La aprobación de leyes en España se ha convertido en un mar de controversias. Apenas se ha dado la luz verde la semana pasada a la LOMLOE y este martes se inician los debates de otros instrumentos legales. En el primer orden está Ley de Eutanasia, quizás la más polémica. A las diferencias políticas se le suman las discrepancias en un tema que toca los valores, la moral, las creencias y hasta los miedos. Si se aprueba, España entrará en el «exclusivo club» de países en que es legal el suicidio asistido .
El PSOE registró el proyecto legal en enero. Con pocas modificaciones, el texto fue admitido dos veces a trámite. No ha podido avanzar por la inestabilidad política. El PP y Vox intentaron vetar la propuesta, pero el Congreso rechazó el intento. En consecuencia, habrá que debatir enmienda por enmienda.
Al igual que con la «Ley Celaá» es muy probable que el PSOE y Unidas Podemos, tras incorporar una serie de retoques conjuntos a la propuesta original, logren avanzar el instrumento legal. Necesitarían contar con el apoyo de algunos grupos minoritarios favorables a la eutanasia como ERC, PNV o EH Bildu, con los cuales ya han tenido acercamientos en el pasado reciente.
Si no pudieran evaluarse todas las enmiendas presentadas en un mismo día, el Congreso se reunirá también el miércoles. Una vez aceptadas o descartadas, el texto iría a la Comisión de Justicia de la Cámara Baja. Esta instancia cuenta con competencias legislativas plenas. Por esta razón, no sería necesario que pasara por el Pleno del Congreso si recibe el visto bueno. Se enviaría directamente al Senado, para continuar allí su tramitación. La eutanasia pudiera ser aprobada antes de que finalice el año.
Eutanasia a domicilio
Uno de los retoques permitiría que la prestación de asistencia a morir pueda practicarse en el domicilio particular del solicitante. En el texto inicial, solo se contemplaban los centros sanitarios públicos o privados. Podrán hacer uso de este recurso todos los españoles o personas que tengan residencia legal en España. Se incluyó a los empadronados por un tiempo superior a 12 meses. La proposición inicial recogía en el Artículo 5 la necesidad de «tener la nacionalidad española o residencia legal en España, mayoría de edad y ser capaz y consciente en el momento de la solicitud».
Por otro lado, refuerzan las garantías de que el enfermo solicite la prestación de manera autónoma. Un párrafo añadido señala que se «se garantizarán los medios y recursos de apoyo para que los solicitantes reciban información, formen y expresen su voluntad de modo libre, a fin de que su decisión sea individual, madura y genuina, sin intromisiones, injerencias o influencias indebidas».
En la motivación se argumenta que es necesario aumentar las garantías de que los solicitantes no toman su decisión de forma «precipitada sino fruto de la reflexión«.
Asimismo, se añade otra disposición para las personas con discapacidad: «Las personas sordas, con discapacidad auditiva y sordociegas, tendrán garantizados los derechos, recursos y medios de apoyo establecidos en la Ley 27/2007, de 23 de octubre, por la que se reconocen las lenguas de signos españolas y se regulan los medios de apoyo a la comunicación oral de las personas sorda, con discapacidad auditiva y sordociegas».
Apoyo de grupos minoritarios
Las enmiendas introducidas por los partidos que forman la coalición de Gobierno apuntan a lograr el apoyo de grupos minoritarios, al coincidir en algunas aspiraciones. Por ejemplo, las propuestas de ERC también recogen que la prestación de ayuda para morir pueda realizarse en el domicilio. Esta formación «considera de suma importancia» que la muerte asistida se practique en un entorno que «se ajuste al máximo, en la medida de lo posible, a las preferencias del paciente». En consecuencia, plantea que pueda realizarse «no solo en el centro sanitario o socio-sanitario, sino también en su domicilio».
EH Bildu también aboga por incluir el domicilio como otro de los lugares para llevar a cabo esta práctica. Propone que en la exposición de motivos se exprese que «la justificación básica se encuentra en el reconocimiento de la condición de la persona la que exige el respeto a la libertad individual de disponer de la propia vida».
