El paquetazo rojo

Por: Víctor Álvarez R. 

En este artículo vamos a analizar los anuncios del presidente Nicolás Maduro para derrotar la hiperinflación y recuperar la capacidad adquisitiva de los salarios en Venezuela. Lo haremos examinando la coherencia de las medidas aprobadas con los objetivos que se persiguen y destacaremos lo que faltó en los anuncios gubernamentales.

El presidente prometió disciplina fiscal, cero déficit y no más emisión de dinero inorgánico para financiar unas empresas públicas que no generan recursos ni para pagar sus nóminas. Sin embargo, las medidas anunciadas agravan el déficit fiscal al reducir los ingresos y aumentar los gastos, lo que pone en entredicho su propuesta para frenar el alza de los precios. Una estrategia antiinflacionaria viable y creíble incluye al menos las siguientes acciones:

Reactivar la producción

Como el producto más caro es el que no se consigue, hay que comenzar por una política de reactivación agrícola e industrial que ayude a generar una creciente oferta de los productos que son imprescindibles para satisfacer las necesidades básicas y esenciales de la vida cotidiana y de la producción.

Esta política de reactivación productiva debe contemplar la eliminación de los rígidos controles de cambio y de precios que estrangulan la producción, garantizar la seguridad jurídica y el respeto a los derechos de propiedad, también el financiamiento al capital de trabajo, incentivos fiscales a las nuevas inversiones, suministro de insumos básicos al sector transformador e, incluso, un programa de incentivos para la repatriación de profesionales, técnicos y gerentes que se fueron a trabajar a otros países. Pero nada de eso se dijo.

Disciplina fiscal

Para sofocar la hiperinflación es clave una reforma fiscal bien pensada, con las medidas adecuadas, aplicadas en la secuencia lógica. En una economía que se ha contraído el 50% en los últimos cinco años, y donde la hiperinflación ha devorado el poder de compra, resulta contraproducente cargar sobre el sector privado, ya sean personas o empresas, las maniobras para cerrar la brecha fiscal.

Aumentar el IVA, aplicar nuevos impuestos a las transacciones financieras o acelerar la frecuencia con la que se recaudará el ISLR (Impuesto sobre la Renta) son medidas inocuas porque se aplican sobre una población empobrecida y sobre una base imponible cada vez más exhausta y pequeña. Esta recaudación no va a compensar lo que el fisco dejó de percibir al exonerar de pago del ISLR a PDVSA, sus filiales y las empresas mixtas y, por el contrario, contraerá aún más la demanda agregada y la producción.

Lo correcto sería comenzar por eliminar las exenciones y exoneraciones innecesarias, reducir el gasto público superfluo –entre ellos el gasto militar–, eliminar los ruinosos subsidios como el de la gasolina y sustituir los ineficientes subsidios indirectos a los bienes y servicios por subsidios directos a las familias pobres para que estas puedan pagar el ajuste que luego se haría de las tarifas de electricidad, agua, gas, etc. De esta forma, las empresas públicas que prestan estos servicios podrían generar ingresos que al menos les permita pagar la nómina y cubrir los costos de mantenimiento. De lo contrario, vamos al colapso total de los servicios públicos.

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Erradicar el financiamiento monetario

La financiación del déficit de PDVSA, Corpoelec, Hidros, Metro y demás empresas públicas significa inyectar a la circulación doméstica un torrente de dinero que no tiene su correspondiente respaldo en un aumento de la producción y, por lo tanto, atiza cada vez más la hiperinflación. En una economía contraída que cada vez produce menos, poner a circular mucha plata que sale a comprar bienes escasos se traduce en un alza de los precios.

Así, cualquier ciudadano de a pie sabe que el nuevo cono monetario de bolívares soberanos rápidamente irá perdiendo su poder adquisitivo y no generará ninguna confianza como reserva de valor. La gente tratará de deshacerse cuando antes de unos billetes que la semana que viene comprarán mucho menos y este aumento en la velocidad de circulación del dinero ejerce una presión en los precios tan brutal como la que ejerce la emisión monetaria.

