El injustificable el apagón nuclear de España

Comenzó la cuenta regresiva para cerrar la energía atómica, una decisión que rechazan ambientalistas y expertos

Si en algo coinciden ambientalistas y expertos en energía es que el apagón nuclear de España es otra de las decisiones el Gobierno español incomprensibles e injustificables. Un absoluto sinsentido. Lo que se avizoran son apagones y un impacto negativo por dondequiera que se le mire. La decisión enfrenta una creciente oposición en todas las esquinas.

Desde ambos bandos saltan las alertas ante una decisión que consideran enteramente política y sin sustento técnico. Inseguridad en el suministro, energía más cara, terrible impacto socioeconómico en 60 comunidades, altos costes y más emisiones de efecto invernadero. De colofón, una política que va a contravía de la Unión Europea y en general del mundo.

España, un referente mundial en energía nuclear, se enfrenta a un escenario inédito: el cierre de todos sus reactores nucleares. Tras décadas de desarrollo y consolidación del estratégico sector, el país se enrumba a una transición energética que dejará atrás la era nuclear.

España cuenta con siete reactores nucleares operativos, distribuidos en cinco centrales a lo largo del territorio. Cada uno de ellos tiene una potencia de generación eléctrica cercana a los 1.050 MW. Se encuentran entre los más eficientes del mundo. Con indicadores de desempeño que los sitúan en el primer cuartil de los rankings de la Asociación Mundial de Operadores Nucleares (WANO).

El sector nuclear español cuenta con unos 30.000 profesionales altamente cualificados. No solo atienden a la explotación segura de las centrales nacionales, también exportan productos y servicios a más de 40 países.

Siete décadas de historia

La historia de la energía nuclear en España se remonta a 1955. Cuando una delegación española asistió a la «Primera Conferencia Internacional de Ginebra sobre los Usos Pacíficos del Átomo». Fue el inicio de un proceso que culminaría con la puesta en marcha de la primera central nuclear, José Cabrera (conocida como Zorita), en 1968. Zorita, con una potencia de 160 MW, marcó el comienzo de una era nuclear que se extendería por décadas.

En los años siguientes, se construyeron otras centrales de primera generación. Como Garoña y Vandellós 1 que, junto a Zorita, conformaron el núcleo inicial del parque nuclear español. Centrales, actualmente cerradas y en proceso de desmantelamiento, que sentaron las bases para el desarrollo de la industria nuclear nacional.

La década de los 80 fue clave para la consolidación del sector. Para 1985 España aspiraba a contar unos 25 reactores en operación con una capacidad instalada de 21,7 GW de potencia nuclear (Plan Energético Nacional de 1975). Aunque el objetivo no se alcanzó, se construyeron seis unidades que conformaron la «segunda generación» de centrales nucleares españolas, Almaraz 1 y 2, Ascó 1 y 2, y Cofrentes.

La construcción de las centrales tuvo un impacto significativo en la economía española. En especial en los sectores de equipamientos, ingeniería y consultoría. Empresas como ENSA, ENUSA y ENRESA se convirtieron en actores clave en la cadena de valor de la industria nuclear.

Ahora se enfrenta a un cambio de paradigma. Tras la moratoria nuclear de la década de los 80 y el posterior cierre de algunas centrales, España se prepara para el apagón definitivo de su industria nuclear. Un proceso que se ha justificado con el argumento de la transición energética hacia fuentes más sostenibles. Pero que genera recelos y suspicacias y se enfrenta a una oposición cada vez mayor.

Apagón nuclear

El “apagón nuclear” en España es un proceso que implica el cierre programado de las centrales nucleares, comenzando con Almaraz en noviembre de 2027. En teoría, está destinado a transformar la política energética del país hacia alternativas más sostenibles y seguras.

El proceso programado de cierre y desmantelamiento de las centrales nucleares en el país es impulsado por el Gobierno de Pedro Sánchez. Establece un calendario para el cierre escalonado de todas las plantas nucleares entre 2027 y 2035.

