La Ley de Cambio Climático y Transición Energética, que aprobó este martes el Consejo de Ministro para su remisión al Congreso, plantea un marco de descarbonización progresiva. Sin embargo, no contiene prohibiciones taxativas para la venta de coches de combustión. Este es un cambio de rumbo con respecto a los anuncios hechos por el Ejecutivo hace poco más de un año.
El anteproyecto de Ley va en línea con las políticas de la Unión Europea de fijación de límites progresivos para la reducción de emisiones de CO2 y contaminantes.
Una prohibición anunciada
A finales del año 2018 el Gobierno de España anunciaba su intención de impulsar una ley que, entre otras cosas, prohibiera la venta de coches diésel, gasolina e híbridos en 2040. .
Sin embargo, los nuevos anuncios no apuntan a impedir la matriculación de este tipo de vehículos. Lo que sí se pondrá en marcha es un conjunto de medidas que permita llevar a cabo su eliminación del parque automovilístico.
La medida, de aplicarse, hubiera afectado a los coches con un motor tradicional alimentado por gasolina o diésel. También tendría impacto en los bifuel que utilizan combustibles alternativos como el GLP (Gas Licuado de Petróleo) o el GNC (Gas Natural Comprimido). Igualmente, a los coches híbridos (tanto HEV como PHEV).
El objetivo es reducir su demanda hasta lograr que no se comercialicen coches con motor de combustión para 2040. Y ello permitirá que en 2050 no haya uno solo en circulación en España.
Acorde a la normativa europea
La propuesta establece que «se adoptarán las medidas necesarias, de acuerdo con la normativa europea, para que los turismos y vehículos comerciales ligeros nuevos, excluidos los matriculados como vehículos históricos, no destinados a usos comerciales, reduzcan paulatinamente sus emisiones, de modo que no más tarde del año 2040 sean vehículos con emisiones de 0gCO2/km».
«El proyecto de ley recoge letra a letra el compromiso de la Unión Europea», dijo la vicepresidenta y ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. «Ir de la mano de la UE nos aporta una garantía para la transformación de un sector fundamental de nuestra economía», subrayó.
Se mantiene el propósito de que, a partir de 2040 los automóviles nuevos serán de cero emisiones directas. Y, desde 2050, quedarían fuera de circulación los coches con motor de combustión salvo los históricos y algunas excepciones muy particulares».
La opinión de los fabricantes
La Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones (ANFAC), considera que la disposición es una iniciativa positiva en el marco del cumplimiento de los objetivos de descarbonización. Aplaude el que la Ley no tenga prohibiciones taxativas y que genere un horizonte de trabajo progresivo y alineado con Europa.
José López-Tafall, director general de la Asoación, afirmó que esta ley «es el punto de partida para empezar a diseñar las herramientas necesarias para convertir esos objetivos en realidades”.
Faconauto reconoce que el texto «aporta claridad y transmite confianza a los consumidores a la hora de cambiar su vehículo, ya que podrán optar sin miedo por todas las tecnologías disponibles en el mercado».
La patronal, que integra las asociaciones de concesionarios oficiales de las marcas de turismos y maquinaria agrícola presentes en el mercado español, también «considera positivo que se fije un horizonte para la descarbonización progresiva del parque automovilístico, en línea con las directrices europeas y sin establecer prohibiciones».
El presidente de la Asociación Nacional de Vendedores de Vehículos a Motor, Reparación y Recambios (GANVAM), Raúl Palacios, valoró que el anteproyecto no contemple prohibiciones «sobre ninguna propulsión por considerar que de esta forma se puede construir una hoja de ruta ordenada y eficaz hacia la descarbonización».
Otras medidas
El anteproyecto de Ley también contempla otras iniciativas que afectan al sector del automóvil. Por ejemplo, establece la obligatoriedad de que las estaciones de servicio, cuyas ventas anuales superen los cinco millones de litros, instalen infraestructura de recarga eléctrica. Esta deberá ser de potencia igual o superior a 50 kW. Otro tanto deberán hacer las concesionarias de las redes estatales de carreteras.
Además, los empresarios han reclamado un plan de ayudas urgente para incentivar la compra de vehículos nuevos. Buscan que estas iniciativas ayuden a concesionarios y fabricantes, ante las caídas causadas por el coronavirus
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