Ante la inminente aprobación del proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2019, la Asociación de Transportes Públicos Urbanos y Metropolitanos (ATUC) pide al Estado una mayor implicación a la hora de articular políticas relacionadas con la movilidad sostenible. Actualmente apenas subvenciona el 7% de lo que cuesta cada año el sistema.
En este sentido, el coste se ha mantenido prácticamente intacto en los últimos siete años; cuando las subvenciones de Hacienda se recortaron un 27% en plena crisis. Esto está limitando el desarrollo del transporte público en un contexto de lucha contra el cambio climático y la contaminación en las ciudades; buscando reducir los coches en circulación con el cierre al tráfico privado de los centros urbanos y fomentar el transporte público como alternativa sostenible de movilidad.
Los costes ascienden a 5.000 millones
Y es que, en total, la Administración central, a través del Ministerio de Hacienda, inyecta anualmente 51 millones de euros a más de 90 municipios; cuando los costes ascienden a 5.000 millones.
Estos fondos se completan con los cerca de 295 millones que reciben las áreas metropolitanas de Madrid, Barcelona, Canarias y este año también Valencia; que se financian mediante los llamados contratos programa con cargo a los Presupuestos Generales del Estado, al ser su transporte público más complejo y contar con varios modos (autobús, metro y tranvía) que precisan de mecanismos particulares de financiación que encarecen el coste del sistema.
Llegar al 15% de la financiación
Para ATUC es fundamental una mayor implicación del Estado, que debería como mínimo llegar al 15% de la financiación del sistema para contribuir realmente al desarrollo del transporte público urbano y metropolitano.
De esta forma, el esfuerzo de todas las partes implicadas sería mucho más equitativo y como tal debería quedar reflejado en una Ley de Financiación del Transporte Público de ámbito nacional, de la que España es el único país de Europa que carece actualmente
Un reparto más justo
De tener España un marco legal para la financiación del transporte público, la norma permitiría establecer criterios diferentes y más justos a la hora de repartir las subvenciones a los ayuntamientos.
En la actualidad, el reparto que hace Hacienda se establece de media en un 85% en función del déficit por billete, aportando más en aquellos casos en que los ingresos por billetes cubren menos costes y dejando a un lado factores tan importantes como la eficiencia.
Revisión de los criterios de reparto
Con el actual método se puede dar el caso de que una ciudad que tenga un transporte público más complejo y, por tanto, una mayor necesidad de financiación reciba hasta cinco veces menos fondos que otra con una población similar pero que por tener unas condiciones menos complejas puede justificar una menor eficiencia de su sistema.
Por ello, la entidad pide una revisión de los criterios de reparto en el que no tenga tanto peso el déficit por billete y se dé mayor protagonismo a otros aspectos como la demanda, la longitud de línea o los criterios medioambientales; es decir, un modelo más equilibrado y eficaz y menos perverso.
Condicionamientos en inversión
Esta Ley de Financiación del Transporte Público permitirá, además, conocer con mayor antelación las subvenciones que recibirán los ayuntamientos, que hasta la fecha deben esperar a los últimos días del año para conocer los fondos del Estado con los que contarán en el siguiente ejercicio y que tanto les condiciona, entre otros aspectos, las inversiones en servicio y renovación de flota.
Reclaman una una Ley de ámbito estatal
Según el secretario general de ATUC, Jesús Herrero, “tenemos un esquema de financiación de transporte público sin pies ni cabeza que debe ordenarse en una Ley de ámbito estatal».
«No podemos pretender que el transporte público sea la gran alternativa de movilidad en este momento de lucha contra el cambio climático si ni siquiera las ciudades saben con qué dinero van a contar durante el año».
«Además, es necesario que empezamos a ver el transporte urbano desde una óptica nacional. Si la contaminación es un problema nacional, ¿por qué no tiene su misma consideración su solución? Y todo ello amparado en una mayor coordinación entre ministerios, desde Hacienda a Transición Ecológica, pasando por Fomento”.
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