La ley que permite la circulación del bitcoin como moneda en El Salvador junto al dólar estadounidense está en vigor y es el primer país del mundo en dar ese paso entre el rechazo de la población
PABLO SANZ BAYÓN, profesor de Derecho Mercantil en ICADE
Están sucediendo muchas cosas en el mundo de las criptomonedas. Las noticias que más interés y atención están despertando son las que protagoniza El Salvador con el bitcoin. Esta pequeña república centroamericana se ha convertido en el primer país del mundo en adoptar como divisa de curso legal la criptomoneda más popular. El bitcoin es un criptoactivo que ha estado en los últimos años en el punto de mira de las principales autoridades financieras y monetarias internacionales.
El Salvador ha pasado a la historia por este hito criptomonetario cuyo desarrollo es un interrogante que solo el transcurso del tiempo y el comportamiento de sus ciudadanos y autoridades disipará. Ahora es momento para el análisis sobre las posibles implicaciones que tiene el hecho de que un país soberano admita como dinero legal un activo digital criptográfico y descentralizado como el bitcoin.
El foco está puesto ahora en este diminuto país porque si la experiencia salvadoreña resulta positiva, es muy probable que pueda replicarse o emularse en otros países. Es incluso posible que si triunfa esta medida del gobierno salvadoreño surja una demanda social en todo el mundo para que los Estados introduzcan el bitcoin y otras criptomonedas como dinero de curso legal en sus jurisdicciones.
De momento, la puesta en marcha de la medida del gobierno de Nayib Bukele no ha sido ni mucho menos prometedora en los primeros compases. La volatilidad y consiguiente caída de la cotización del bitcoin (14%), junto con el limitado acceso de los usuarios al monedero digital establecido por la Administración –denominado Chivo– y que venía cargado con 30 dólares en bitcoines para cada usuario, han causado que muchos usaran este dinero no para ahorrarlo o pagar bienes o servicios sino para cambiarlo por dólares.
Si triunfa esta medida del gobierno salvadoreño es probable que surja una demanda social para que los Estados introduzcan el bitcoin y otras criptomonedas como dinero de curso legal
El gobierno salvadoreño introdujo el bitcoin en tiempo récord (7 de septiembre) desde que el parlamento aprobó la conocida como Ley Bitcoin el pasado 9 de junio, que generó entusiasmo y expectativas en la comunidad Crypto mundial. Una comunidad que ha hecho activismo para hacer rebotar el valor del bitcoin y ayudar así a El Salvador a impulsar su experimento. Ha sido una especie de acto de solidaridad cibernética de la comunidad Crypto hacia un Estado amigable con la realidad criptomonetaria y que ha anunciado que otorgará la residencia a los extranjeros que inviertan 3 bitcoines en el país (el equivalente a 140.000 dólares aproximadamente).
La consideración del bitcoin como dinero de curso oficial es sin duda un proyecto que hubiera requerido más tiempo de reflexión y preparación para que todas las piezas de este puzle monetario y regulatorio encajaran adecuadamente. Las primeras dificultades que ha experimentado el reconocimiento legal como divisa evidencian que la sociedad salvadoreña y sus estructuras políticas y financieras necesitarán tiempo y voluntad para hacer de este experimento una buena experiencia colectiva.
LABORATORIO DE BITCOIN. El Salvador del presidente Nayib Bukele se ha convertido en el primer país del mundo en adoptar la criptomoneda como divisa oficial.
Hay que tener presente que solo alrededor de un tercio de la población salvadoreña tiene acceso a Internet. Las encuestas han encontrado que menos del 5% de los salvadoreños saben qué es bitcoin y que a pesar de su aprobación todavía un 70% se opone a designarlo como moneda de curso legal. Asimismo, El Salvador es un país bastante endeudado (una relación deuda/PIB que se aproxima al 100%) y su escasa población de 6,5 millones, en una economía de unos 25.000 millones de dólares, significa que, aunque el bitcoin tuviera una aceptación social mayoritaria sería poco probable que pudiera convertirse en un líder o referencia mundial como país con una criptomoneda de curso legal.
