El Gobierno se ha propuesto echar mano rápidamente del Fondo Europeo de Recuperación. Pedro Sánchez anunció que su magistratura prevé ejecutar en tres años los 72.000 millones de transferencias asignados a España para inversiones, en lugar de distribuirlos en los seis años que permite el programa. En un acto celebrado en la Moncloa, presentó el «Plan de recuperación, transformación y resiliencia de la economía española».
El presidente del Gobierno dijo que el Plan de recuperación generará 800.000 puestos de trabajo en los próximos tres años. Destacó también que la “modernización inclusiva del país”, a través de los programas financiados por el fondo europeo, supondrá una mejora del PIB de 2,5 puntos al año.
En total, España dispone de 140.000 millones de euros concedidos por la UE para los próximos seis años. De ese total, unos 72.000 millones deben llegar en forma de transferencias del Next Generation EU y el resto, a modo de préstamos ventajosos.. Sánchez aseguró que, entre el 2021 y el 2023, tienen previsto utilizar estos «recursos extraordinarios» para dar un «salto de modernización”.
Un crecimiento «robusto»
El jefe de Gobierno dijo el Ejecutivo remitirá a Bruselas este mes el «Plan de recuperación, transformación y resiliencia de la economía española». El documento contiene su estrategia para afrontar la crisis del coronavirus y los retos de la próxima década para la «segunda modernización» de la economía española. Un plan que va a permitir al país “crecer de una nueva manera, sobre unos pilares mucho más robustos”, aseguró.
El Plan estará basado en cuatro ejes transversales. Estos son: transición ecológica, cohesión social y territorial, digitalización e igualdad de género. En su conjunto, impulsará 25.000 millones de euros de los fondos europeos el próximo año, aportando 2,7 puntos de crecimiento al PIB en 2021 y un aumento del 2% del crecimiento potencial en una década.
Según explicó Sánchez, el 37% de las transferencias europeas tendrá por destino proyectos de inversión vinculados a la transición ecológica; el 31% se enfocará a favor de la agenda digital. El resto servirá a objetivos de reducción de las brechas de desigualdad de género y territorial y a lograr una mayor cohesión social, por la vía de mejoras en las políticas de educación y de cuidados personales para mayores y dependientes.
A toda velocidad
Sánchez dijo que el Gobierno ha decidido adelantar en los próximos Presupuestos Generales del Estado 27.000 millones de euros de este Plan. Este adelanto va a permitir acelerar la ejecución del Plan desde el mismo momento en el que los Presupuestos Generales del Estado se aprueben. El presidente se justificó diciendo que en el proceso de recuperación y transformación de la economía española «no se puede perder tiempo».
Invitó a las diferentes fuerzas políticas a sumarse al apoyo de estos presupuestos. «El Plan que hoy presentamos y los Presupuestos Generales que lo activan ofrecen una oportunidad única para demostrar el ímpetu de nuestro país y para poner a prueba la buena política, la que facilita acuerdos, la que propicia soluciones», dijo.
Una perspectiva poco halagüeña
Los anuncios de Sánchez se producen un día después de que el Consejo de Ministros reconociera que las previsiones económicas para España son peores de lo que esperaban, ya que el Producto Interior Bruto caerá un 11,2%. Para hacer frente a esta realidad, se decidió generar más deuda pública aumentando el techo de gasto un 53,7% a los 196.097 millones de euros incluyendo los fondos europeos que recibirá España.
Ya el Ejecutivo ha estimado que la deuda que llegará al 118% del PIB. Es decir, que el Gobierno ha decidido asumir más deuda para combatir la deuda.
Dado ese anuncio, en el cual el Gobierno mostró su disposición de gastar lo que no tiene, no causa extrañeza la premura por echar mano al fondo europeo. Queda aún en el aire cómo se resolverá finalmente la mayoría clara que hace falta para dar marcha a los Presupuestos Generales del Estado.
Las políticas «tractoras»
Sánchez detalló las «diez políticas tractoras» en las que deberán quedar insertados los proyectos concretos de inversión, «que van a incidir directamente en aquellos sectores productivos con mayor capacidad de transformación de nuestro tejido económico y social».
La primera de ellas es la Agenda urbana y rural, la lucha contra la despoblación y el desarrollo de la agricultura. En esta política se concentra el 16% de los recursos. La segunda política, que recibirá el 12% de los recursos, se centra en impulsar las Infraestructuras y los ecosistemas resilientes.
A la tercera política tractora, de Transición energética justa e inclusiva, se destinará el 9% de los recursos. La cuarta promoverá una Administración para el siglo XXI, para que la Administración pública actúe como motor de los cambios tecnológicos. A esta cuarta política se dedicará el 5% de los recursos.
Educación, cultura y tecnología
La quinta política es la modernización y digitalización del ecosistema empresarial, a la que se destinarán el 17% de los fondos. Como sexta política tractora está el Pacto por la ciencia y la innovación y el refuerzo del Sistema Nacional de Salud, que contará con el 17% de los recursos.
En el número siete está la Educación y el conocimiento, la formación continua y el desarrollo de capacidades, que concentrará el 18% de los recursos. La octava política tractora es la Nueva economía de los cuidados y políticas de empleo. A ella se destinará el 6% de los recursos.
Avanzando en la lista, está la novena política tractora, Desarrollo de la de la cultura y el deporte, con el 1,1% de los recursos. Y en décimo lugar, se abordará una Modernización del sistema fiscal incrementando la progresividad y redistribución de los recursos, para lograr un crecimiento inclusivo y sostenible.
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