Incremento salarial y productividad 

Nicolás Maduro fijó el salario mínimo en 1.800 bolívares soberanos. En bolívares viejos esto significa un aumento de 5,2 millones a 180.000 millones de bolívares. ¿Con qué recursos va a pagar un gobierno deficitario el aumento salarial y el bono de reconversión monetaria a tres millones de empleados públicos? Seguramente los pagará con nuevas emisiones de petros y soberanos.

Pero surge otra pregunta: ¿con qué fondos los van a pagar las empresas privadas? El gobierno ha ofrecido asumir por 90 días el diferencial salarial de la pequeña y mediana industria, pero no incluyó al sector comercio, servicios, construcción, etc. En una economía que se ha contraído el 50% en los últimos cinco años, las pequeñas, medianas y grandes empresas han sufrido un desplome de sus ventas y sus márgenes de ganancia y rentabilidad.

Cada vez son más las que terminan el mes con pérdidas y actualmente están resistiendo para no cerrar. Estos aumentos alteran la estructura de costos e inevitablemente tienen que trasladarse a los precios. Si los rígidos controles de precios no lo permiten, entonces se causan pérdidas, la actividad económica se hace inviable, quiebran las empresas, cae la producción, se agrava la escasez y vuelven a subir los precios. Así, las familias que viven de un ingreso fijo, nominalmente ganarán más dinero pero realmente podrán comprar menos bienes y, al final, quedarán en una situación mucho peor.

Este círculo vicioso se agrava cada vez que se decreta un aumento salarial que no está respaldado por aumentos en la productividad. Si la mejora en la capacidad adquisitiva no tiene su contrapartida en una mejora en la producción, este desequilibrio ejercerá una presión al alza de los precios que crecerán en un porcentaje mayor al aumento de los salarios.

Tales aumentos son pura ilusión monetaria, pan para hoy y hambre para mañana. Si los precios se desquician después de cada aumento salarial y los hogares quedan en una situación peor, es preferible que el gobierno no suba más el sueldo y más bien se dedique a diseñar una estrategia antiinflacionaria, con las medidas correctas, aplicadas en su secuencia lógica y al ritmo adecuado para así poder sofocar la hiperinflación.

El Gobierno reconoce el valor del dólar en el mercado negro

Cada petro tiene como respaldo un barril de petróleo y su valor se moverá al ritmo que fluctúe el precio del crudo. La tasa de cambio se fijó en 3.600 bolívares por petros y se calculó el precio del petróleo en 60 $/b. Dividan 3.600 entre 60 y obtendrán una tasa de cambio implícita de 60 BsS/$. Como nadie tiene petros en su bolsillo para comprar dólares, 60 BsS será lo que habrá que pagar por cada dólar. Como la tasa de cambio de bolívares soberanos por petros se presume fija en 3.600, a medida que suba el precio del barril, menor será la tasa de cambio de BsS/$.

Por ejemplo, si el petróleo sube de 60 a 70 $/b, al dividir 3.600 BsS/70$ la tasa de cambio implícita baja de 60 a 51.42 BsS/$. Pero si el petróleo se hunde y cae a 25 $/b, el precio implícito del dólar subirá de 60 a 144 BsS. Veamos esto en los bolívares viejos (BsF). Si al valor del petro en bolívares soberanos (que es 3.600) le agregamos los cinco ceros que se le quitaron al BsF, resulta una cifra de 360.000.000 BsF.

Y si esta cantidad la dividimos entre 60 dólares –que es más o menos el precio estimado del petro en dólares–, entonces 360.000.000 BsF/60$ nos da una tasa de cambio de 6.000.000 de BsF/$. Esto quiere decir que el gobierno dio tremenda vuelta para finalmente reconocer la tasa de cambio del mercado negro fijada por su archienemigo, el portal Dolar Today.

