Durante los últimos años se han destapado escándalos económicos que han perjudicado la imagen de la Santa Sede. El papa Francisco decidió trasladar la gestión administrativa de los fondos de la Secretaría de Estado, a cargo del cardenal Pietro Parolin, a la Administración del Patrimonio de la Sede Apostólica, presidida por Nunzio Galantino.
El pontífice le comunicó a Pietro Parolin la decisión el 25 de agosto mediante una misiva. Su objetivo es llevar a cabo una reforma que permita una mejor organización y que la actividad económica sea más “evangélica, transparente y eficiente”.
400 millones de euros
La voluntad del papa es evitar que continúen hechos que dañan la reputación de la Iglesia, como los escándalos en la compra de un inmueble en un barrio lujoso de Londres con fondos del Vaticano y el dinero desviado al fondo de inversión Centurion Global Found en Malta. La adquisición del edificio en Sloane Avenue, en la zona de Chelsea, ha creado una brecha de 400 millones de euros en las arcas de la Santa Sede.
“Merecen especial atención las inversiones realizadas en Londres y el fondo Centurion, del que debemos salir lo antes posible o, al menos, disponer de ellos de forma que se eliminen los riesgos reputacionales”, recalcó Francisco en la carta a Parolin.
El pontífice convocó una reunión con Nunzio Galantino y Pietro Parolin. También asistiron el sustituto de la Secretaría de Estado, Edgar Peña Parra; Fernando Verguez, secretario general de la gobernación de la Ciudad del Vaticano; y el prefecto de Economía, el padre Juan Antonio Guerrero. El objetivo era iniciar la transición de la administración de fondos.
El pontífice nombró una “comisión de paso y control” con entrada en vigor “de inmediato” con el objetivo de garantizar el traspaso de la gestión administrativa de fondos en los “próximos tres meses”.
Corrupción en la Santa Sede
El escándalo de la compra de un edificio en el barrio lujoso de Chelsea, en Sloane Avenue, que ha supuesto una pérdida de 400 millones al Vaticano, estalló en octubre de 2019. Fueron detenidas cinco personas. Mauro Carlino, jefe de oficio de la Secretaría de Estado de Información y Documentación; Tomasso Di Ruzza, director de la Autoridad e Información Financiera; Vincenzo Mauriello y Fabrizio Tirabassi, funcionarios de la Secretaría de Estado, y Caterina Sansone, empleada administrativa de la Secretaría de Estado.
Otro de los nombres implicados en la trama es el financiero italiano Gianluigi Torzi, a quien la fiscalía vaticana acusa de extorsión, malversación, fraude agravado y blanqueo de capitales (al igual que a los otros cinco investigados). Torzi fue el intermediario de la operación del edificio número 60 de Sloane Avenue.
Becciu, el último en dimitir ante Francisco
El caso del inmueble londinense aún no ha finalizado. Las investigaciones y las declaraciones de los acusados ante la justicia vaticana siguen sucediéndose. Además, de haber sido suspendidos de sus cargos.
Sin embargo, el pasado 26 de septiembre, Angelo Becciu, ex sustituto de la secretaría de Estado de 2011 a 2018 y prefecto de la Congregación para las causas de los Santos, presentó su dimisión como cardenal. Había perdido la confianza del papa Francisco y se rumoraba que era investigado por malversación de fondos por su vinculación con la compra del edificio del barrio de Chelsea.
Becciu estaría envuelto en más casos sospechosos de corrupción que atañen a los fondos de la Santa Sede. Por ejemplo, el desvío de 100.000 euros en forma de donación a negocios gestionados por sus hermanos. L’Espreso publicó que el excardenal había montado una cadena de corrupción para enviar dinero a ‘fondos especulativos’. El diario La Stampa lo acusa de destinar 250 millones a una petrolera en Angola.
Francisco desea un administración transparente
La acusaciones a cardenales encargados de instituciones económicas han acelerado la renovación y reestructuración de los altos cargos en el Vaticano.
Francisco quiere una política económica transparente, y acabar con los casos de corrupción para restaurar la imagen de la Santa Sede.
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