El plan del gobierno incluye la construcción de siete almacenes de residuos radiactivos, uno en cada central, para almacenar de manera temporal los residuos durante un período de hasta cinco décadas. Para asegurar que los residuos nucleares sean gestionados de forma segura mientras se lleva a cabo el desmantelamiento de las instalaciones.

El apagón nuclear ha generado preocupaciones entre expertos, ambientalistas y en algunas comunidades locales que dependen de las centrales nucleares para su economía y empleo. A medida que se acerca la fecha de cierre, la situación se vuelve más crítica.

La inminente clausura de Almaraz marca el inicio de un cambio significativo en la matriz energética de España. Las centrales nucleares requieren una planificación a largo plazo para su operación y desmantelamiento. Significa que la cuenta atrás para el apagón nuclear sería irreversible y puede tener un altísimo costo para el país.

Decisión política, no técnica

El plan de cierre del parque nuclear en España está cada vez más cerca de convertirse en una realidad, según el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC). Para el presidente de la Sociedad Nuclear Española (SNE), Emilio Mínguez, la decisión es «claramente política, no técnica». Por lo que pide que se evite la clausura definitiva de las centrales.

Mínguez advierte que las centrales nucleares españolas «tienen que seguir operando más allá del periodo de cierre impuesto por el Gobierno» por motivos ambientales, de producción eléctrica y estabilidad de precios.

«No hay garantía de suministro si se prescinde de las dos unidades de Almaraz; tampoco lo habría sin alguna de las otras centrales del país», declaró EFE Mínguez. Según el experto, no es posible prescindir de esta generación eléctrica. «No solo evita emisiones, produce electricidad constante veinticuatro horas, cada uno de los días del año, no puede ser sustituida por otras fuentes con las mismas prestaciones».

La SNE es partidaria de mantener en operación las centrales más allá de lo previsto en el PNIEC por razones «suficientemente justificadas. Tanto medioambientales como de garantía de suministro y de estabilidad de precios». Por ello, solicitan un «cambio urgente en la política energética del país» y que se mantengan las centrales en la estrategia de presente y futuro.

Mínguez insiste en que el cierre de las centrales nucleares en España «no se tienen en cuenta argumentos técnicos». Resalta que las centrales españolas se encuentran entre las de mejor rendimiento a nivel mundial. Con «una elevada capacitación de los equipos humanos» y una «inversión continua en mantenimiento».

Error estratégico

Los expertos advierten que España se encamina hacia un error estratégico al prescindir de una tecnología clave para alcanzar los objetivos de emisiones cero en 2050. El impacto económico y laboral del apagón nuclear también les preocupa.

Según la SNE, el cierre de todas las plantas afectaría a más de 30.000 puestos de trabajo. No solo en las centrales, también en empresas de servicios e ingeniería, y en la vida económica de las zonas cercanas a las instalaciones.

Ante este panorama, la SNE reclama una «revisión de la excesiva carga fiscal» que soportan las centrales nucleares en España. Donde, a diferencia de otros países europeos, los impuestos superan el 55% del coste total de operación.

Paradójicamente, la exministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera que impulsó el apagón nuclear de España, ahora reconoce, desde su cargo en Bruselas, que la energía nuclear puede ser «una parte importante en la carrera por la descarbonización».

La Unión Europea considera la energía nuclear como una energía verde y suscribió un acuerdo en el que para alcanzar el objetivo de emisiones cero en 2050 se necesitan energías como las renovables y la nuclear.

Una posición que contrasta con la decisión del Gobierno español de cerrar definitivamente sus centrales nucleares. Mínguez puntualiza que España es el único país de la UE que no ha modificado su posición de cerrar las centrales. Por lo que lo insta a que siga ese camino y no vaya en dirección contraria.

Objetivos difíciles de cumplir

A medida que se acerca el cierre de las centrales nucleares el debate sobre la seguridad del suministro eléctrico en España se intensifica. La decisión ratificada por el PNIEC (Plan Nacional de Energía y Clima) cuenta con la aprobación de Red Eléctrica.

