Por Efe
22/03/2016
El pleno del Parlament balear ha aprobado con el apoyo de los diputados que apoyan al Govern el proyecto de ley del impuesto sobre estancias turísticas, una de las principales iniciativas del ejecutivo autonómico, y que comenzará a cobrarse a partir del 1 de julio.
A favor del proyecto de ley «sobre estancias turísticas en la islas Baleares y de medidas de impulso del turismo sostenible» han votado a favor de la mayoría del articulado PSIB, MÉS per Mallorca, MÉS per Menorca, Podemos y Gent per Formentera, mientras PP y Ciudadanos se han mostrado en contra, y el PI se ha abstenido.
El impuesto supondrá el pago de una tasa diaria de entre 0,25 y 2 euros, según la temporada, para los visitantes del archipiélago mayores de 15 años que se alojen en establecimientos reglados, incluidos los residentes en Baleares, lo que supondrá una recaudación anual mínima de unos 50 millones de euros, según las últimas previsiones.
Se trata de uno de los acuerdos esenciales del pacto de gobernabilidad firmado entre PSIB, MÉS y Podemos al inicio de esta legislatura y que ha ocasionado enfrentamientos, en especial entre los dos primeros con la formación morada.
Podemos se ha opuesto a que el impuesto se dedique a la construcción de residencias públicas de la tercera edad, ni a centros sanitarios, y ha reivindicado que su destino sea básicamente medioambiental, así como un reparto equitativa entre las islas.
Finalmente y tras una «dura negociación», la recaudación del impuesto se destinará este año al fomento del turismo sostenible y a la conservación de espacios naturales. Una comisión formada por representantes de instituciones políticas y agentes sociales determinará las inversiones concretas.
¿Quién lo pagará?
Pagarán el impuesto sobre estancias turísticas quienes se hospeden en hoteles, apartamentos, alojamientos rurales, albergues, hostales, viviendas vacacionales o cualquier otro inmueble considerado turístico, así como quienes hagan escala a bordo de cruceros durante más de 12 horas.
Quedarán exentos los menores de 16 años, quienes viajen por fuerza mayor, el personal de los alojamientos turísticos, los enfermos desplazados y sus acompañantes y los usuarios de programas de turismo social.
Del 1 de mayo al 31 de octubre, temporada alta, la tasa irá de los 2 euros diarios en los hoteles de la máxima categoría a los 50 céntimos de hostales, pensiones, albergues y refugio. En temporada baja el gravamen se reduce a la mitad, igual que a partir del noveno día de estancia.
Es la segunda ocasión en la que un gobierno de izquierdas pone en marcha un impuesto de estas características; el primero, el del pacto de progreso del socialista Francesc Antich (1999-2003), que aprobó una ecotasa que fue derogada por el posterior Ejecutivo autonómico presidido por Jaume Matas (PP).
En este sentido, el vicepresidente del Govern balear y conseller de Turismo, Biel Barceló, quien en declaraciones a la prensa tras la aprobación del impuesto se ha mostrado «muy satisfecho», ha apuntado que por su derogación se han perdido «1.000 millones».
Ha puesto en valor «el amplio consenso alcanzado» y ha calificado este momento de «importante», mientras ha señalado que aún queda pendiente poner en marcha el reglamento y la comisión que garantice que la finalidad del impuesto turístico se cumpla.
Ha negado que esta ecotasa afecte al turismo de las islas, que dependerá más de otro tipo de políticas, como sí alude la principal patronal hotelera de Baleares, la FEHM.
La presidenta de la Federación Empresarial Hotelera de Mallorca, Inmaculada Benito, ha reiterado a los medios su oposición al impuesto tras su aprobación en el Parlament, que ha calificado de «decisión errónea» porque «tendrá efectos en la competitividad de Baleares en el corto, medio y largo plazo» y lo notarán ya a partir de esta temporada el sector de la oferta complementaria.
«Lamentamos una vez más que la política turística se siga haciendo a espaldas del sector empresarial y no se reconozca a las empresas como generación de riqueza, empleo y valor social», ha afirmado.
El GOB, la principal entidad ecologista de Baleares, considera que el nuevo impuesto turístico supone «una oportunidad perdida» para implantar una tasa con «verdadera intención de paliar e incluso revertir los impactos que tiene el monocultivo masivo turístico».
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