Por Iñigo Aduriz
24/12/2015
El rodillo ha caracterizado la décima legislatura de la democracia. El PP, con su mayoría absoluta, ha aprobado numerosas leyes e iniciativas con el rechazo total del resto de los grupos parlamentarios. Pero el escenario abierto tras las elecciones generales del domingo pone fin a esa forma de hacer política, dando paso a una nueva cultura parlamentaria en la que la negociación y el acuerdo resultarán imprescindibles ya desde la propia investidura. La de los populares sigue siendo la fuerza con más peso del Congreso de los Diputados, pero la aprobación de las iniciativas ya no depende únicamente de ellos.
A partir de la constitución del nuevo Parlamento, el resto de la oposición podrá vetar las iniciativas que vengan del Gobierno, sea cual sea el color del nuevo Ejecutivo. Los grupos también podrán unirse para derogar algunas de las medidas más polémicas puestas en marcha por el Gobierno saliente presidido por Mariano Rajoy, ya que algunas de ellas causaron un especial repudio en el resto de los grupos parlamentarios.
Entre las medidas de la mayoría absoluta del PP más criticadas por la oposición han estado la Ley de Seguridad Ciudadana –la conocida como ley Mordaza–, la reforma del Código Penal para introducir la prisión permanente revisable, o la reforma del Tribunal Constitucional para perseguir a los cargos públicos que incumplan sus sentencias. Pero la norma que hizo a todos los grupos de la oposición unirse en el compromiso para derogarla una vez que los populares perdieran su mayoría absoluta es la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE), conocida como ley Wert por el nombre del ministro que la impulsó, José Ignacio Wert.
En manos de los emergentes
Los grupos ya tienen en su mano la derogación de la ley, porque además de incluirse en los programas electorales de los partidos que ya estuvieron representados en la última legislatura la anulación de la LOMCE también la contemplan los llamados partidos emergentes que han irrumpido con fuerza en el hemiciclo.
Podemos incluye textualmente la revocación de la ley y plantea promover «un amplio debate en la comunidad educativa para formular una nueva Ley de Educación que cuente con la mayor participación y el mayor respaldo posible de la comunidad educativa» con el objetivo de «poner fin a la inestabilidad del sistema educativo español que, en los últimos treinta y tres años, ha elaborado siete leyes distintas sin contar apenas con la participación de la comunidad educativa». Además, el partido que dirige Pablo Iglesias quiere que la norma busque «el desarrollo personal y social de las personas a lo largo de toda la vida».
El veto de la oposición
Aunque no está incluida específicamente así en el programa de Ciudadanos, las propuestas que plantea la formación presidida por Albert Rivera también implican de facto la derogación de la LOMCE. El partido habla de un pacto nacional por la educación, que requeriría del acuerdo de todos los partidos políticos con representación parlamentaria.
El principal reto será, por tanto, que todas las fuerzas políticas –a excepción del PP– puedan consensuar esa derogación a través de las distintas opciones que facilita el sistema parlamentario. También que los partidos cumplan con sus compromisos. Lo mismo podría ocurrir una vez se inicie oficialmente la undécima legislatura. En el caso de que finalmente Rajoy y su equipo puedan formar gobierno sus iniciativas tendrán que contar con el acuerdo de al menos otra fuerza parlamentaria. Además, la oposición tendrá en su mano vetar las medidas que no logren un importante consenso.
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