Aunque el operador del sistema ha dado su visto bueno al PNIEC, fuentes del sector energético citadas por El Español advierten que «todo apunta a que las previsiones del PNIEC en capacidad renovable, almacenamiento y, muy probablemente mantenimiento en ciclos combinados, va a ser muy difícil cumplir». Especialmente, alcanzar los objetivos en bombeo hidráulico y eólica, cuyos avances anuales van muy retrasados.

El plan prevé instalar 6 GW de almacenamiento (3,5 GW de bombeo y 2,5 GW de baterías). Las fuentes consultadas consideran que es complicado de lograr en los plazos establecidos. Incluye un proyecto de interconexión con Francia por el Golfo de Vizcaya, previsto para 2028. «REE está asumiendo que no va a haber riesgo de suministro eléctrico con un escenario que no pinta que se vaya a producir».

A juicio de los expertos actualmente falta capacidad en el mix eléctrico. Incluso el informe de Red Eléctrica advierte que, si España prescinde de las plantas de ciclo combinado y mantiene el plan de cierre gradual de centrales nucleares, “la oferta tendrá serias dificultades para cubrir los picos de demanda”. Pese a que la potencia instalada de renovables casi se duplicará en este período, de 50.000 a 96.000 MW al año.

Futuro con otros apagones

La falta de capacidad en el mix eléctrico y la insostenibilidad económica de las plantas de gas son preocupaciones adicionales. El mantenimiento de los ciclos combinados también es una preocupación. De los 25 GW de ciclos combinados que tiene el mix eléctrico de España, y que se quieren mantener hasta 2030, más de 17 GW están fuera del mercado de generación porque la nuclear está produciendo al 100%.

Según el último Análisis Nacional de Cobertura del Sistema Eléctrico Peninsular de Red Eléctrica de España (REE), el país sufrirá apagones si se desmantelan las centrales de ciclo combinado, al tiempo que se retrasa la implementación de almacenamiento adicional y se cumple el calendario de cierre de las nucleares.

En concreto, el informe de REE advierte que, a corto plazo, en 2024, el riesgo de cobertura ascenderá a 5,63 horas por año. En 2025, a 6,7 horas por año. A medio plazo, en 2027, a 7,14 horas por año, y, a largo plazo, en 2030, a 2,34 horas por año. Muy por encima del estándar de fiabilidad de 0,94 horas por año que marca Europa.

Las eléctricas han expresado su intención de cerrar 9.000 MW de capacidad de ciclo combinado debido a su falta de rentabilidad. Reduciría la producción de 24.500 MW a menos de 15.000 MW al año.

Además, el plan de cierre gradual de centrales nucleares reduciría su producción de más 7.000 a 3.000 MW al año en 2030. Combinado con la falta de un sistema eficaz de almacenamiento de energía renovable, pone en riesgo el suministro de electricidad a corto y medio plazo.

«Si no se mantienen todas las plantas de ciclo combinado, con el consiguiente aumento en la quema de gas natural, España sufrirá apagones de electricidad, algo inédito en la historia reciente del país», señala el informe.

Una muestra en Cataluña

Según Daniel Fernández, director de Regulación de Engie, el mercado actual no garantiza su viabilidad económica a largo plazo. Las plantas de gas llevan tres años acumulando resultados netos negativos. Sin señales claras del mercado o una regulación adecuada, la situación es insostenible.

Incluso, el informe ‘European Resource Adequacy Assessment‘ (ERAA) de Entso-e, la Red Europea de Gestores de Redes de Transporte de Electricidad, apunta a que en 2025 podrían faltar 6,7 horas de suministro eléctrico en España.

El ejemplo más claro el de las centrales nucleares Ascó I, Ascó II y Vandellós II. Las cuales sumaron en el año 2023 una producción bruta de 23.385,930 millones de kWh. Según datos de Red Eléctrica de España (REE) representa hasta el 59% de la energía consumida en Cataluña.  

