Por Efe
15/07/2016
El Parlamento venezolano, de contundente mayoría opositora, ha aprobado un informe en el que se solicita a la Cámara que declare dejar sin efecto el procedimiento de selección de los magistrados que fueron designados a fines del año pasado cuando el Poder Legislativo estaba en manos del chavismo.
El informe fue realizado por una comisión especial de la Asamblea Nacional (AN, Parlamento) “para el rescate de la institucionalidad” del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que “verificó la ilegalidad de los actos administrativos en la designación de los magistrados del 23 de diciembre del 2015”.
Tras la lectura de parte del informe por parte del diputado opositor Carlos Berrizbeitia, se recomendó al Parlamento que “se declare dejar sin efecto los actos del procedimiento del írrito proceso de selección de los magistrados y magistradas principales y suplentes del TSJ que culminó en diciembre de 2015”.
El informe, que pide anular la designación de 13 magistrados principales y 21 suplentes, fue aprobado por la mayoría opositora y con el voto en contra del chavismo.
En el reporte se recuerda que estos magistrados que fueron designados por el Parlamento chavista a fines de 2015, a solo días de la instalación de la Asamblea Nacional controlada por la oposición, han emitido 14 sentencias que “han limitado la facultad de control político” de la nueva Cámara.
Se recuerda que estos jueces, desde las salas Electoral y Constitucional del TSJ suspendieron la proclamación de cuatro diputados opositores del estado Amazonas.
Asimismo se indica que la Sala Constitucional declaró la legitimidad, validez y vigencia del llamado “Decreto de emergencia económica” que dictó el presidente venezolano, Nicolás Maduro, pese a que el Parlamento lo desaprobó.
Esta misma sala del TSJ declaró inconstitucional la reforma del Banco Central de Venezuela que recientemente aprobó la mayoría opositora del Parlamento, así como la Ley de Amnistía y Reconciliación Nacional que procuraba la liberación de los políticos presos.
“Estas son algunas evidencias, entre muchas otras, por las que el TSJ perdió su institucionalidad, su independencia, dedicándose a favorecer con sus sentencias al Gobierno, actuando como brazo político de ejecución con la sola finalidad de ir contra un poder independiente electo por el pueblo como es la Asamblea Nacional”, señaló Berrizbeitia.
También se destacó en la jornada parlamentaria del jueves que las credenciales de los magistrados designados por el chavismo supuestamente no cumplen con las exigencias establecidas en la Constitución y se destacaron tres casos.
Sobre el magistrado Calixto Ortega, se indicó que supuestamente “no es jurista de reconocida competencia”, no ha sido profesor universitario, no ha sido juez superior en la especialidad correspondiente y era militante del gobernante Partido Socialista Unido (PSUV) y no es doctor en derecho, entre otras irregularidades.
Por todo ello, en el informe también se pide que se proceda a designar “con urgencia parlamentaria” a los miembros del nuevo comité de postulaciones judiciales para iniciar el proceso de selección de magistrados que sí reúnan los requisitos exigidos en la Carta Magna.
Tras la presentación del informe, el diputado chavista Edwin Rojas dijo que “para remover o destituir un magistrado como lo alegaron en esa comisión debe haber la calificación de una falta grave previamente realizada por el Consejo Moral Republicano”, lo que no ha sucedido.
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