Por Cambio16
19/05/2017
El Gobierno invitó al presidente catalán, Carles Puigdemont, a exponer y debatir su propuesta independentista ante las Cortes Generales ya que, a su modo de ver, es en el Parlamento y el Senado donde se encuentran los «cauces legales» para tratar ese tipo de cuestiones.
«Invitamos al presidente de la Generalitat a debatir y dialogar democráticamente su propuesta por los cauces legalmente previstos en el Parlamento», afirmó Soraya Sáenz de Santamaría, vicepresidenta del Ejecutivo español, durante la rueda de prensa tras la reunión semanal del Consejo de Ministros.
La vicepresidenta afirmó que el Gobierno de España tiene en consideración la exigencia de Puigdemont de negociar la convocatoria de un referéndum de autodeterminación, pero insistió en que, según el ordenamiento jurídico, «el Gobierno no puede negociar sobre esas cuestiones».
«El Gobierno no puede negociar un referéndum que la Constitución no permite, pero lo que sí permite nuestro ordenamiento es que, ante los legítimos representantes de todos los españoles en el Parlamento, se pueda debatir cualquier propuesta mediante los cauces legalmente previstos», declaró Santamaría.
La número dos de Rajoy se comprometió a trabajar para que este debate pueda producirse con la «mayor agilidad posible», aunque matizó que, en cualquier caso, la posición del Gobierno seguirá siendo «muy clara» en la defensa de la unidad de España.
«En nuestro ordenamiento constitucional todo puede modificarse (…) y, si el señor Puigdemont hace su propuesta y consigue que el referéndum de autodeterminación sea un mecanismo constitucional en nuestro derecho, podría plantearse», afirmó Santamaría.
La representante gubernamental reprochó los planes de Puigdemont para explicar su propuesta soberanista el próximo 22 de mayo en un acto organizado por el Ejecutivo catalán en un espacio alquilado en el Ayuntamiento Madrid en lugar de hacerlo «donde corresponde».
«El reglamento de las Cortes y nuestra propia Constitución establecen mecanismos para que esa propuesta, que afecta a la propia estructura del Estado, sea conocida y debatida por las Cortes», insistió.
La vicepresidenta emplazó al Gobierno catalán a asumir la propuesta de debate parlamentario porque, a su modo de ver, es lo «suficientemente democrática» para que sea aceptada «sin la necesidad de mayores dotes de persuasión».
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