Por Iñigo Aduriz
04/05/2017
Catorce años después del accidente, tras sucesivas actuaciones judiciales y tras la salida de Federico Trillo –ministro de Defensa cuando se produjo el siniestro– de la primera línea de la política al constatarse la culpa de su departamento, este jueves un Gobierno del PP se ha visto obligado a reconocer su responsabilidad patrimonial en el accidente del avión Yak-42 que produjo la muerte a 62 militares españoles cuando se estrelló en las montañas de Trabzon (Turquía) el 26 de mayo de 2003 en un viaje que les llevaba de vuelta a España tras haber sido destinados en Afganistán.
La ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, ha firmado la resolución del expediente administrativo que llega, además, a raíz de un informe del Consejo de Estado. «Tras años de procedimientos administrativos y judiciales, la Administración reconoce su responsabilidad«, concluye el informe que ha sido presentado a los familiares de las víctimas.
Según reconoce el texto, del que ha informado el Ministerio de Defensa a través de una nota, «han podido constatarse hechos anteriores a la fecha del siniestro que habrían permitido a la Administración ponderar el especial riesgo concurrente en el transporte de tropas en que se produjo el accidente».
En el documento se explica que «en el presente caso, no puede más que resultar obligada la proyección de la garantía institucional de la responsabilidad patrimonial extracontractual de la Administración Pública». De este modo, «con motivo de esa actuación de transporte de tropas de las Fuerzas Armadas promovido por la Administración militar en cumplimiento de determinados compromisos internacionales contraídos en el marco de la política de defensa, y que terminó en el trágico suceso, fallecieron los sesenta y dos militares españoles transportados, originándose, desgraciadamente, unas lesiones antijurídicas que los familiares perjudicados no tienen el deber jurídico de soportar», añade la resolución.
«Estas lesiones antijurídicas han de ser debidamente reconocidas por este Ministerio, evidentemente conforme a las normas vigentes en materia de reparación de esos daños causados, pero también, como no podía ser de otra forma, como expresión del respaldo institucional al reconocimiento, respeto y memoria de los militares españoles que dieron su vida por la defensa de los intereses nacionales y en favor de la paz de la comunidad internacional», expone también el expediente en sus fundamentos de derecho.
Por todo ello, se subraya el «merecido respaldo al patriotismo de miembros de las Fuerzas Armadas y también al de su entorno personal, ya que lo dilatado del procedimiento y los errores y circunstancias posteriores a la tragedia no han hecho sino más intenso el duelo». En definitiva, «tras años de procedimientos administrativos y judiciales, la Administración reconoce su responsabilidad».
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