Por María Jesús Hernández
07/08/2016
ary Crant, Bette Davis, Clark Gable, Lauren Bacall… hasta el presidente Ronald Reagan estaba en la larga lista de personalidades en nómina de las tabacaleras. Pero no sólo los actores prestaban sus servicios entre la década de los 30 y los 50, también médicos y dentistas alababan las cualidades de los cigarrillos para calmar la ansiedad, bajar de peso y proporcionar energía. De la mano de Hollywood, la estrategia de la industria tabaquera multiplicó sus efectos y fumar se convirtió en un acto de distinción y cotidianidad. Hoy, esta fotografía es muy distinta. De Los Chesterfield dejan un gusto tan fresco y limpio en mi boca se ha pasado a Fumar puede ser causa de una muerte lenta y dolorosa. Seis décadas, un conocimiento mayor sobre los efectos mortales del tabaco y legislaciones cada vez más ambiciosas separan ambos mensajes. Las todopoderosas multinacionales del tabaco pierden la batalla. Hablan las cifras.
Fue el pasado 2015 cuando España marcó el récord mínimo de consumo de cigarrillos. Según las estadísticas de Hacienda, se vendieron 2.144 millones de cajetillas, la mitad que antes de que se pusiera en marcha la Ley Antitabaco y la cifra más baja desde que se iniciara la serie histórica en 1995 (no se contempla la picadura de liar). También el porcentaje de fumadores ha bajado cuatro puntos en dos años. Actualmente está en un 23,9%.
Ante estos datos, Juan Páramo, portavoz de la Mesa del Tabaco –que reúne a los representantes del sector–, reconoce que “las leyes antitabaco han modificado el comportamiento de los fumadores, que han visto reducidas las oportunidades para consumir el producto. Desde 2008, el mercado de cigarrillos en volumen se ha reducido prácticamente a la mitad”. Aún así, destaca la incidencia que ha tenido la fuerte subida de los impuestos que gravan el consumo de estos productos (la presión fiscal sobre la nicotina ha crecido un 600% en los últimos 25 años) y el incremento del contrabando de tabaco.
Pone sobre la mesa que esta caída de las ventas de cigarrillos “no se corresponde con una disminución del consumo, sino que es consecuencia de un trasvase del mercado legal al ilegal”. Al cierre de 2015, el consumo de tabaco no doméstico en España (que no ha pagado sus impuestos en la península) se situó en el 9,8%, según los últimos datos de la encuesta de la consultora IPSOS.
A pesar de estas cifras, ante la pregunta sobre si estamos ante el fin de este negocio, Páramo responde que “no”. Aunque admite que operan en un entorno complejo, defiende que se trata de “un sector que genera 61.000 empleos y que a través de los impuestos es la quinta fuente de financiación del Estado y motor de la economía de regiones españolas, como Extremadura, donde del cultivo de tabaco dependen 10.000 familias”. Según datos de la Mesa de Tabaco, la recaudación fiscal atribuible a este producto representa el 1% del PIB español y el 5% de la recaudación total de la Administración General del Estado.
Son cifras de 2015 que no le acaban de cuadrar a Carlos Escolà, periodista y autor de Licencia para matar (Editoral Península). “Después del anuncio del cierre de la última planta de Altadis en Logroño (previsto para el 30 de junio) no queda ninguna fábrica de producción de cigarrillos en la península, sólo una de puritos en Cantabria –otra cosa es Canarias–, y el cierre de estancos es continuo. No me salen las cuentas, creo que estos datos están inflados”.
Escolà, que analiza la historia de este sector en España, desmitifica también la afirmación de que el tabaco aporta mucho dinero al Estado. “La industria de este producto en la relación coste/beneficio es insostenible. Economistas especializados en temas de salud dicen que los ingresos fiscales por el tabaco no llegan a la mitad de los costes que genera. Si más o menos se ingresa alrededor de 7.000 millones de euros en impuestos al año, los costes reales son de unos 13.000 millones. Por un lado están los gastos sanitarios directos (6.800 millones), por otro las pérdidas de productividad (6.000 millones) y, para finalizar, el absentismo laboral (272 millones)”.
Este periodista no es el único que cree que esta industria es insostenible. Fuera de nuestras fronteras hasta se ha llegado a augurar una fecha de defunción para el cigarrillo. Y no ha llegado de la mano de ninguna entidad médica ni de ninguna organización antitabaquista o de enfermos de cáncer. Han sido los analistas financieros de Citigroup quienes en un informe apuntan que el cigarro, como producto y como industria, desaparecerá en el Reino Unido y, en la misma línea, en el resto de países desarrollados en el año 2050.
Estos expertos manejaron numerosos datos que revelaban que el porcentaje de fumadores adultos en el Reino Unido había caído del 53% en 1960 al 21% en 2008 (en España en los últimos cuatro años ha pasado del 34% al 29%). Su conclusión: si estas tendencias continúan, en 2050 muchos mercados del tabaco se habrán reducido a cero.
Habrá que esperar para comprobar esta teoría, pero es innegable que la tendencia de consumo está a la baja y que el cerco regulativo no deja de estrecharse. La última, la directiva europea –efectiva desde el 20 de mayo– que endurece las normas relativas a la manera de fabricar, producir y presentar en la UE este tipo de productos. En el caso de España, el ministro de Sanidad, Alfonso Alonso (que fue fotografiado fumando en el interior de un bar), ha confirmado que se incumplirá el plazo para trasponerla.
Más concretamente, la nueva norma sigue la estela del empaquetado único o neutro que implantó Australia en 2012. Es decir, tiende a uniformizar la cajetilla. En el nuevo diseño, las advertencias sanitarias deberán cubrir al menos el 65% de ambas caras de los paquetes y se situarán en la parte superior. También habrá mensajes en los laterales.
A destacar: Francia, Irlanda y Reino Unido van un paso más allá y se han lanzado al empaquetado genérico al estilo australiano (un envase sin logotipos, con el mismo color, tamaño y forma, con la única distinción del nombre de la marca en letra pequeña, y un mayor espacio para las advertencias).
Desde la Mesa de Tabaco defienden que, según datos del Gobierno australiano, la implantación de esta normativa no ha aumentado el ritmo de disminución del consumo, pero sí el del tabaco ilegal, que ha pasado de un 11,5% a un 14%. También denuncian que el sector está “hiperregulado” y que “la nueva directiva convierte a las cajetillas en un soporte para mensajes sanitarios. La marca es un valor fundamental en cualquier producto y si se minimiza o se pierde su valor, probablemente el consumidor se decante por las más baratas”.
Al otro lado de esta demanda, Carlos Escolà propone una reflexión poniendo por delante que la media de edad de inicio de consumo de tabaco en España es de 13 años. “Si hoy usted quisiera comercializar un producto que genera adicción, dependencia, y que si la persona lo consume de forma regular, tendrá el doble de absentismo laboral que el resto de los trabajadores, unos costes sanitarios un 30% superiores y, como mínimo, morirá 16 años antes de lo que le toca, ¿el Gobierno le daría el permiso para comercializarlo?”.