Por Cambio16
23/05/2018
La última de las leyes del gobierno de Nicolás Maduro hecha a medida para reprimir a la prensa crítica ahora va por El Nacional. El diario, el principal de los pocos medios críticos al gobierno que quedan en el país caribeño, ha sido objeto de varias acciones del régimen en busca que doblegar su línea editorial. La última de ellas tuvo lugar ésta semana (22 de mayo).
El órgano regulador de medios del gobierno venezolano, Conatel, inició un «proceso administrativo sancionatorio» a El Nacional. Fundamentalmente, según un escrito difundido por el propio diario, por «promover el odio» y «desconocer a las autoridades legítimamente constituidas». Dos acusaciones realizadas a dos días de los comicios realizados en el país el 20 de mayo, criticados por los países latinoamericanos del Grupo de Lima, la OEA, la UE, EEUU y el G7, entre otras instancias, por su carácter fraudulento y antidemocrático.
Puntualmente, la medida de Conatel fue en contra de El Nacional Web, medio digital de la firma. La plataforma fue acusada por el gobierno de «difundir mensajes que desconocen a las autoridades legítimamente constituidas». Ésto, basándose en la ley regulatoria de medios electrónicos vigente en el país caribeño, conocida como ‘Ley Resorte’. Pero, especialmente relevante, el comunicado de Conatel acusa a El Nacional de «incitar y promover el odio». Puntualmente basándose en el artículo 14 de la «Ley Contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia».
El Nacional, el nuevo objetivo de la «ley anti-odio» de Maduro
Conatel inicia procedimiento administrativo sancionatorio al “El Nacional Web”
por el presunto incumplimiento del artículo 27 de la Ley de Responsabilidad Social en Radio, Televisión y Medios Electrónicos.https://t.co/AbHEMaf83S pic.twitter.com/fYpaHXJIqq
— Conatel Venezuela (@Conatel) May 22, 2018
Con la medida, precisa el comunicado, Conatel resolvió «con carácter provisionalísimo, la aplicación de la medida cautelar nominada. Dirigida a abstenerse de publicar noticias y mensajes que puedan atentar contra la tranquilidad de la ciudadanía», so pena de multas u otras sanciones. El Nacional tiene diez días hábiles «para exponer sus alegatos y defensas» y cinco «para oponerse a la medida acordada», según el comunicado del organismo regulador.
Así, El Nacional entra en la lista de los medios atacados por la «ley anti-odio». Una de las más recientes leyes aprobadas por la asamblea constituyente pro-gobierno y que, desde su «promulgación», el 8 de noviembre de 2017, ha servido de instrumento para atacar a la prensa libre y crítica a la crisis del país, la corrupción o los abusos del Gobierno venezolano.
Este nuevo «instrumento» se utilizó por primera contra una organización de noticias venezolana el 30 de enero de este año. En específico, contra el Diario Región. Un periódico que circula en el estado oriental de Sucre. Bajo sus postulados, su editora fue apresada e interrogada por agentes del gobierno, luego que se publicara en sus páginas un artículo de opinión -con autoría, paradójicamente, del Partido Comunista de Venezuela, uno de los partidos que apoyó a Maduro en el reciente proceso comicial- que advierte que una severa crisis económica ha puesto al país al borde de una explosión social. El caso aún está «en investigación», lo que ha mantenido al medio en la mira oficial desde entonces.
«Orientar a los medios»
Tras este precedente, periodistas y medios venezolanos han denunciado que casos como éste sea una indicación de cómo el gobierno cada vez más autoritario de Nicolás Maduro usará la ley para silenciar a las organizaciones de noticias independientes. Asimismo, para «orientar» a los medios por Internet, que hasta el momento no tienen regulación. Como ahora lo intentan con El Nacional.
La ley anti-odio exige penas y penas de prisión de hasta 20 años para cualquier persona que instigue el odio o la violencia. Ya sea en radio, la televisión, la prensa escrita o las redes sociales. Asimismo, permite que el gobierno de revocar licencias o bloquear páginas web de cualquier toma de corriente que comparte mensajes que el gobierno considera promover el odio o la intolerancia.
Y también al ciudadano…
Pero además, no sólo aplica para los medios. El gobierno ha utilizado, o amenazado con usar, la ley para castigar a los ciudadanos. Puntualmente, a los que expresan opiniones que pinten mal al gobierno de Maduro.
Un trabajador del Metro de Caracas, Wuilis Florentino Rodríguez, fue despedido por quejarse en Facebook. En medio de la hiperinflación y el colapso de la moneda local, el trabajador dijo que su salario era tan pequeño que ya no podía comprar detergente para lavar su uniforme. Seis días después, recibió una carta de César Ramón Vega, presidente del Metro de Caracas. En la misiva explicó que fue despedido por violar los estándares de ética del metro. Así como la ley contra el odio.
Y en un discurso, Maduro amenazó con utilizar la ley contra el odio en dos sacerdotes católicos. Ésto, por quejarse en sus homilías sobre la escasez de alimentos, la desnutrición infantil y la corrupción gubernamental. En su respuesta, Maduro reprendió a los sacerdotes. Principalmente llamándolos «diablos en sotanas».
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