Las aspiraciones de los aborígenes a tener una voz constitucionalmente reconocida tuvieron un fuerte revés. La mayoría de los australianos votó NO en un referéndum. Que a los inmigrantes les cueste que les reconozcan derechos en los países a los cuales arriban es común, pero que les ocurra a los pobladores que tienen miles de años pareciera un sinsentido.
Los aborígenes australianos demandan que se les reconozca en la constitución mediante la creación de un organismo para asesorar sobre asuntos que afectan a los aborígenes y a los isleños del Estrecho de Torres. El organismo, conocido como la “Voz Indígena”, ofrecería asesoramiento no vinculante al Parlamento y al Ejecutivo sobre asuntos como la atención sanitaria y la educación.
Aborígenes una minoría
Los indígenas constituyen apenas el 3,8% de la población australiana, pero los estudios indican que tienen 60.000 años habitando ese territorio. Pero desde el arribo de los colonos han sido históricamente relegados. Con la firma de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas en 2009 por parte de las autoridades del país, parecía que comenzaba un giro favorables a los pueblos originarios. En la mencionada declaración Australia reconoce que los aborígenes tienen derecho a participar en la toma de decisiones en asuntos que afecten sus derechos, y que los gobiernos deben consultar con ellos antes de promulgar leyes que les afecten.
No obstante, hubo que esperar 8 años hasta el 2017 para se suscribiera la Declaración de Uluru. Un documento presentado por los pueblos indígenas de Australia, en el que pidieron un mayor reconocimiento y respeto por sus derechos y cultura. La declaración fue presentada en la Convención Constitucional Nacional y se basa en tres recomendaciones principales: el establecimiento de una Voz de los Pueblos Indígenas, el establecimiento de un Comisionado de la Verdad y la Reconciliación, y el compromiso del gobierno australiano para trabajar en colaboración con los pueblos indígenas para desarrollar políticas y programas que aborden las desigualdades y la discriminación.
Justas aspiraciones
Con el referéndum se buscaba darle un piso legal a estas justas aspiraciones de los aborígenes. Para los defensores de los pueblos originarios someter a votación la cuestión de si se debe reconocer legalmente a los indígenas, como si sus derechos fuesen opcionales, es, en el mejor de los casos muestra de una gran insensibilidad. Son estos pobladores quienes sufren las tasas más altas de suicidio, violencia doméstica y encarcelamiento que el resto de la población australiana. Además, un número desproporcionado muere bajo custodia policial. Especialmente en las zonas remotas y rurales del país.
Las comunidades con grandes poblaciones de aborígenes e isleños del Estrecho de Torres votaron abrumadoramente a favor del referéndum. Marion Scrymgour, diputada del Partido Laborista que representa a Lingiari, en el Territorio del Norte declaró a The Guardian que, si la gente del sur hubiera visto lo que votaban los aborígenes del norte, “quizá el resultado habría sido distinto». El 40% de los electores de Scrymour son indígenas, y el 74% de los habitantes de las zonas más remotas de la división votaron Si en el referéndum
Voz rechazada
La propuesta fue rechazada. Los parlamentarios laboristas creen que la campaña a favor del referéndum no logró llegar a las áreas suburbanas o regionales. El 60,4% de los votantes se puso del lado de una campaña por el «No». Varios factores influyeron. La población está mayoritariamente formada por descendientes de los colonos. Los activistas conservadores pasaron meses animando a votar «No», en lugar de informar más a los votantes que no estaban familiarizados con la propuesta.
Fue una campaña que engañó al público sobre cómo se aplicarían las nuevas políticas. Preguntaban por los detalles, a sabiendas de que sería el Parlamento el que determinaría la aplicación exacta después de la votación. Incluso argumentaron que aprobar el referéndum sería «constitucionalmente arriesgado» y dividiría al país por razas al introducir el concepto en la Constitución.
