Por Cambio16
24/04/2017
A través de un comunicado oficial, el Partido Popular (PP) fijó posición sobre la decisión de un tribunal de la Audiencia Nacional de llamar a declarar al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, como testigo en el juicio por el caso Gürtel, pese a las previas oposiciones de la Fiscalía Anticorrupción y la Abogacía del Estado.
El PP manifestó que «respeta, pero no puede compartir» la decisión adoptada por la mayoría del Tribunal, y agregó que espera conocer la resolución judicial y su fundamentación antes de poder establecer una valoración detallada de la misma.
«La decisión adoptada hoy (martes) contradice claramente su propia doctrina, de febrero y octubre de 2016, en la que el mismo Tribunal rechazó el testimonio de Mariano Rajoy con el argumento de que no era ‘ni pertinente, ni útil’ para la causa. El instructor de la causa, Pablo Ruz, también rechazó en su día el testimonio solicitado por la misma acusación popular “por adivinarse en la motivación de la solicitud” un interés ilegítimo y de carácter extraprocesal. Estos argumentos han sido refrendados tanto por el Ministerio Fiscal como por la Abogacía del Estado. El Partido Popular quiere significar el carácter absolutamente excepcional de la admisión de una prueba testifical solicitada por la acusación popular en contra del criterio de la Fiscalía» sostiene el comunicado
Los populares acusan el error, a su juicio, al que induce la acusación al hacer uso de «alegaciones falsas» y atribuir a Rajoy unas funciones «que no correspondían a sus cargos y responsabilidades orgánicas».
«Aunque el hecho cierto e indiscutible es que el presidente del Partido Popular ha sido citado como uno más de los 300 testigos admitidos en la causa y, por tanto, sin que se le atribuya ningún tipo de responsabilidad en los hechos que se juzgan, hay que destacar que la declaración de Mariano Rajoy en el procedimiento es una muestra del proceso mediático que la acusación popular de ADADE (Asociación de Abogados Demócratas por Europa) pretende seguir. Consideramos que todo ello supone una situación de abuso de derecho, por cuanto una petición con clara intencionalidad política se enmascara bajo un interés jurídico inexistente», señalaron.
Puntualmente sobre ADADE, destaca el comunicado que ésta «está liderada por dos personas, Javier Ledesma y Mariano Benítez de Lugo, muy conocidas por su cercanía al Partido Socialista (PSOE)».
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