Despenalización inmediata
Los grupos minoritarios también solicitan que en la Ley se otorgue un carácter de suma importancia a la despenalización de la práctica de la eutanasia. El PNV pide una nueva denominación de la iniciativa: «Ley orgánica de despenalización y regulación de la eutanasia y la ayuda médica para morir». Esta formación entiende que la proposición de ley «omite en su texto la referencia expresa a ‘la ayuda médica para morir’, a pesar de despenalizarlo y regularlo». El grupo vasco añade que el objeto de esta ley es «regular los derechos y obligaciones del personal sanitario que atiende a estas personas».
En esta misma línea, ERC argumenta la «necesidad de amparar la actuación del personal sanitario diferente al médico que pueda igualmente cooperar o causar la muerte de una persona en los casos cubiertos por la presente ley».
Otra enmienda relevante es la que hace referencia a la aplicación de la ley con carácter retroactivo. De esta manera, quedarían “exentos de pena” quienes estén siendo investigados o hayan sido condenados. La medida se aplicaría en aquellos casos en los que se haya facilitado la muerte a una persona que cumpla los requisitos. También sería necesario que haya dejado constancia «de manera inequívoca su voluntad expresa de poner fin a su vida».
Sin debate público
La proposición de Ley Orgánica de Regulación de la Eutanasia sería aprobada sin debate público. La Comisión de Justicia del Congreso decidió -con el apoyo de PSOE, Podemos y ERC- vetar la comparecencia de médicos y expertos en cuidados paliativos antes de comenzar a negociar las enmiendas que se incorporarán al articulado del nuevo instrumento legal.
Esta decisión va en línea con lo expuesto por EH Bildu, que considera «necesario trascender el paternalismo que encubre someter semejante decisión personal, la propia muerte, a las decisiones de especialistas médicos, juristas y administrativos. Todo lo cual para acabar negando materialmente la autonomía de la voluntad de quien decide que su vida es insoportable».
El Grupo Parlamentario Popular ha criticado la «celeridad» de los partidos de coalición para avanzar en la aprobación de la Ley de Eutanasia. Mientras, dicen, ralentizan la tramitación del decreto 21/2020 sobre la COVID-19. A los voceros de esta formación les preocupa que la ponencia apenas dedicará dos días como máximo a revisar las enmiendas. También rechazan que se haya descartado la comparecencia de expertos.
El GPP insiste en negar el llamado «derecho a morir». La propuesta de los populares consiste en una ley basada en los cuidados paliativos. Por su parte, Ciudadanos introdujo una serie de enmiendas para configurar una regulación integral del derecho a la «disposición de la propia vida».
El ejemplo de Nueva Zelanda
Mientras en España la aprobación de la Ley de Eutanasia deja de lado el debate público, Nueva Zelanda ha demostrado que es posible avanzar un instrumento legal de esta naturaleza consultando no solo a expertos en diversas disciplinas, sino también a la población en general.
Uno de los temas más debatidos en todo el mundo, a la hora de hablar de la legalización de la eutanasia, es si esta responsabilidad debe ser dejada en manos exclusivamente de los políticos. En Nueva Zelanda decidieron que era preferible confiar la decisión a sus ciudadanos.
En un referéndum el pasado 17 de octubre, el 65,2 % de los votantes apoyó la aprobación de la Ley de Elección del Final de la Vida. El instrumento permitirá que las personas con enfermedades terminales, con menos de seis meses de vida, tengan la oportunidad de elegir la muerte asistida si lo aprueban dos médicos.
El resultado de la consulta es vinculante y se espera que la ley entre en vigor en noviembre de 2021. Nueva Zelanda se unirá a un pequeño grupo de países, incluidos los Países Bajos y Canadá, que permiten la eutanasia. Pero es la primera nación del mundo en aprobar la muerte asistida consultando directamente a sus ciudadanos.
El caso de Nueva Zelanda pudiera servir de ejemplo para los grupos parlamentarios que sostienen que un tema tan personal como este no debe dejarse en manos de especialistas médicos, juristas y administrativos. ¿Tampoco de los políticos?
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