Una de las obras prometidas por Andrés Manuel López Obrador en su campaña electoral está en marcha con algunos contratiempos, retrasos y muchas críticas. El Tren Maya, una monumental obra ferroviaria que busca unir al sur y el sureste del espacioso territorio de México, a través de una vía de unos 1.500 kilómetros que atravesará cinco estados y 78 municipios.
El proyecto del Tren Maya de 9.800 millones de dólares, tiene como objetivo construir una vía férrea que conectará los estados del sureste mexicano de Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. En total acogen a 11,1 millones de habitantes.
La ambiciosa obra contribuirá a “mejorar la calidad de vida de las personas, cuidar el ambiente y detonar el desarrollo sustentable”, dice el gobierno su página web. A lo que López Obrador añade que proporcionará un modo de transporte masivo, ambientalmente amigable para locales y turistas por igual. Además de impulsar la economía, la cultura y el empleo en la región subdesarrollada.
Pero los críticos argumentan que el megaproyecto se apresuró y se ignoraron las preocupaciones ambientales. El trabajo de abrir los caminos supone la deforestación de grandes extensiones, afectando los suelos, las aguas, la flora y la fauna. Y la vida de los pobladores.
El apuro y la presión que el gobierno ha impuesto para adelantar la inmensa infraestructura y concluirla en 2023, cuando estiman entre en operaciones, les ha hecho saltar permisos ambientales. Incluso, visualizar los hábitats que se afectarán y la voz de alerta de los lugareños, conocedores de esos espacios y de expertos ambientales.
Estas situaciones han llevado a organizaciones a introducir demandas en los tribunales. Algunas han prosperado y otras se mantienen aletargadas, lo que podrían retrasar aún más la vía férrea.
Entretelones del Tren Maya de México
Un juez en México asestó un golpe al proyecto del Tren Maya, que pretende unir sitios arqueológicos con balnearios mexicanos. El juez ordenó que se prorrogue la suspensión de las obras de construcción de un tramo de la línea del tren hasta que se determine su impacto ambiental.
El fallo es una victoria para un grupo de buzos de cuevas que temen que las obras amenacen las cavernas subterráneas, reseñó BBC.
Este último dictamen podría detener el trabajo de construcción por meses o incluso años a menos que una apelación de la autoridad detrás del proyecto tenga éxito. La batalla legal actual se centra en un tramo particular del ferrocarril, conocido como Sección 5, que une los puntos turísticos de Cancún y Tulum.
La controversia surgió luego de que se cambiara la ruta para atravesar un área de selva rica en antiguas cuevas subterráneas. Ambientalistas y espeleólogos advirtieron que la maquinaria pesada utilizada para construir la vía dañaría irremediablemente el singular sistema de cuevas.
Llevaron su caso a los tribunales y un juez concedió una suspensión temporal en abril. Pero luego, el mismo juez declaró la suspensión «definitiva», ordenando que no se realicen obras en este tramo. Hasta que no solo se realicen los estudios de impacto ambiental sino que también se aprueben de acuerdo con las leyes mexicanas.
El abogado dijo que actuaba para «evitar daños inminentes e irreparables al medio ambiente». Mientras tanto, voceros oficiales insisten en las bondades del Tren Maya, pues se plantea un nuevo modelo de desarrollo territorial con la movilidad sustentable al centro.
Esto significa, el impulso de Comunidades Sustentables. Mecanismo gestionará el crecimiento urbano y comercial bajo estándares de densificación que favorezcan comunidades compactas, conectadas y limpias.
Reconfiguración del territorio
El Tren Maya de México trasladará a miles de turistas, a nacionales de diversas localidades. Y llevará carga de soja transgénica, aceite de palma y carne de cerdo, grandes actividades agropecuarias en la región.
El Tramo 1, de los siete que componen el proyecto, también presenta problemas. Este tramo partirá del municipio de Palenque (Chiapas), seguirá a Boca del Cerro y El Triunfo, en el vecino Tabasco. Para arribar a Escárcega, en Campeche, a lo largo de 227 kilómetros. La ruta tendrá paradas en Candelaria (Campeche) y Tenosique (Tabasco).
Para Sergio Prieto, académico del Colegio de la Frontera Sur, el ferrocarril busca la reconfiguración del territorio. Con pugnas entre lo público, lo colectivo y lo privado, basada en la llegada de población extrarregional. Y una nueva idea de desarrollo socioeconómico, cimentada en el turismo y la creación de empleos. “Se promueve la idea de que no es una obra extractivista (de recursos naturales), que no daña el ambiente. Pero no es solo un tren ni es maya. Es un gran proyecto regional que incorpora otras iniciativas”, dijo Prieto a Efe Verde.
