El legado judicial de UPyD

Por Iñigo Aduriz
08/11/2015

Ha sido ensalzada y criticada a la vez por «judicializar» la política. Unión, Progreso y Democracia (UPyD) ha llegado al final de la legislatura en uno de sus momentos más delicados. Por un lado, por la crisis interna oficialmente superada que se escenificó durante el congreso extraordinario celebrado en julio que encumbró a Andrés Herzog como líder en sustitución de la fundadora Rosa Díez. Por otro, por las expectativas de voto que encuesta tras encuesta son cada vez más pesimistas para la formación magenta.

Ocurra lo que ocurra en las elecciones del próximo 20 de diciembre, UPyD se ha caracterizado en la última legislatura por llevar la lucha contra la corrupción, una de sus banderas, a los tribunales, en algunos casos iniciando el proceso y en otros personándose como acusación popular. Del caso Bankia a la investigación de los discos duros del extesorero del PP Luis Bárcenas, el partido ha trasladado la acción política a los palacios de Justicia. A continuación se detallan algunos de los procedimientos en los que se ha personado la formación. Este es el legado judicial de UPyD:

1.- Caso Bankia

En junio de 2012 el partido presentó una denuncia ante la Audiencia Nacional contra los consejeros del banco, por los posibles delitos de administración fraudulenta, falseamiento contable y maquinación para alterar el precio de los productos. En la causa, que sigue en los tribunales, se investigan las irregularidades en la creación y salida a Bolsa de Bankia. En total los imputados superan la treintena, y entre ellos está el expresidente de la entidad y exvicepresidente del Gobierno Rodrigo Rato.

2.- Las preferentes

Se trata de una pieza separada de la causa principal del mencionado caso Bankia. La investigación se centra en la posible comercialización fraudulenta de participaciones preferentes por parte de Caja Madrid, Bancaja, Bankia y Banco Financiero y de Ahorros. UPyD apuntó a la posible comisión de un delito de estafa.

3.- Tarjetas black

Otra de las piezas separadas del mismo caso investiga la utilización por parte de los consejeros y otros directivos de Caja Madrid y Bankia de tarjetas de crédito de la empresa sin control ni supervisión. El partido magenta, en calidad de acusación popular, percibe delitos de apropiación indebida y administración desleal. Como el resto de las causas, el encargado de investigar la supuesta comisión de estos delitos es el Juzgado de Instrucción número 4 de la Audiencia Nacional.

4.- Gestión de Caja Madrid

En febrero de este año UPyD se querellaba contra la cúpula de Caja Madrid, entre ellos sus expresidentes Miguel Blesa y Rodrigo Rato, por la «indecencia» con la que gestionaron la entidad, a la que provocaron un perjuicio continuo adjudicándose retribuciones irregulares o autoconcediendo créditos a sus directivos. La querella, que está pendiente de su admisión a trámite, atribuye a esos directivos posibles delitos de administración desleal y apropiación indebida.

5.- Destrucción de los discos duros de Bárcenas

Hace dos años la formación magenta presentaba ante la Audiencia Provincial de Madrid un recurso contra el archivo de la causa de la destrucción de los discos duros del extesorero del PP Luis Bárcenas. En su texto rechazaba que no se hubiera practicado «ni una sola diligencia, máxime cuando la investigación del delito de encubrimiento no exige que el delito presuntamente encubierto haya sido declarado probado». El juez la admitió a trámite y UPyD se mantiene personada como acusación popular.

6.- La «compra de noticias» por parte del Gobierno vasco

En octubre el partido de Andrés Herzog conseguía que se imputara al director del comunicación del Gobierno vasco, Juan Ignacio Bernardo Urquijo, por la posible «compra de noticias» a medios afines al PNV. Su implicación llegaba después de que el juzgado de instrucción número 4 de Vitoria admitiera a trámite una querella impulsada por UPyD el pasado año, en la que el diputado vasco Gorka Maneiro denunciaba a Bernardo por supuesta financiación «a diversos medios del Grupo Noticias publicando reportajes y entrevistas», mientras se aprovechaba «de su cargo en el Gobierno» para tal fin.

7.- Caso Brunete

En febrero de 2014 UPyD denunciaba al alcalde de Brunete (Madrid), Borja Gutiérrez, del PP, por los presuntos delitos de cohecho, prevaricación, tráfico de influencias, coacción y/o amenazas. Se le acusa de haber intentado comprar a Isabel Cotrina, una de los dos concejales con los que el partido magenta cuenta en el municipio de 10.000 habitantes. Según ella el regidor le ofreció, a cambio de su apoyo en la investidura “la concejalía que ella quisiera, una tenencia de alcaldía y el 10% de los contratos que firmase el Ayuntamiento”. El caso está en manos del Juzgado de Instrucción Número 5 de Móstoles.

