Nada de respetar la separación de poderes. No importa que sea la base fundacional del Estado de Derecho. El Gobierno de Pedro Sánchez parece decidido a someter al Poder Judicial a su arbitrio. Pero hay algo que se lo impide. El propio Poder Judicial decidió plantar cara a la iniciativa de la dupla PSOE-Podemos para limitar sus funciones. El CGPJ aprobó cuatro nuevos nombramientos. Con ello, ha echado el reto y sacado el guante.
La polémica llegó a mayores el 14 de diciembre. Fue cuando en el Congreso de los Diputados una mayoría formada por los partidos de coalición y sus socios circunstanciales aprobaron la reforma del CGPJ. El proyecto le permitiría al Gobierno interferir en este órgano y recortar sus atribuciones. Se trata de un paso crucial para tomar el control del Poder Judicial.
Una lluvia de descalificaciones
El debate en la Cámara fue una muestra de las intenciones de quienes aúpan la reforma. La lluvia de insultos de los promotores del proyecto hacia los integrantes del CGPJ, jueces y magistrados, decía muy a las claras de qué va la zancadilla. Las acusaciones iban desde la «prevaricación», hasta la «violación de los derechos humanos».
Los insultos eran bastante más creativos. «Togas apolilladas», «franquistas», «jueces que se revuelven cuando no les gustan las decisiones políticas», «jueces afines». La descalificación era -y es- la vía para justificar las acciones que van a contravía del orden legal. Y éste parece ser el caso.
Para el vocal del Consejo, José María Macías, lo que sucedió en el debate «fue revelador del carácter de quienes impulsan la retahíla de descalificaciones e insultos dirigidos contra el Poder Judicial en general y contra muchos jueces en particular. Se aprovechan de la impunidad de la tribuna parlamentaria, y abusan de la imposibilidad de defenderse de los insultados».
El presidente de la Asociación Profesional de la Magistratura, Manuel Almenar, expresó que esas manifestaciones, «increíblemente permitidas por la presidenta de la Cámara, ponen de relieve la falta de argumentos, una ausencia que tratan de disfrazar con insultos, descalificaciones, y lo que es más grave, la ínfima calidad democrática de quien los profiere».
Sometimiento de la Justicia
La reforma legal implica reducir al mínimo las competencias del Consejo General del Poder Judicial, que ha terminado su mandato y está pendiente de renovación. El pleno de la Cámara aprobó la admisión a trámite de la iniciativa, con 188 votos a favor. Se opusieron PP, Vox y Ciudadanos.
La propuesta modifica la Ley Orgánica del Poder Judicial de 1985 para el establecimiento del régimen jurídico aplicable al Consejo General del Poder Judicial en funciones. Apunta a la «necesidad de limitar las decisiones adoptadas por un CGPJ saliente, cuyos miembros han excedido el periodo constitucional de mandato». Esta medida afectaría al nombramiento del presidente del Tribunal Supremo, los presidentes de las Audiencias, de los Tribunales Superiores de Justicia y la Audiencia Nacional, los presidentes de Sala y los magistrados del Supremo y del Tribunal Constitucional.
La proposición de ley es una respuesta a la decisión del PP de negarse a acordar esa renovación, pese a que hace dos años que el actual terminó su mandato. Incluso, en julio, el Gobierno y el principal partido de la oposición prácticamente acordaron la renovación. Pablo Casado aseguró que no cierra el acuerdo por tres razones. Una es que no se permite a los jueces la elección de todos los vocales de procedencia judicial. Además, porque no se aísla a Unidas Podemos. Y finalmente porque no se retira la propuesta de reforma del CGPJ.
La reforma legal seguirá ahora el trámite parlamentario, incluyendo su paso por el Senado, para que entre en vigor en febrero. Mientras, el CGPJ podrá hacer nombramientos. El Gobierno considera que, una vez pasadas las elecciones catalanas del 14 de febrero, el PP aceptará cerrar el acuerdo.
La justificación oficial
Los partidos de la coalición han justificado esta medida en la necesidad de acabar con la interinidad de un órgano clave del entramado institucional. Además, intentan forzar al PP y facilitarle una entrada al pacto, al dejar de lado la idea de cambiar el sistema de mayorías vigentes para la elección del Consejo. Esta medida, está en la ley exprés planteada por ambas formaciones el pasado octubre. Bruselas mira con recelo esa propuesta.
Aquella reforma legislativa permitiría aprobar la renovación de los doce vocales jueces del Consejo por mayoría absoluta del Congreso (176 escaños) frente a los tres quintos (210) que se exigen ahora. De esa manera, se cambiaría la actual mayoría absoluta del Consejo vigente desde hace siete años, cuando gobernaba el PP de Mariano Rajoy.
En la explicación de motivos de la nueva propuesta, ambos partidos determinan la necesidad de “limitar las decisiones adoptadas por un CGPJ saliente, cuyos miembros han excedido el periodo constitucional de mandato”.
El CGPJ se defiende
Lo complejo de la situación se reflejó en el pleno que realizó el Consejo General del Poder Judicial el jueves. No hubo realmente un consenso. De los 21 vocales, 16 instaron al Congreso a solicitar un informe del propio Consejo del Poder Judicial sobre la reforma legal. También instan a que se tome en cuenta el dictamen de Europa, al tratarse de una reforma que afecta al órgano de gobierno en funciones. Los otros 5 vocales pidieron, en cambio, que el Consejo dimita en bloque, para forzar su renovación.