El Tren Maya implica efectos ambientales, culturales, económicos, sociales y territoriales. El Tramo 1 alberga dos zonas de alto impacto ecológico, por la presencia de selva y ríos en Chiapas y Tabasco. Las consecuencias ecológicas han suscitado protestas de organizaciones ambientales en todo el país. Y han contado con el apoyo de cantantes y figuras del espectáculo, generando un enfrentamiento con López Obrador.
“El gobierno decía que solo era la rehabilitación (de la vía) y se puede constatar que no es así. Hay una diferencia enorme, porque el impacto es mucho más fuerte. Hay que excavar de nuevo, remover tierra, flora y están los efectos sobre la fauna”, señaló Elisa Cruz. Académica de la pública Universidad Autónoma de Chiapas.
Varios tramos cuestionados
Un estudio elaborado por investigadores de Ecosur, concluyó en que el Tren Maya de México exacerbará la fragmentación y el deterioro de la calidad del hábitat en un período de solo 10 años.
El reporte citado indica que el tren “tendrá una repercusión ambiental mayor que la causada por la red de carreteras de la región”. Con un efecto “negativo”, “directo”, de “magnitud alta” y cuya superficie afectada “de forma irreversible” representa 15 % de las 25.000 hectáreas perdidas por la construcción de carreteras en dos siglos.
La pérdida de hábitats, provocada por la operación del ferrocarril, puede incrementar significativamente durante la primera década de funcionamiento.Por el hipotético fomento a la agricultura y ganadería debido a la baja de costos de transporte.
Para el recorrido de unos 600 kilómetros entre Palenque e Izamal (Yucatán), Fonatur solicitó a la autoridad ambiental el permiso para talar más de 800 hectáreas. En total, el Tren Maya demanda 1.681 hectáreas, que implican el corte de 30.0000 árboles, según el estudio original de impacto ambiental.
El gobierno mexicano insiste en que no daña el ambiente y, por lo contrario, trabaja en su mejoramiento. Fonatur argumenta que el programa Sembrando Vida, que paga cada mes unos 250 dólares a sus beneficiarios por sembrar árboles frutales y maderables. Ya cubre 19.707 hectáreas en Palenque y La Libertad, un municipio vecino. A lo largo del Tren Maya, ese plan se extiende por 142.852 hectáreas.
La gran travesía del tren se topó con un nuevo obstáculo en el tramo 7. La historia es larga, pero a mediados de la década de los noventa, las comunidades que se encuentran dentro y alrededor de la Reserva de la Biosfera Calakmul, en el estado de Campeche, sufrieron una intensa sequía. Las autoridades federales y estatales no atendieron el problema.
Desconocimiento a pueblos originarios
La gente realizó una peregrinación que se transformó en una protesta. Ahí se dio la génesis de lo que hoy es el Consejo Regional Indígena Popular de Xpujil (CRIPX).Organización que desde entonces impulsa, entre otras cosas, la agroecología, la cosecha de agua de lluvia y la formación de defensores comunitarios del territorio, reseñó Mongabay Latam.
Desde 2019, las comunidades que forman parte del CRIPX han sumado una nueva área de acción: utilizar todos los recursos legales nacionales e internacionales para impedir la construcción del Tren Maya de México en el tramo 7. Que va desde Bacalar, en Quintana Roo, hasta Escárcega, en Campeche. Hasta ahora, su objetivo lo han conseguido.
De todos los amparos que los tribunales han otorgado a las organizaciones y particulares que han buscado detener las obras del Tren Maya, el que aún sigue vigente. Y que ordena la suspensión de las obras en la zona de Xpujil es el otorgado al CRIPX en 2020.
La organización comunitaria, que tiene presencia en Campeche y Yucatán, recurrió a ese recurso legal para denunciar que la consulta sobre el Tren Maya, realizada en diciembre de 2019, en Xpujil, municipio de Calakmul, no cumplió con los estándares internacionales.
Romel González Díaz, uno de los fundadores del CRIPX, explicó por qué la organización se opone al megaproyecto. Y las presiones que han enfrentado algunos de sus integrantes para que cesen sus acciones legales en contra del Tren Maya. Dijo que se enteraron del Tren Maya por los medios, que a ellos no los convocaron.
Luego, contó, nos dimos cuenta que estaban violentando nuestros derechos y no estaban cumpliendo con lo que marcan los estándares internacionales. Como el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo o lo que dice la Declaración de las Naciones Unidas sobre Pueblos Indígenas.
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