El Tribunal Superior de Justicia de Madrid anuló Madrid Central, la ordenanza aprobada durante el mandato de Manuela Carmena que establecía una zona restringida al tráfico en el centro de la ciudad. Los magistrados aducen «defectos formales»: no se cumplió con el trámite esencial de información pública y con la imprescindible memoria económica antes de la aprobación de la ordenanza.
La decisión emanó de la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo. Es una estimación parcial de los tres recursos presentados por la Comunidad de Madrid, el Grupo Popular en el Consistorio madrileño (cando era oposición) y la empresa DVuelta Asistencia Legal. Las sentencias se hacen «sin entrar al fondo del asunto y sin valorar la delimitación de esta zona de bajas emisiones y su regulación».
La anulación parcial abre la puerta a la posible suspensión de «todas las multas impuestas» en el caso de que llegue a ser firme. Las sanciones carecerían entonces de «sustento normativo». En ese caso, el Ayuntamiento podría verse obligado a devolver a los conductores el monto de las multas cobradas.
El alcalde José Luis Martínez-Almeida dijo que el importe de las 800.000 multas impuestas por el acceso indebido a Madrid Central, alcanza unos 36 millones de euros. Pidió «no adelantar hipótesis» sobre la devolución.
Falta de información pública
La decisión anula los artículos del 21 al 25 de la Ordenanza de Movilidad Sostenible en el Área Central de Madrid aprobada por el Pleno del Ayuntamiento en la sesión extraordinaria del 5 de octubre 2018. La Sala considera que existió omisión del trámite de información pública. Un requisito «esencial, preceptivo e indispensable» reconocido en el artículo 23 de la Constitución.
La sentencia destaca que en la ordenanza no aparece la regulación de lo que hoy se conoce como Madrid Central. Solo se limita a prever una «futura área de acceso restringido, que habría de determinarse por la Junta de Gobierno». Esta condición supone que «no se ha cumplimentado en debida forma el trámite de información pública«.
La Sala también considera que la ordenanza carece de una justificada memoria económica.«Un paso imprescindible para valorar con pleno conocimiento y con antelación, la repercusión que los costes de su aprobación pueden representar en relación con los principios de estabilidad presupuestaria de las administraciones públicas, sostenibilidad financiera y regla de gasto».
Madrid Central y las bajas emisiones
De acuerdo con el Ayuntamiento de la capital, Madrid Central es una zona de bajas emisiones. Comenzó a funcionar el viernes 30 de noviembre de 2018.
En sus 472 hectáreas no hay calles de libre circulación, salvo algunos viales. En consecuencia, se elimina el tráfico de paso por el centro de la ciudad. Con la excepción de los residentes e invitados, el tráfico de vehículos quedó restringido a eléctricos o híbridos.
Las autoridades locales aseguran que con Madrid Central se evita un 37% de los kilómetros recorridos y un 40% de las emisiones de dióxido de nitrógeno (NO2), «un contaminante que afecta a la salud y cuyos niveles incumplen la normativa desde 2010».
Aplazan recurrir la sentencia
El alcalde Martínez-Almeida dijo que la municipalidad decidirá si recurre la sentencia en función de los «informes técnicos y jurídicos» de los servicios jurídicos del Consistorio y del área de Medio Ambiente y Movilidad.
«Recurrir una sentencia no es una obligación, no recurrirla tampoco lo es; lo que sí es una obligación es tomar una decisión con criterios técnicos, jurídicos y no con criterios políticos. Nosotros tendremos que estudiar la zona de bajas emisiones de Madrid Central, tendremos que las características y qué es lo que la sentencia ha reprochado», dijo.
«Mientras la sentencia no sea firme Madrid Central seguirá en vigor«, subrayó.
Más Madrid arremete contra el PP
«La anulación de Madrid Central es una mala noticia para la salud de los madrileños», publicó en Twitter el portavoz de Más Madrid en la Asamblea regional, Pablo Gómez Perpinyà. Acusó al alcalde José Luis Martínez-Almeida, y a la presidenta autonómica, Isabel Díaz Ayuso, de gobernar «para el revanchismo, la destrucción y la vuelta al pasado».
Eduardo Rubiño, senador de Más Madrid y Diputado de la Asamblea de Madrid, dijo que con la decisión se elimina una medida «que trajo literalmente oxígeno a nuestra ciudad».
La portavoz adjunta y líder de la dirección regional del partido, Mónica García, se sumó a la críticas.
La ordenanza de Madrid Central fue propuesta por el anterior Consistorio de Manuela Carmena, para limitar el tráfico en el centro de la capital. Entró en vigor el 30 de noviembre de 2018. Pero fue enseguida recurrida por el PP y por la Comunidad de Madrid (presidida entonces por Ángel Garrido). En ese momento pidieron a la Justicia Madrileña paralizar cautelarmente la medida.
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