Por Iñigo Aduriz
El PNV es el partido que menos compromiso electoral manifiesta contra la corrupción según las conclusiones del cuestionario que Transparencia Internacional ha enviado a todas las fuerzas políticas. La organización, que este lunes ha presentado en Madrid un documento con 40 Medidas para Prevenir y Combatir la Corrupción Política e Institucional (ver PDF) con la idea de que los partidos las apliquen en sus programas para las elecciones generales del 20 de diciembre, quiso realizar un primer tanteo y planteó a las principales formaciones políticas 12 posibles medidas anticorrupción, pidiéndoles que dijeran si estaban dispuestos a incorporarlas a sus propuestas electorales.
Los resultados del cuestionario –titulado Evaluación del nivel de compromiso electoral contra la corrupción 2015 (ver PDF)– demostraron que, según los parámetros de Transparencia Internacional, el partido menos comprometido contra la corrupción es el PNV, ya que fue el que más veces dijo ‘no’ a las propuestas planteadas por dicha organización de ámbito internacional.
Aunque con distintos matices, el partido nacionalista no está dispuesto a promover una reforma de la legislación electoral para desbloquear las listas cerradas de los partidos, a impulsar la tipificación jurídica del delito de financiación ilegal de las formaciones políticas, a prohibir las donaciones de empresas a los partidos o a poner en marcha una ley que proteja al denunciante de corrupción abuso o despilfarro.
Las excepciones de PP y Podemos
Tanto PSOE como IU, Ciudadanos, ERC, CDC y UPyD están dispuestos a asumir todos los compromisos. En cambio, el PP no suscribe el desbloqueo de las listas y Podemos no respalda que se prohiban las donaciones de las empresas.
Entre las 40 medidas planteadas en el documento presentado este lunes la organización exige la desvinculación de la relación entre partido político y cargo público, de forma que una vez elegido, el gobernante no tenga «responsabilidades políticas directas ni económicas en el partido». Además se plantea eliminar los aforamientos de los cargos públicos cuando se realicen investigaciones judiciales relacionados con la corrupción.
También se contempla la regulación de los los lobbys o los grupos de presión con los que trabajan los parlamentos y gobiernos. Y se plantea la necesidad de que la administración contrate más jueces y fiscales. Manuel Villoria, miembro de Transparencia Internacional y catedrático de la Universidad Rey Juan Carlos, ha lamentado que España, con 11 jueces por 100.000 habitantes, se sitúe a la cola de la UE en esta materia. «Así es muy difícil luchar contra la corrupción», ha afirmado. Además, ha considerado imprescindible que se incorpore el delito de enriquecimiento ilícito al Código Penal.
Empieza a ser castigada
A pesar de que desde Transparencia Internacional insisten en que es necesario reforzar aún más las herramientas del Estado de Derecho en materia de transparencia y de lucha contra la corrupción, reconocen que la situación en España ha mejorado. «Por suerte este país ha reaccionado, y a través de diferentes mecanismos, como protestas ciudadanas y movimientos de la sociedad civil, la corrupción empieza a ser castigada en las urnas«, ha señalado Manuel Villoria.
La irrupción de partidos como Podemos y Ciudadanos «han introducido un factor de cambio» en la sociedad, según ha reconocido el también catedrático. «Pero no sólo ellos. También han influido las mareas y otras movilizaciones ciudadanas», ha insistido.
Jesús Lizcano, otro de los miembros de Transparencia Internacional, ha señalado, por su parte, que «los partidos siguen teniendo poca credibilidad en materia de corrupción», y que «por eso los ciudadanos exigen más transparencia». En su opinión, la actitud hacia la corrupción debe cambiar «desde la infancia». No obstante, ha reconocido que «los corruptos se han dado cuenta de que ser corrupto en España es una profesión de alto riesgo».
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