Por José Juan Verón
ACTUALIZADO 16/05/2016
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El Senado, esa cámara maldita e inútil en la propaganda de los nuevos partidos políticos, se ha convertido de un día para otro en el centro del debate político previo a la campaña electoral.
La paradoja se ha impuesto con la urgencia de quienes argumentan que los partidos de izquierdas deben ponerse de acuerdo en impulsar candidaturas unitarias para evitar la mayoría absoluta del PP en el Senado que, en teoría, bloquearía la acción de un hipotético gobierno de coalición en el que no estuviera, además de todo intento de reformar la constitución. Y ello debía hacerse antes el 13 de mayo, fecha límite para comunicar estas alianzas a la junta electoral.
Sin embargo, ni la negociación era tan urgente ni de lograrse la coalición hubiera tenido utilidad alguna pese a que se evitara la mayoría absoluta del PP en el Senado, algo que se antoja muy complicado.
La falta de urgencia resulta evidente en el modo en el que se ha dejado pasar el tiempo desde el 21 de diciembre pasado. La falta de utilidad es algo más complejo de explicar.
Por un lado, el Senado en España no tiene capacidad de bloquear la acción de un gobierno que tenga una mayoría suficiente (la mitad mas uno) para aprobar la legislación básica: leyes ordinarias y presupuestos generales del Estado. En todo caso, el Senado puede devolver las leyes al Congreso y obligar a su votación prescindiendo de las enmiendas y obligando a un proceso de negociación previo a la presentación de los proyectos de ley. Es decir, que puede entorpecer y retrasar, pero nunca bloquear. Y eso se soluciona con inteligencia y con capacidad de diálogo.
Pero la cuestión principal es que, o mucho pretenden subir en apoyos los partidos de izquierda en las próximas elecciones o la verdadera mayoría de bloqueo del PP en los cambios constitucionales estará en el Congreso. Y es que para poder acometer las reformas de la constitución que se han ido proponiendo en estos meses sin el acuerdo del PP, algo que políticamente es más que cuestionable, únicamente sería posible si el Partido Popular se quedara por debajo de los 116 diputados (en las elecciones del 20 de diciembre obtuvo 123 y las encuestas le auguran un ligero aumento) y todas las demás fuerzas, desde Bildu a Ciudadanos, estuvieran absolutamente de acuerdo en todas las reformas electorales.
Esto es así porque para reformar la Constitución es necesario, como mínimo, obtener 3/5 de la mayoría de las dos cámaras, lo que supone sumar 210 diputados en el Congreso. Esto sería si lo que se quiere reformar tiene que ver el sistema electoral o el de justicia, el blindaje de los derechos sociales o ciertas cuestiones territoriales.
Pero si lo que se pretende modificar tiene que ver con los aspectos fundamentales de la Constitución como la propia existencia de la Cámara Alta, la jefatura del Estado o la unidad territorial de España, el nuevo texto precisaría del apoyo de 2/3 en el Congreso (234 diputados) y de mayoría absoluta en el Senado.
Así pues, resulta legítimo e incluso interesante desde el punto de vista político el planteamiento de una gran coalición de la izquierda para alcanzar la mayoría en el Senado. Lo extraño es que no se haya hecho también para lograrla en el Congreso, lo sorprendente es que se hiciera tras meses de no lograr un acuerdo mínimo para una investidura, y lo que no debería admitirse es hacer este tipo de debates sobre premisas falsas.
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