Por Cambio16
01/04/2017
El Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela (TSJ) ha emitido este sábado dos nuevas sentencias en las que ha eliminado parte de las decisiones 155 y 156 del pasado 28 y 29 de marzo respectivamente. En ellas, el órgano judicial ha suprimido el contenido de la sentencia 155, «en lo que respecta a la inmunidad parlamentaria». Además, se ha anulado el punto de la sentencia 156, «referido a que la Sala Constitucional asumiría las competencias parlamentarias, provocando un gran rechazo internacional.
La madrugada de este sábado el presidente venezolano Nicolás Maduro pidió a la corte, tras la presión internacional, que revisara el fallo que disolvió de facto al Parlamento, dando marcha atrás con su golpe de Estado.
La medida fue derogada de oficio tras un acuerdo entre los poderes públicos -excepto el Legislativo- cuyos representantes se reunieron hasta la madrugada de este sábado.
La propia fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega, había calificado la decisión de los jueces de «ruptura del orden constitucional«.
La nueva sentencia 158 suprime el apartado 4.4 de la sentencia 156, que facultaba a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia a tomar funciones las de la Asamblea Nacional.
«Se Aclara de Oficio la sentencia N° 155 de fecha 28 de marzo de 2017, en lo que respecta a la inmunidad parlamentaria. Se suprime dicho contenido. Se suprime la cautelar 5.1.1 de dicho fallo«, reza el nueva decisión.
La reunión oficial
https://youtu.be/cOt68ESEbkI
Este viernes, mientras más países y voces seguían sumándose a la condena internacional al golpe, Nicolás Maduro convocó al Consejo de Defensa de la Nación, un órgano creado por el Ejecutivo para «dirimir las diferencias» entre los Poderes Públicos. Éste cónclave al cual deben asistir los representantes de los poderes Ejecutivo, Judicial, Moral Republicano y Legislativo (este último ausente), se reunió a la medianoche de este 01 de abril, luego de que horas antes Maduro le pidiera al Tribunal Supremo que revisara el fallo que le retiraba las competencias al Parlamento.
Tras la reunión, se emitió un documento (ver vídeo) en el que se acordaron seis puntos:
1. Ratificar que el Máximo Tribunal de la República en su Sala Constitucional es la sala competente para el control de la constitucionalidad de los actos emanados de cualquier órgano del Poder Público Nacional que colinden con la Carta Magna, así como la resolución de los conflictos entre poderes.
2. Exhortar al Tribunal Supremo de Justicia a revisar las decisiones 155 y 156 con el propósito de mantener la estabilidad institucional y el equilibrio de poderes, mediante los recursos contemplados en el ordenamiento jurídico venezolano.
3. Reiterar que los desequilibrios y conflictos entra las distintas ramas del Poder Público Nacional se encausan mediante los mecanismos de control constitucional y la colaboración entre los poderes, los cuales son expresión del dinamismo y la pluralidad de los estados constitucionales y democráticos.
4. Destacar los loables esfuerzos del Presidente de la República como jefe de Estado, en la búsqueda de soluciones para resolver, dentro del marco constitucional y mediante el diálogo constructivo, los conflictos entre los órganos del Poder Público Nacional en atención a la independencia, la división y la autonomía de sus distintas ramas.
5. Insistir en nuestra disposición al diálogo fecundo y exhortar a la oposición venezolana a incorporarse sin demora al diálogo nacional promovido por el jefe de Estado y acompañado por Unasur, el Papa Francisco y los expresidentes Martín Torrijos, Leonel Fernández y José Luis Rodríguez Zapatero.
6. Repudiar categóricamente cualquier intervención que atente contra la independencia, la soberanía, la integridad territorial y la autodeterminación. Los asuntos de los venezolanos deben ser resueltos exclusivamente por nosotros, sin injerencia ni intervención alguna y en respeto estricto a la jurisdicción interna del Estado venezolano.
Victoria internacional
El recule de Maduro no es gratuito. Desde conocida la sentencia del TSJ que le quitaba las competencias al Parlamento, el mundo se comenzó a solidarizar tras los llamados del Parlamento venezolano sobre el golpe ejecutado. Poco a poco, pero contundentemente, fueron sumando voluntades. Los gobiernos de Estados Unidos, la Unión Europea, México, Brasil, Chile, Colombia y Perú condenaron la decisión, la Unión Europea pidió al chavismo un “calendario electoral claro” y la OEA, UNASUR y MERCOSUR pidieron reuniones de emergencia.
El repudio no fue lo único que contribuyó a que Maduro recapitulara. Los silencios ayudaron también. Países como Ecuador (que este domingo se juega la continuidad del gobierno de Rafael Correa en unas elecciones), Bolivia e incluso Rusia pidieron que nadie se meta en los asuntos internos de Venezuela, pero tampoco respaldaron del pleno a Maduro. México, Brasil, Perú, Argentina -todos gobiernos que hoy no son los «mejores amigos» del chavismo- se manifestaron en contra de la medida.
La reunión de la OEA y MERCOSUR parecían inexorable y Maduro se dio cuenta y pidió a la Corte que revisara la sentencia. Sólo dos preguntas quedan en el aire. ¿Cómo un presidente le va a ordenar a otro poder, supuestamente independiente, que cambie su decisión? ¿No daría eso a pensar que el fallo inicial también fue a pedido?
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