Por Iñigo Aduriz
11/05/2017
El juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu ha dado por concluida la investigación abierta del llamado caso Bankia y ha transformado las diligencias en procedimiento abreviado para proceder contra 34 personas físicas y jurídicas.
Además del procesamiento de entidades como Bankia, Banco Financiero y de Ahorros, S.A. (BFA), en la lista figuran el expresidente de la entidad Rodrigo Rato, el exconsejero delegado, Francisco Verdú, los consejeros Jose Luis Olivas, José Manuel Fernández Norniella y otros tantos vocales, administradores o consejeros de la entidad en los años 2010 y 2011. Entre los procesados también están el exportavoz del Gobierno, Ángel Acebes o el empresario Arturo Fernández, que formaron parte del consejo de administración de la compañía.
Según han informado fuentes judiciales en una nota de prensa, a todos ellos se les imputan los delitos de falsedad en las cuentas anuales de los ejercicios de esos años (art 290 del Código Penal) y delito de fraude de inversores (art 282 y 288 del CP) por incluir datos falsos en el folleto informativo para la salida a Bolsa de la entidad financiera.
El juez procede también contra el auditor externo de Deloitte Francisco Celma, por los dos informes favorables que elaboró sobre los estados financieros de Bankia, durante los meses de la salida a Bolsa de la entidad. Sin embargo, el magistrado acuerda el sobreseimiento y archivo sobre Deloitte como entidad jurídica, al entender que «cumplió con el sistema de control de calidad y que según la Ley, es una sociedad profesional, donde sus socios, como Celma, disponen de autonomía respecto de la firma o sociedad a la que pertenecen». No obstante, Deloitte continuará en la causa como responsable civil.
Andreu también acuerda el sobreseimiento y archivo para dos consejeros de Bankia que no intervinieron en las reuniones del Consejo de Administración en las que se adoptaron los acuerdos objeto de la presente causa y también archiva las actuaciones respecto a los directivos de la CNMV y del Banco de España, cuya imputación había solicitado la acusación popular. Quedan fuera de la causa, entre otros, el exgobernador del Banco de España Miguel Ángel Fernández Ordóñez y el exvicepresidente Javier Aríztegui.
A partir de ahora el Ministerio Fiscal y las 44 acusaciones particulares y populares personadas disponen de un mes para solicitar la apertura de juicio oral o el sobreseimiento de la causa. Contra el auto se puede interponer recurso de reforma ante el propio instructor o directamente recurso de apelación ante la Sala de lo Penal.
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