Un punto que rebatieron los expertos. Para quienes el tema racial lamentablemente está presente en la Carta Magna, y no de la mejor manera. Decenas de expertos constitucionales y catedráticos firmaron una carta a principios de mes en la que explican que la Constitución original se aprobó por referéndum en cada una de las colonias. Pero muchas personas, entre ellas mujeres, aborígenes e isleños del Estrecho de Torres y personas sin propiedades, “tenían un derecho de voto limitado o nulo».
«Los redactores de la Constitución (que eran todos hombres blancos) incluyeron el concepto de ‘raza’ en la Constitución, pretendían que el nuevo Parlamento de la Commonwealth aprobara leyes que discriminen a las personas por motivos de raza. Pretendían aplicar la Política de la Australia Blanca, por la que los derechos de los australianos blancos recibían un trato preferente en relación con la inmigración, el empleo y la circulación. Por ello, estemos o no de acuerdo en que la Constitución debe seguir incorporando este concepto, es un error enmarcar la Voz como la introducción de una división racial en la Constitución. La división racial siempre ha estado ahí».
Semana de silencio
Grupos como el Central Land Council y el Central Australian Aboriginal Congress afirmaron que la votación representó «una amarga ironía». Su primera reacción fue convocar una semana de silencio para que los australianos reflexionen sobre el papel del racismo y los prejuicios contra los pueblos originarios.»Que personas que sólo llevan 235 años en este continente se nieguen a reconocer a aquellos cuyo hogar ha sido esta tierra durante 60.000 y más años, va más allá de lo razonable», asentaron.
El primer ministro Anthony Albanese, celebridades, destacados jueces jubilados y universidades estuvieron entre los que respaldaron la campaña para reconocer formalmente a los pueblos indígenas. Ante el negativo resultado, el gabinete federal se está reuniendo para discutir los próximos pasos para abordar la desventaja indígena. Altas figuras del gobierno respaldan un mecanismo de escucha provisional para brindar asesoramiento directamente al primer ministro.
Cuando se le preguntó a Albanese si el Partido Laborista todavía estaba comprometido con la declaración de Uluru (voz, verdad y tratado), se limitó a responder: “Tuvimos un referéndum y no tuvo éxito. Respeto el resultado”. Se desconoce cómo planea abordar problemas clave como las tasas de encarcelamiento, de suicidio y de esperanza de vida, las materias estructurales que afirmaba que solo podían abordarse a través de un mecanismo como la Voz.
Australia en deuda con sus aborígenes
El revés del referéndum mantiene el compromiso asumido por Australia ante la ONU y la Declaración de Uluru en el limbo. Para Daniela Gavshon, directora del grupo en ese país «es una lacra de la historia de Australia que sucesivos gobiernos de distinto signo político no hayan defendido los derechos de los pueblos de las Primeras Naciones».
No obstante, la derrota puede hacer que el enfoque cambie hacia la voz estatal y los acuerdos de tratados, en lugar de los procesos nacionales. Varios estados están avanzando en ese sentido. El gobierno estatal anunció que la voz de Australia del Sur continuará. Mientras que Nueva Gales del Sur también se pronunció en ese sentido. La Primera Asamblea de los Pueblos de Victoria dijo que una voz nacional habría mejorado su trabajo, pero que los procesos de tratados estatales continuarían.
El líder de los Verdes, Adam Bandt, y la portavoz del partido de las Primeras Naciones, Dorinda Cox, pidieron que el gobierno establezca una comisión nacional de verdad y justicia para “trabajar junto con y en apoyo de los procesos de búsqueda de la verdad a nivel local y estatal para ayudar a iniciar procesos en regiones y estados donde no existen”.
Marcus Stewart, líder de la campaña a favor del Sí, expresó que el resultado del referéndum había causado dolor en las comunidades indígenas. Sin embargo, puso de relieve los problemas urgentes que enfrentan los aborígenes y los isleños del Estrecho de Torres. Los votantes esperan que los políticos aborden estos problemas de manera más efectiva.