La mayoría del órgano de gobierno de jueces se ha mostrado reticente a que esta reforma no cuente con su dictamen. Es evidente el malestar existente en gran parte de los vocales que integran el órgano, caducado desde diciembre de 2018.
Mientras, el Ejecutivo trata de evitar que este consejo, siga acometiendo nombramientos en la cúpula de la carrera judicial. Consideran que esta decisión compete a los nuevo 20 vocales que sustituyan al equipo actual. No obstante, desde el Consejo recuerdan que ya paralizaron las votaciones en varias ocasiones este año y que están cumpliendo con un mandato legal.
Un reto claro
Pese a las pretensiones del Gobierno, los 20 vocales del CGPJ comenzaron a trabajar en amplios consensos para continuar con los nombramientos. Ya se han cubierto las designaciones correspondientes a la presidencia de la Sala Social de la Audiencia Nacional (José Pablo Aramendi Sánchez), la presidencia de la Sala Social del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (María José Renedo), la presidencia de la Sala Contenciosa de Asturias (David Ordóñez Solís) y la presidencia de la Audiencia Provincial de Cáceres (Joaquín González Casso).
Todos los puestos se han aprobado con gran apoyo. Fueron 17 votos en el caso de Aramendi Sánchez y 18 en cada uno de los otros tres nombramientos.
El gesto es, a las claras, un desafío, en medio de las crecientes críticas del Ejecutivo a los nombramientos de los dos últimos meses. Las asignaciones de estos puestos constituye una evidente muestra del profundo malestar de los jueces ante las iniciativas legislativas del Gobierno, que consideran un ataque directo. Con seguridad, seguirán más formas de evidenciar de forma pública ese sentimiento.
Entre la unión y las fracturas
El pleno del jueves sirvió para evidenciar el mayoritario malestar por las pretensiones del Ejecutivo, pero también mostró las opiniones existentes en el seno del Consejo. Hay diferentes visiones acerca de cómo afrontar la proposición de ley que les dejaría maniatados.
En lo que sí hay acuerdo es en que los vocales quieren ser renovados, para que no se siga incumpliendo la previsión constitucional que estipula que su mandato debe durar cinco años. Están pasados por dos años. Pero no hay consenso en cómo hacerlo.
Por un lado, el grupo mayoritario, formado por 15 vocales, principalmente conservador, es el que reclamó con contundencia ser oído durante la tramitación de la ley impulsada por el PSOE y Podemos, para que un Consejo con el mandato caducado no pueda seguir decidiendo, sobre todo, el nombramiento de puestos clave de la magistratura.
Aunque una proposición de ley no requiere informe alguno del Consejo, éste lo reclama con base en el artículo 561.9 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que establece que el dictamen podrá pedirse siempre que el Gobierno o las Cortes “estimen oportuna” la consulta.
Se apoyan en el argumento de que una iniciativa de este tipo “afecta al núcleo esencial de las competencias que la Constitución le atribuye expresamente» al Consejo «en garantía de la independencia judicial”.
Otro grupo, formado por 5 vocales, presentó una propuesta alternativa. En ella se contempla la dimisión en bloque del órgano de gobierno de los jueces, para forzar así su renovación, a partir del próximo 1 de enero. Esa propuesta fue rechazada por los 15 restantes.
Una exigencia clara
La mayoría que reclama informar sobre la proposición de ley lo hace para manifestarse en contra de ella. En el comunicado emitido este jueves, aprobado por los 15 vocales, subyace una crítica contra la iniciativa. Dice, por ejemplo, que “la trascendencia constitucional” de la proposición y “la exigencia” de que respete el derecho de la Unión Europea “demandan” que “deba tramitarse dando audiencia a todos los sectores implicados”, empezando por “el propio Consejo y por la Comisión Europea para la Democracia por el Derecho”. También estima que las consultas deberían extenderse a las asociaciones de jueces, fiscales, sindicatos del sector justicia y comunidades autónomas.
La declaración reclama que la reforma sea objeto de consulta “con fundamento en la defensa de la posición constitucional que el Consejo tiene en nuestro estado de Derecho como garante de la independencia judicial”. También exigen que se pida un dictamen a la Comisión Europea y “a todos los agentes afectados”. Además, se plantea “dar traslado” de todas estas reclamaciones a la Red Europea de Consejos de Justicia “a los efectos oportunos”. Es decir, se busca el rechazo a la iniciativa de PSOE y Unidas Podemos a escala europea.
Del otro lado, el texto alternativo propuesto por los otros 5 vocales subraya en obvia alusión al PP que “obstaculizar” la renovación del Consejo “es un grave atentado a la estabilidad del sistema democrático español, que contribuye al desprestigio de las instituciones”, de un modo “artero e irresponsable”.
No hay una receta única
Hay claras diferencias. La mayoría del Consejo se posicionó contra la iniciativa del PSOE y Podemos para forzar la renovación. Mientras, la minoría querría provocarla con carácter inmediato. Es obvio que el CGPJ no tiene una única receta sobre cómo se defiende mejor la independencia del Poder Judicial y sobre quiénes son realmente los que la amenazan.
Esta diatriba se produce en un momento de un parón en las negociaciones entre el PP y PSOE para renovar el CGPJ. Esta semana se produjo una llamada telefónica entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el líder del PP, Pablo Casado, en la que ambos conversaron durante tres cuartos de hora sin llegar a ningún entendimiento.
Por ese motivo, el Pleno se planteó a principios de diciembre seguir con su agenda institucional y sacar adelante el nombramientos de plazas vacantes desde el año pasado, hecho que ha tenido lugar en este último pleno del año.
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