Cambio16/ Agencias
04/03/2016
Tras la suspensión de tres diputados del estado sureño de Amazonas y la ratificación del decreto de emergencia económica del presidente Nicolás Maduro, el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela da un nuevo revés a la Asamblea Nacional limitando sus poderes. En esta ocasión, la AN ha decidido recurrir a la Organización de Estados Americanos y pedir la Carta Democrática Interamericana.
El pasado martes el alto tribunal emitió una sentencia donde estableció que la Asamblea Nacional «no está legitimada» para revisar, anular o revocar la designación de magistrados, dejando así sin efecto los resultados de una comisión legislativa que investigaba el nombramiento de 13 magistrados principales y 21 suplentes , realizada por el anterior parlamento antes de perder las elecciones y el poder el pasado diciembre. También limitó las funciones de la AN para citar a los funcionarios civiles y militares sujetos a investigación.
El presidente de la Asamblea, Henry Ramos Allup, acusó a la Sala Constitucional del máximo tribunal de violar su legislación al aprobar el dictamen sin el apoyo de las dos terceras partes de la sala, por lo que consideró la sentencia como «inválida, inexistente, no vinculante». Y a su vez tachó la situación de “emboscada judicial permanente”.
Ante esta situación, la bancada opositora aprobó, sin el apoyo del oficialismo, acudir a la Organización de Estados Americanos para denunciar las sentencias de los últimos dos meses de este tribunal sosteniendo que limitan las funciones del Legislativo.
La Carta Democrática Interamericana que solicitan es un instrumento que aprobó la Asamblea de la OEA en el 2001 para fortalecer y preservar la institucionalidad democrática, donde se establece que en los casos donde se dé una ruptura o alteración del orden democrático de un Estado miembro se considerar como «un obstáculo insuperable» para la participación de un gobierno en las distintas instancias de la OEA.
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