En comparación con la tasa de cambio derivada de la última subasta Dicom que fue de 248.382 BsF/$, estos 6.000.000 BsF/$ resultan ser una tasa de cambio mucho más atractiva para estimular el ingreso en divisas a través de la inversión extranjera, repatriación de capitales, exportaciones privadas, turismo internacional y remesas.

Incluso, es más alta que la tasa oficial fijada para las remesas que, al momento de hacer estos cálculos, había quedado en 4.000.000 BsF/$. Esta medida significará un alivio para las finanzas de la deteriorada PDVSA, que por años se vio obligada a rematar su menguado ingreso en divisas a las bajas tasas que arbitrariamente le impuso el gobierno.

Al obtener 24 veces más bolívares por cada petrodólar podrá pagar una nómina de 144 mil trabajadores y ponerse al día con proveedores y contratistas sin tener que endeudarse nuevamente con el Banco Central de Venezuela, que le inyecta recursos a través de emisiones de dinero sin respaldo, práctica que se mantendrá para financiar el déficit de las demás empresas públicas que no facturan en dólares, sino en moneda nacional y, además, están sometidas a cobrar bajas tarifas y precios que no les permiten levantar recursos para pagar la nómina y mucho menos para financiar los gastos de mantenimiento

El anclaje del bolívar soberano al petro

En cuanto al anclaje del bolívar soberano al petro, la única relación que hasta ahora podemos analizar es la que se deriva de establecer una tasa de cambio fija de 3.600 BsS/P. Si el Bs.S se hubiese anclado a una divisa sólida como el dólar o el euro, la tasa de cambio no estaría sometida a las profundas fluctuaciones del precio del petróleo y esto preservaría de mejor forma el poder adquisitivo del nuevo signo monetario nacional.

Adicionalmente, la medida de anclar el Bs.S al petro requiere un compromiso creíble y verificable de no emitir moneda nacional para financiar el déficit de las empresas públicas. Si se tiene en cuenta que las medidas del gobierno agravan el déficit fiscal, toda vez que disminuyen los ingresos y aumentan los gastos, la promesa del anclaje es poco creíble.

El saldo neto de exonerar del pago de ISLR a PDVSA, filiales y empresas mixtas y, simultáneamente, aumentar salarios y otorgar un bono de reconversión a tres millones de empleados públicos, es negativo y mantendrá la inercia de emitir dinero inorgánico para poder cubrirlo. Según la experiencia internacional, la clave del éxito de cualquier anclaje monetario depende de la fortaleza del ancla y de la disciplina fiscal.

Si estas condiciones no se cumplen, la marea deficitaria terminará arrastrando un ancla de poco peso como el petro, y el gobierno retomará en breve la práctica de cubrir su creciente déficit con nuevas emisiones de bolívares soberanos de mayor denominación y, en cuestión de meses, veremos otra vez billetes de 10 mil, 20 mil, 50 mil y hasta 100 mil Bs.S, tal como pasó con el bolívar fuerte.

Coexistirán unidades de cuenta para medir precios 

En cuanto a la coexistencia de dos sistemas contables, esto sugiere que habrá dos listas de precios: una en petros que se mantendrá más o menos estable y otra en su equivalente en Bs.S, que aumentará al ritmo que aumente la emisión de Bs.S para financiar el déficit de las empresas públicas.

Dicho de otra forma, el petro funcionará como una unidad de cuenta para anclar los precios. Es como si se fijaran simultáneamente los precios en Unidades Tributarias (UT) que se mantienen constantes –que en este caso serían los precios en petros–, pero estos precios se pagan en su equivalente en BsS que sí cambian frecuentemente.

Como el precio en UT se mantiene constante y lo que cambia es su expresión en bolívares, se crea entonces la impresión de que los precios en petros no suben, aunque sí suban en bolívares. Como las monedas y billetes rápidamente pierden su poder de compra, las personas y empresas van a preferir que se les pague en petros, cuyo poder de compra perciben más estable.

