El Ingreso Mínimo Vital ha sido un programa bandera del Gobierno de Pedro Sánchez para hacer frente a los efectos sociales y económicos de la crisis del coronavirus. Su aprobación fue anunciada con bombos y platillos, alabada por las Naciones Unidas y señalada como ejemplo por el Fondo Monetario Internacional. Pero su puesta en práctica no va al ritmo que se esperaba.
El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, informó que se han recibido más de 800.000 solicitudes. De las cuales solo se han resuelto 145.000. El recurso se le ha concedido a 80.000 hogares (unas 200.000 personas), y se han pagado 50 millones de euros.
Las cifras aportadas por Escrivá indicarían que 655.000 solicitudes están actualmente sin resolver. Además, los beneficiarios están muy por debajo del millón de hogares y los 2,3 millones de personas a quienes anunciaban que llegaría este recurso.
Errores en el sistema
Escrivá argumentó que el cuello de botella en la tramitación del Ingreso Mínimo Vital reside en que «un porcentaje muy alto» de las solicitudes contenían errores o falta de documentación. Una excusa similar presentó el Gobierno por el atasco en el otorgamiento de los ERTE.
Además, el ministro aseguró que unas 56.000 solicitudes están duplicadas, y casi 37.000 no cumplen con los requisitos para la elegibilidad.
En cuanto al corto camino recorrido, señaló que las cifras alcanzadas entre julio y agosto son «poco representativas» del total de beneficiarios que se estima alcanzar. Esto se debe a que se está en una «primera etapa», en la que se están filtrando las solicitudes.
Habrá que esperar, dice, la llegada del mes de septiembre para valorar la efectividad de la medida. A mediados del próximo mes será cuando se podrá evaluar la situación y saber hasta dónde se ha llegado y si ha quedado gente fuera de la prestación
Escrivá destacó que hay que ser «muy rigurosos» al identificar las unidades de convivencia, lo que requiere el intercambio de datos con Ayuntamientos, el INE, el SEPE o la Agencia Tributaria, y ha resaltado que los expedientes presentados equivalen a las pensiones que se tramitan en un año. Además, aseguró que las rentas autonómicas tardaron de promedio «muchos meses, y años», en empezar a reconocer las prestaciones.
El tiempo apremia
Pero mientras esperan que llegue septiembre y, por ende, un «avance» en el otorgamiento del beneficio, la apremiante situación económica mantiene en vilo a decenas de miles de familias españolas.
Según las denuncias recibidas por la Asociación de Víctimas del Paro, desde el 15 de junio hasta el 7 de agosto se habrían aprobado 3.966 solicitudes, menos del 1% de las más de 600.000 recibidas. La cantidad de expedientes validados sería excesivamente escasa.
A este respecto, el Ministerio reconoce que hasta finales de julio había acumuladas 3.900 solicitudes reconocidas «y en solo 2 semanas más casi se ha duplicado esa cifra». En este sentido, «el ritmo de tramitación se ha ido acelerando durante el proceso de puesta en marcha de la ayuda».
Recurso contra la pobreza
Cuando a finales de mayo se aprobó el Ingreso Mínimo Vital, se calculó que tendría un coste aproximado de 3.000 millones de euros. Se dijo que con este instrumento se lograría minimizar la pobreza extrema en España. Beneficiaría unos 850.000 hogares a largo plazo, y comenzaría con 100.000 de manera expedita.
Originalmente, la puesta en marcha de este recurso estaba prevista para 2021. No obstante, la crisis del coronavirus y sus consecuencias económicas forzaron acelerar su puesta en vigor. En el camino hubo no pocas dificultades y diferencias entre las organizaciones políticas que integran el Gobierno de coalición. La propuesta enfrentó durante semanas al PSOE y Podemos.
El objetivo último es garantizar que todas las familias lleguen a un umbral mínimo de ingresos. Escrivá asegura que la respuesta española a la crisis es de las “más ambiciosa y rápidas” entre los países de Europa. Afirmó que está por encima de naciones anglosajonas y en línea con Italia y Francia.
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