La salvación de la economía salvadoreña gracias al bitcoin se antoja improbable mientras no se solucionen los problemas endémicos que padece: el crimen organizado e industrializar su economía
En el mejor de los casos, El Salvador podrá pasar a la historia como el primer país que emprendió esta aventura, y quizá como el primer laboratorio económico para el aprendizaje de otros países que piensen plantear parecido experimento.
Más allá de los aspectos coyunturales, uno de los problemas en la legalización del bitcoin como divisa oficial son los inciertos motivos del presidente Nayib Bukele para llevar a cabo un experimento tan peculiar en un país ya dolarizado y que además cuenta con la respiración asistida de la financiación del FMI y del Banco Mundial. El Salvador abandonó su moneda nacional, el colón, en 2001, a favor del dólar estadounidense. Esta decisión, observada con retrospectiva, tuvo para el país una excelente consecuencia ya que le protegió contra la inflación galopante que erosionó el patrimonio de buena parte de América Latina.
El Salvador, gracias a su dolarización, promedió una tasa de inflación de alrededor de 2 puntos. Es por ello que desde esta perspectiva no tendría sentido la búsqueda de otra moneda que ofreciese una ventaja mayor para una situación ya de por sí favorable, o que pudiese competir o incluso llegar a expulsar al dólar en las transacciones y cuentas de depósito. El motivo por tanto es otro.
La economía salvadoreña padece una gran dependencia de las remesas de la diáspora. Recibe de sus ciudadanos expatriados alrededor del 20% de su PIB en concepto de remesas, lo que representan unos 6.000 millones de dólares. Precisamente la comisión por los envíos de dinero (en torno a un 7% de media) y la tardanza que acarrean la intermediación de los envíos (entre una semana y 10 días), son las razones detrás de la decisión, por el contraste que representa bitcoin, sin dicho coste de cambio ni tardanza (apenas 10 minutos).
Si una quinta parte de la economía salvadoreña lo son sus remesas, tiene sentido abaratar su envío y recepción incentivando que esos capitales fluyan a través de un sistema o infraestructura de depósito y pago alternativo al existente. El bitcoin operaría de ese modo como una suerte de autopista monetaria para llevar los dólares de los salvadoreños emigrados a Estados Unidos a sus familias, capitalizándolas sin apenas coste. Este motivo sí parece una razón de peso que justifica que el proyecto despertara el interés del gobierno y el entusiasmo de algunos sectores sociales en El Salvador, a pesar de que una encuesta de la Universidad Centroamericana (UCA) encontró que solo el 4,8% de los 1.281 encuestados entendían qué era bitcoin y cómo se usaba.
El problema es que este motivo, si bien parte de un fundamento real –la gran dependencia de las remesas– no parece congruente con la verdadera realidad del bitcoin, que no está exenta de costes ni riesgos asociados. De hecho, la conversión de monedas fiduciarias como el dólar en criptomonedas es, por supuesto, cualquier cosa menos gratuita, aunque en el caso de El Salvador el coste de transacción vaya a ser subvencionado por el Estado a través de Chivo SA, que es una empresa privada, pero dotada de capital público.
El bitcoin operaría de ese modo como una suerte de autopista monetaria para llevar los dólares de los salvadoreños emigrados a Estados Unidos a sus familias, capitalizándolas sin apenas coste
Por otro lado, las fluctuaciones en el precio de bitcoin pueden peligrar la utilización de la criptomoneda como instrumento de reserva de valor. Algunos movimientos en su cotización del 10% o más convierten a esta criptomoneda en cualquier cosa menos en un medio apto y eficiente para el comercio, por no ser estable para los precios. Al carecer de un banco central con una política monetaria detrás, no hay nada ni nadie que regule su oferta monetaria en función de la coyuntura y necesidades de la economía nacional.
