Caty Arévalo y María Tejero Martín | Efe
11/12/2015
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La cumbre del clima (COP21) de París dará a conocer en las próximas horas el esperado acuerdo global de lucha contra el calentamiento. El jueves se presentó un nuevo borrador de acuerdo, a la vista del cual las organizaciones ecologistas no tienen muchas esperanzas ya que plantea un acuerdo no vinculante y elimina el objetivo de reducción de emisiones para el año 2050.
El nuevo documento, en el que prácticamente han desaparecido los corchetes (apenas quedan 48 frente a los 365 que tenía anoche), ya tiene «la forma» del acuerdo legal que preven adoptar mañana 195 países más la Unión Europea, según expertos consultados por Efe.
El texto posee 27 páginas, de las que 12 corresponden al pacto en sí y 15 a una decisión que lo desarrolla, y supone «un progreso», según indicó el presidente de la reunión, el ministro francés de Exteriores, Laurent Fabius, quien no obstante reconoció que aún quedan puntos conflictivos por cerrar, entre los que destacó la ambición del acuerdo, la diferenciación entre países ricos y pobres, y la financiación para estos últimos.
El preámbulo del acuerdo ha quedado «ordenado» y está prácticamente cerrado, según indicó a Efe la jefa de la delegación venezolana, Claudia Salerno, responsable de facilitar las negociaciones del mismo.
El preámbulo señala que el pacto debería guiarse por «responsabilidades comunes pero diferenciadas» en combatir el cambio climático y tener en cuenta las necesidades de los países en desarrollo y de los más vulnerables, también menos responsables de haber causado el problema.
El acuerdo en sí se propone como objetivo mantener la temperatura del planeta por debajo de dos grados respecto a niveles preindustriales y perseguir que no aumente más de 1,5 para evitar los peores impactos del cambio climático.
En cuanto a sus objetivos a largo plazo, los países se comprometen a «poner pico a sus emisiones tan pronto como sea posible» y a alcanzar la neutralidad en emisiones de gases de efecto invernadero en la segunda mitad de siglo, o dicho con otras palabras, a no lanzar más gases contaminantes de los que el planeta pueda absorber.
Desaparece la referencia a fijarse un objetivo de reducción de emisiones para 2050, como pretendía la Unión Europea, y también la alusión a lograr la descarbonización de las economías en 2100.
Propone asimismo que los países deban presentar contribuciones nacionales de reducción de emisiones cada cinco años y que estas no sean menos ambiciosas que las presentadas en 2015.
En uno de los apartados más delicados, el de la financiación de la lucha contra el cambio climático, se han logrado claros avances, aunque cuestiones fundamentales siguen abiertas, como si se exigirá que los recursos financieros que tendrán que poner los países desarrollados sobre la mesa son «nuevos», «adicionales», «gradualmente al alza» u otras opciones.
Se ha optado por recalcar que los países desarrollados deberán «tomar el liderazgo» a la hora de movilizar y facilitar la financiación climática, a la vez que se subraya que los fondos públicos tendrán un «papel significativo» dentro de los «esfuerzos compartidos por todas las partes».
También señala que los países desarrollados deberán movilizar un mínimo de 100.000 millones de dólares anualmente a partir de 2020 para la adaptación al cambio climático de los en desarrollo, y que estos últimos podrán aportar fondos «voluntariamente».
Además, el texto propone que los países desarrollados tengan que comunicar cada dos años información concreta sobre sus esfuerzos en financiación climática.
Por otra parte, se ha reforzado el apartado de transferencia y desarrollo tecnológico y se ha aclarado que los países desarrollados «deben dar apoyo, incluido financiero», a esta cuestión.
El texto también subraya una cuestión importante: la falta de conocimiento científico en alguna área no podrá ser una excusa alegada por los países para no actuar frente al calentamiento.
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