8.- Banco CEISS

En marzo el partido presentaba una querella en la Audiencia Nacional contra cuatro antiguos gestores del Banco CEISS, surgido tras la fusión de Caja España y Caja Duero. Esta nueva acción de UPyD se dirigió contra el presidente de Caja Duero, Julio Fermoso; el director de Infraestructura de la entidad, Juan Marcos Marín; el director de Inversiones del Grupo de Negocio, Juan Ramón Sagarmínaga y el director adjunto, Antonio Sánchez. A todos ellos se les atribuyen un delito de estafa agravada y otro de administración fraudulenta o desleal por cuatro operaciones inmobiliarias «desaconsejables y de escasa razonabilidad financiera» que causaron un «quebranto financiero» de 160 millones de euros.

9.- Caso Plaza

Investiga un presunto desfalco de unos 50 millones de euros en las Obras de la Plataforma Logística de Zaragoza realizados entre los años 2002 a 2011. UPyD está personada en dos de las piezas del procedimiento. La primera de ellas, conocida como caso Caladera, investiga una presunta prevaricación en el expediente administrativo de adjudicación de las obras interiores en la nave. Y el Codesport trata de esclarecer cómo es posible que una obra ofertada por 14,5 millones acabe costando casi 33 millones de euros.

10. Cursos de formación de Andalucía

El Juzgado de Instrucción número 8 de Málaga admitía hace justo un año la personación de UPyD como acción popular en el caso que instruye sobre las presuntas irregularidades en la subvenciones para cursos de formación para desempleados concedidas por parte de la Junta de Andalucía. La investigación se inició a raíz de una denuncia presentada ante la Fiscalía de Málaga por parte de la sección de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) en la Seguridad Social que denunció la falta de control a la hora de conceder los fondos de planes de promoción del empleo ejecutados por el Servicio Andaluz de Salud (SAE) y también en la justificación posterior.

11.- Caja Burgos

En junio de 2013 UPyD presentaba una denuncia en el registro de la Fiscalía Especial Anticorrupción y de Delincuencia Económica de Burgos contra el Consejo de Administración de la extinta Caja Burgos –integrada ahora en CaixaBank– por administración fraudulenta o desleal. La formación magenta ve indicios de delito en los préstamos concedidos al ex presidente, José María Arribas, y las retribuciones a los consejeros en los últimos meses vida de la entidad, que ascienden a los 34 millones de euros.

12.- Caja Segovia

La formación magenta ha intervenido en dos de los casos que analizan la gestión de la caja hoy integrada en Bankia. Se investiga al Consejo de Administración de Caja Segovia por acordar un préstamo con garantías hipotecarias por valor de 6 millones de euros en perjuicio de la Caja y por presuntos delitos de administración desleal y apropiación indebida por las retribuciones y prejuiblaciones que se autoadjudicaron antes de ceder el negocio bancario a Bankia.

13.- El ‘clan Pujol’

UPyD se personó en las distintas causas por las que se investiga a la familia del expresident de la Generalitat Jordi Pujol, si bien en abril se retiró por falta de fondos. En concreto, el partido interviene en la causa abierta contra el propio expresident y su mujer, Marta Ferrusola por los delitos de fraude fiscal y blanqueo de capitales cometidos en relación con el dinero que la familia tenía en Andorra. También en el caso que investiga al hijo mayor del clan por delitos de blanqueo de capitales y contra la hacienda pública; y en el que trata de esclarecer si otro de los hijos, Oleguer cometió delitos de blanqueo de capitales y fraude fiscal en diversas adquisiciones con fondos provenientes de paraísos fiscales.

14.- Mas y el 9-N

Por esas mismas razones económicas UPyD también tuvo que retirarse de la causa que investiga al actual president en funciones de la Generalitat catalana, Artur Más, y a otros altos cargos del Govern por la celebración de la consulta del 9N de 2014, dado que se podrían haber cometido delitos de prevaricación, malversación de caudales y usurpación de funciones, entre otros delitos. El partido que dirige Herzog también interpuso un procedimiento para la defensa de los derechos fundamentales que pretendió declarar la nulidad de la consulta del 9-N.

15.- Banca Cívica

En 2013 la Audiencia Nacional admitía a trámite la querella presentada por UPyD contra los 15 consejeros que participaron en el proceso de integración de Banca Cívica y en su posterior salida a bolsa. En su auto, el juez Eloy Velasco consideró que los hechos denunciados por el partido pueden ser constitutivos de hasta cinco delitos penados con prisión. Los administradores podrían haber incurrido en “falseamiento de cuentas o de la situación jurídica de la entidad, ocasionando el oportuno perjuicio”, “administración fraudulenta de bienes societarios o contracción de acciones de perjudiciales”, “publicidad falsa en valores negociables en mercados de valores”, “maquinaciones para alterar el precio de las cosas” y “apropiación indebida”.