En la primavera pasada cuando los precios en el mercado mayorista estaban muy bajos o negativos, los operadores de las centrales de Ascó y Vandellós no les rentaba seguir produciendo. REE les dijo que no podían parar.

Más gases de efecto invernadero

Pero el problema no se queda ahí. Al igual que ha sucedido en Alemania, la necesidad de quemar más gas y carbón para producir energía se traducirá en un aumento de las emisiones de CO2. Justo lo contrario de lo que se pretende con el cierre de las centrales nucleares.

Además, tiene un costo. Un informe de 2023 del think tank Oikos lo estima en 3.400 millones «teniendo en cuenta los precios previstos del CO2», en «casi 3 años» de las emisiones medias anuales en el país.

En 2022, España fue el quinto país de la Unión Europea que más aumentó las emisiones de dióxido de carbono procedentes del uso energético. Registró un incremento del 3,5% en comparación con 2021.

El resto de los países europeos, excepto Suecia, redujeron sus emisiones en un 2,8% el año pasado. España se ha descolgado de esta tendencia, al verse obligada a mantener la producción de energía con gas y carbón para garantizar el suministro eléctrico.

Por lo que los expertos advierten que si el Gobierno insiste en cerrar las nucleares tendrá que ofrecer incentivos adicionales a las compañías eléctricas para mantener abiertas las centrales de ciclo combinado. De lo contrario, el riesgo de apagones se disparará.

Vaciar más a España

Por casi medio siglo, unos 60 municipios han convivido con la presencia de centrales nucleares, que han sido el motor económico y social de estas «comarcas nucleares». Hoteles, restaurantes, comercios y todo tipo de servicios florecieron en torno a la actividad de las plantas. También permitieron a sus ayuntamientos contar con presupuestos holgados gracias a los ingresos por impuestos y aportaciones de ENRESA.

Gracias a la actividad que generan las centrales, los municipios a su alrededor fueron una excepción a la ‘España vaciada’. Pero cuando las centrales dejen de funcionar, desaparecerán los ingresos y la actividad económica y social. La reconversión de estas zonas no será fácil. El desmantelamiento de las centrales solo prolongará la agonía.

Municipios como Almaraz, donde el 60% de los ingresos municipales dependen de la central, Saucedilla, (el 79%), y Romangordo (el 66%), se enfrentan a una pérdida significativa. En total, las localidades alrededor de la central reciben 15 millones de euros anuales. Ingresos que desaparecerán con el cierre.

Navalmoral de la Mata, con 17.000 habitantes, se ha beneficiado enormemente de la central de Almaraz. Representa el desarrollo alcanzado gracias a la actividad nuclear. Cuenta con hospital, ciudad deportiva, bancos, colegios, centro de exposiciones, hoteles e incluso un campo de golf. Servicios, difíciles de mantener sin la central.

El cierre de la central de Ascó también preocupa a su alcalde, Miguel Ángel Ribes. No entiende por qué cerrar una instalación que funciona correctamente y es considerada una energía verde y sostenible por la Unión Europea. En la economía local tendrá un efecto devastador: perderá casi 2.000 empleos.

Los municipios afectados decidieron unirse y luchar por la prolongación de la vida útil de las centrales. La AMAC, que agrupa a 60 municipios, insiste en que las centrales no han dado problemas, facilitaron el desarrollo regional y emplean a 28.500 personas de manera directa o indirecta.

Sin alternativas

El fin de la era nuclear en España deja a estas localidades sin alternativas claras de desarrollo. A lo que se suma la incertidumbre ante el futuro de los residuos nucleares generados por las centrales. El plan de gestión aprobado en 2023 contempla la construcción de siete almacenes temporales y un almacenamiento geológico profundo. Pero no se concretará ¡hasta el 2073!

Significa que los residuos de las plantas nucleares tendrán que seguir almacenados en las centrales o en almacenes anexos durante décadas. Supone un cierto alivio económico o extender la agonía para algunos de los municipios.