Esto generará una creciente demanda de petros que, a la larga, dará origen a una nueva reforma monetaria. Si no se reactiva la producción agrícola e industrial, si no se implanta una rigurosa disciplina fiscal y si no se erradica la emisión de dinero para financiar el déficit de las empresas públicas, el nuevo bolívar soberano tiene los días contados y, en menos de un año, será sustituido por una nueva familia de monedas y billetes denominada petros.

Los subsidios tienen por objeto mejorar las condiciones de vida de las familias más vulnerables y requieren una administración adecuada para evitar que su mala aplicación agrave la desigualdad. Pero en Venezuela los subsidios son parte de una cultura rentista que pretende vivir de ingresos que no son fruto del trabajo. Cuando los subsidios benefician a pobres y ricos por igual, se comete una injusticia redistributiva ya que los más pudientes no necesitan que se les subsidie nada.

El aumento de la gasolina 

Esto exactamente es lo que pasa con el subsidio a la gasolina que, al aplicarse de manera indiscriminada, termina privilegiando a grupos sociales que no lo necesitan, mientras que los que no tienen carro y nunca van a una estación de servicio a llenar un tanque, no se benefician para nada de la gasolina barata.

Por el contrario, están condenados a sufrir un sistema de transporte público que es una calamidad. El ciudadano de a pie es cada vez más consciente de que el bajo precio de la gasolina beneficia sobre todo a los contrabandistas que han llegado a sacar más de 100 mil barriles diarios de combustible, según la información suministrada por el propio Ministerio de Petróleo y PDVSA.

Si cada barril contiene 159 litros y cada litro tiene un precio de al menos un dólar en el marcado internacional, esto equivale a 15 millones 900 mil dólares que se pierden diariamente por el contrabando. Anualmente, la pérdida acumulada supera los 5 mil millones de dólares. Erradicar el contrabando de extracción pasa por ajustar el precio de la gasolina a los niveles internacionales, siempre y cuando un porcentaje de las ganancias sea destinado a modernizar y ampliar el sistema de transporte público en todos y cada uno de los 335 municipios del país.

Así, el aumento de la gasolina, en vez de perjudicar a la población más vulnerable, más bien sería la fuente de recursos para mejorar y dignificar sus condiciones de transporte. Eso sí sería una verdadera medida de justicia redistributiva, toda vez que el costo lo pagarían los contrabandistas y, en el peor de los casos, las empresas y familias que tienen varios carros.

El resto de las ganancias deberían destinarse a financiar un esquema de subsidios directos a los hogares pobres para que con este dinero puedan pagar luego hay que sincerar tanto el precio de los combustibles como el de las tarifas de servicios públicos de electricidad, agua y gas que están a punto de colapsar porque con las tarifas actuales no generan recursos ni siquiera para pagar la nómina.

Sincerar el precio de la gasolina ayudaría a aliviar las deterioradas finanzas de PDVSA y a corregir su descomunal déficit que, como ya lo hemos dicho, se financia con emisiones de dinero inflacionario por parte del Banco Central de Venezuela, propagando la voraz hiperinflación que azota a los hogares, empresas e instituciones venezolanas.

Un precio internacional erradicaría el contrabando de extracción, le permitiría a PDVSA cubrir los costos y generar una creciente ganancia que sería invertida en la modernización del sistema de transporte público y en el financiamiento de los subsidios directos a la población más vulnerable.

Sin embargo, el gobierno piensa distribuir la gasolina subsidiada a través del Carnet de la Patria y quienes no se sometan a este instrumento de control social y dominación política tendrán que comprarla más cara por otras vías. Si se mantiene un precio altamente subsidiado se prolongarán los incentivos perversos para especular (bachaquear) con la gasolina barata en el mercado interno y para seguir sacándola de contrabando hacia los países vecinos, alimentando así las mafias que han hecho del contrabando de gasolina un negocio más rentable que el narcotráfico.