertos afirman que es probable que fabricantes, grupos empresariales y los propios sistemas de abastecimiento de agua presenten impugnaciones judiciales para bloquear la norma. El argumento será que se elaboró sin considerar adecuadamente el costo del cumplimiento. O que no se hicieron las pruebas adecuadas que demostraran su necesidad. Aspectos que violan los requisitos de la Ley de Agua Potable Segura y de la ley administrativa federal.
La Asociación Nacional de Fabricantes, el Consejo Americano de Química y la Cámara de Comercio de Estados Unidos afirmaron el año pasado sobre una versión preliminar de la norma que esta exageraba los beneficios de imponer los límites a la vez que subestimaba los costos. Texas, que con frecuencia ha impugnado ante los tribunales las normas de la administración Biden, ha calificado de «excesivamente simplistas» algunos elementos del texto y ha dicho que sería difícil que los pequeños sistemas de abastecimiento de agua la cumplan por la inversión que se requiere.
Más objeciones
La Asociación Estadounidense de Obras Hidráulicas, la Asociación de Agencias Metropolitanas de Agua y otros grupos que representan a las empresas de servicios de agua calculan que el costo del monitoreo y la remediación de PFAS podría ascender a 3.200 millones de dólares al año. La cifra se basa en un análisis realizado para la Asociación Estadounidense de Obras Hidráulicas por Black & Veatch, una firma de ingenieros consultores. Afirmaron que la nueva norma tendrá un costo inimaginable y será confusa para el público. Los ejecutivos de la industria dicen que, en última instancia, los contribuyentes pagarán la factura en forma de aumentos en las tarifas.
«Los nuevos estándares de agua potable de la EPA ayudarán a reducir la exposición a estas sustancias químicas tóxicas. Sin embargo, necesitamos que nuestros líderes estadales y nacionales usen todas las herramientas para proteger a las familias. Hay que eliminar gradualmente su uso. Detener su descarga y exigir a la industria química que limpie su desorden», dijo Emily Scarr, directora de la campaña Stop Toxic PFAS del Fondo Educativo de PIRG de Estados Unidos. Mike McGill, presidente de WaterPIO, una firma de comunicaciones de la industria del agua, aseveró que la nueva regulación «va a sumir en el caos la confianza del público en el agua potable».
Antes de la norma, la agencia ya había reforzado los requisitos para que las instalaciones de fabricación informen sobre el uso y eliminación de PFAS. También emitió una norma que impide a las empresas utilizar estas sustancias en nuevos procesos de fabricación sin la aprobación de la EPA, entre otras cosas. Se espera que la agencia finalice las normas que designan al menos dos PFAS como sustancias peligrosas según la ley del Superfondo de Estados Unidos. Esto podría exponer a muchas industrias a responsabilidades de limpieza.
También en Cambio16.com:
Conforme a los criterios de 
Saber más