Por el momento, el experimento ha costado a El Salvador alrededor de 200 millones de dólares para desarrollar la tecnología detrás del monedero digital (proporcionada por BitGo) y para establecer una red de cajeros automáticos, distribuir alrededor de 60 millones y la constitución de un fondo de 150 millones para adquirir unidades (que ya ha invertido unos 26 millones).
Respecto al marco regulatorio, las primeras normas aplicables –principalmente el reglamento de la Ley Bitcoin, publicado el 17 de agosto en el sitio web del Banco Central de Reserva– obliga a que las empresas y los bancos acepten bitcoines como pago, pero no a los usuarios a emplear la criptomoneda en sus transacciones privadas. Pronto observaremos si el sistema bancario y financiero salvadoreño es capaz de afrontar los pasivos en dólares con activos e ingresos en bitcoin, teniendo en cuenta que la criptomoneda posee unas fluctuaciones muy volátiles. A este respecto, el gobierno salvadoreño ha prometido la convertibilidad instantánea de los bitcoines en dólares estadounidenses.
Sin embargo, el flanco más débil para que la aventura de El Salvador con el bitcoin llegue a su fin, abruptamente, sería con toda probabilidad la oposición frontal del FMI y del Banco Mundial. Todavía no se ha dado este escenario, aunque ambos organismos sí expresaron al gobierno de Bukele sus reticencias sobre su proyecto por la amenaza potencial a la integridad financiera que podía representar. Máxime en un país con un régimen muy débil de blanqueo de capitales y extremadamente afectado por la lacra del narcotráfico y las maras.
Si El Salvador no endurece sus leyes penales y fiscales para contrarrestar el posible aumento de los ilícitos de lavado de dinero con bitcoin, podría hacer frente a la imposición de sanciones por parte de Estados Unidos que afectaría gravemente a su reputación internacional.
No ayuda mucho a la reputación de este proyecto el hecho de que la jefa de gabinete del presidente, Carolina Recinos, que es la directora de Chivo SA (la empresa encargada de la gestión y tecnología de los monederos electrónicos) figure en la Lista Engel de funcionarios corruptos del Departamento de Estado estadounidense.
Sin duda, la jugada de Bukele con el bitcoin es temeraria. Supone una apuesta que puede ser positiva, si consigue canalizar las remesas de forma barata, segura y rápida, pero hay muchos elementos también para pensar que puede salir mal o muy mal.
No está claro cómo va a funcionar la introducción y generalización del bitcoin en la economía salvadoreña, pero una vez que se haya construido completamente la infraestructura para un sistema de pagos en criptomonedas y se hayan aceptado ampliamente los pagos digitales, El Salvador podría dar un salto de nivel.
Si El Salvador no endurece sus leyes para contrarrestar el posible aumento de los ilícitos de lavado de dinero con bitcoin, podría afrontar la imposición de sanciones por parte de Estados Unidos
Podría efectuar cambiando los dólares a alguna otra forma de divisa electrónica, por ejemplo, una moneda digital estable (stablecoin) respaldada por una canasta de monedas (fíat y criptos) y oro, o la reintroducción de una divisa soberana (el colón), reduciendo de ese modo la dependencia del dólar y la vulnerabilidad a las sanciones de Washington. A estos efectos, la adopción del bitcoin podría concebirse como un instrumento para una hipotética desdolarización progresiva de El Salvador.
El Salvador ha querido buscar un cierto liderazgo mundial, demostrando que tiene capacidad para afrontar un desafío monetario y tecnológico que puede reforzar su soberanía económica si el experimento da paso ulteriormente a planteamientos más ambiciosos que la mera regulación del bitcoin.
La mejora de los canales para sus remesas y la consecución de una mayor soberanía bancaria y monetaria a través de una tecnología nacional propia para las criptomonedas son pretensiones plausibles, máxime si ello además puede contribuir a la digitalización del país y a la reducción de las tasas de exclusión financiera.
Pero la salvación de la economía salvadoreña gracias al bitcoin se antoja de momento improbable mientras no se solucionen los problemas endémicos que padece su población y que pasan por acabar con el crimen organizado e industrializar su economía creando trabajo estable que permita regresar a sus emigrantes.
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