En este contexto, Javier Revuelta, autor del paper para Fedea titulado “Pasado, presente y posibles futuros de la energía nuclear en España”, opina que la mejor decisión para la economía y el bienestar general del país es extender la vida útil de las plantas nucleares. Asegura que existen numerosos argumentos sólidos que lo sustentan.

«No existe aún una alternativa realista basada en suficientes energías renovables y almacenamiento que proporcione similar nivel de seguridad de suministro, emisiones y precio», advierte Revuelta en el paper.

Mantenerlas abiertas

La extensión de la vida útil de los reactores nucleares españoles presentaría importantes beneficios. El mantenimiento de la producción nuclear mantendría los precios mayoristas de la electricidad más bajos.

Especialmente fuera de las horas solares, que son mayoritarias a lo largo del año. Además, las emisiones del sistema eléctrico se mantendrían más bajas en un periodo crítico de necesidad de reducción de gases de efecto invernadero.

Reemplazar la producción nuclear se dificulta por los problemas en la tramitación administrativa para la generación eólica y la ausencia de proyectos de almacenamiento suficientemente potentes y energéticamente capaces.

Los costes de extender la vida de los reactores serían bajos en comparación con la elevada producción eléctrica que posibilitan. Serían plenamente asumibles por los operadores actuales. De optarse por un régimen de CfD (precio fijo garantizado), es más probable que los operadores devolviesen dinero al consumidor eléctrico, que al revés.

La energía nuclear sigue siendo clave para garantizar la seguridad de suministro. Su mantenimiento permitiría conservar el know-how y la capacidad humana en un sector que puede ser un aliado fundamental de la transición energética durante décadas.

El cierre de las plantas nucleares no solo incrementa las emisiones de CO2, también las importaciones de gas. También aumenta la necesidad de metales de los cuales España carece. Debido al consumo elevado por megavatio hora producido por las energías renovables, esenciales en el mix energético futuro.

Se proyecta que el consumo eléctrico crezca un 100% para 2050, lo que requerirá no solo un volumen significativo de nuevas instalaciones de energías renovables, también un almacenamiento considerable para su integración efectiva. Será necesario, además, renovar la totalidad del parque eólico actual. Construido entre 2000 y 2012, con una vida técnica de unos 25 años.

Injustificable

La tendencia global apuesta por la expansión de la energía nuclear como pieza clave de la transición energética. En la actualidad operan 413 reactores nucleares en 41 países. Lejos de disminuir, el futuro inmediato del planeta apunta a su aumento significativo. El objetivo es triplicar su producción para 2050.

Hay 59 nuevas plantas en construcción, 113 aprobadas por sus gobiernos para iniciar su ejecución, y otras 328 propuestas pendientes de aprobación. De concretarse todos los planes, el número de reactores nucleares en el mundo pasaría de 413 a 913 en los próximos años.

Mientras que en España el Gobierno ha decidido el cierre de todas sus centrales y que la era nuclear del país llegue a su fin en los próximos 11 años. Una decisión que responde a unas inexplicables consideraciones políticas que, según los expertos, carecen de un sólido análisis técnico y de sostenibilidad a largo plazo.  

Los críticos afirman que el plan del gobierno difícilmente pueda ejecutarse en los lapsos previstos. Obvia las propuestas para revertir los costes socioecónomicos. Y agrava los problemas que debería resolver: reducir las emisiones de CO2 y garantizar el suministro de energía de manera eficiente y a bajo coste.

Cerrar las plantas nucleares implicaría una pérdida de capacidad y experiencia en un sector crucial para la transición energética por muchas décadas. La energía nuclear podría continuar siendo un aliado esencial de la transición energética durante siglos. Especialmente con el desarrollo de reactores rápidos de IV Generación, que garantizan la disponibilidad de recursos por milenios y generan mínimos residuos.

Hasta los ambientalistas coinciden en que mantener operativas las centrales nucleares españolas más allá de 2035 sería la mejor opción para el país. Pero todo indica que no hay intención de rectificar y el Gobierno continuará con su inexplicable e injustificable proyecto que conduce a España por la ruta del apagón nuclear.

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