La OEA, a través de su departamento de observación electoral y fortalecimiento de la democracia, emitió un informe en el que señala que no pueden reconocerse los resultados del presidente del Consejo Nacional Electoral que proclaman ganador a Nicolás Maduro en la elección presidencial del domingo 28 de julio en Venezuela
El informe de 23 folios examina minuciosamente todo el proceso electoral y destaca que después de transcurridas más de seis horas del cierre de la votación el CNE declaró ganador a Nicolás Maduro, su único detalle sobre el proceso fue que había procesado el 80% de las mesas y declaró falsamente la tendencia como irreversible. No presentó el detalle de la mesas procesadas, ni publicó las actas en la página web del organismo electoral. Únicamente agregó los porcentajes de votos que habrían recibido los candidatos. Las cifras publicadas por el CNE presentaban errores aritméticos.
Explica que los hechos ocurridos la noche de la elección confirman la existencia de una estrategia que se desplegó en los últimos meses para vulnerar la integridad de las elecciones presidenciales. Son muchos los elementos imposibilitan reconocer el resultado oficial. No solo la opacidad del CNE y su resistencia a la observación nacional e internacional, también
- la extrema inequidad en la contienda,
- la intimidación y la persecución política,
- la supresión de candidaturas,
- los ataques a la prensa y al derecho a la información,
- la demora en la apertura de centros de votación y en la divulgación de los resultados,
- la renuencia a permitir el ingreso de testigos de las fuerzas de la oposición a las mesas y centros de votación o entregarles la copia del acta de escrutinio,
- la suspensión en la transmisión de resultados desde distintos centros de votación,
- la interrupción del servicio de la página del CNE desde el domingo por la noche,
- el anuncio de un supuesto hackeo al sistema de transmisión sin aportar prueba alguna y, sobre todo,
- la contradicción entre los porcentajes anunciados y los ejercicios de verificación ciudadana que se hicieron públicos al concluir el escrutinio, que además coincidían con los muestreos y encuestas de boca de urna que aplicaron metodologías técnicas.
Antes del acto de votación, en la jornada electoral hubo una sucesión de obstrucciones arbitrarias al ejercicio del sufragio en la forma de artilugios ilegales, intimidación, violencia, detenciones, expulsiones, inhabilitaciones, trabas burocráticas, uso electoral del aparato estatal y una variedad de obstáculos a la manifestación libre de la voluntad popular que buscaron inclinar la balanza a favor del oficialismo, y desalentar y amedrentar a la oposición, engañar y confundir al electorado y, en general, burlar la normativa electoral. El 28 de julio, al cierre de la votación, se intensificaron los esfuerzos para controlar el ejercicio comicial.
Desde 2006, la OEA no ha recibido invitación alguna para observar los procesos electorales en territorio venezolano, pero ha emitido alertas sobre el progresivo debilitamiento de la institucionalidad democrática. En el actual proceso electoral, la Secretaría General de la OEA condenó la persecución política de líderes opositores y, en particular, la inhabilitación de la candidatura de María Corina Machado, ganadora de las primarias de la principal alianza opositora y candidata puntera en las encuestas.
Explican que el informe se elaboró con base en fuentes primarias y secundarias –conversaciones directas con figuras clave del proceso, análisis de la normativa electoral, incidencias y hallazgos recabados por iniciativas y organizaciones de la sociedad civil, comunicaciones públicas de actores políticos e institucionales, los medios de comunicación y de las redes sociales, entre otros– y que no equivale a un informe de observación electoral, pero el análisis se basa en criterios técnicos, estándares internacionales y buenas prácticas, y experiencia acumulada.
Abarca la etapa preelectoral y la jornada de votación, incluido el escrutinio y difusión de los resultados, e incorpora un recuento de las irregularidades técnicas y jurídicas evidenciadas.
Etapa preelectoral
Desde el 5 de marzo, cuando el CNE anunció que las elecciones presidenciales se realizarían el 28 de julio, el proceso se desarrolló en un clima de polarización y extrema desconfianza hacia el sistema electoral. La ausencia de fronteras entre el Estado, el gobierno y el partido oficialista determina el control gubernamental del poder legislativo, el sistema judicial, el ejército, la policía, el servicio de inteligencia, el CNE, los medios de comunicación y grupos armados paraestatales ligados al oficialismo que actúan con total impunidad.
Detenciones, desapariciones e intimidaciones
Hasta el 25 de julio de 2024 la organización no gubernamental Foro Penal había registrado 135 arrestos arbitrarios por razones políticas con desapariciones forzadas. Entre el 26 y el 28 de julio, se sumó un asesinato y otros 48 arrestos. Los 102 detenidos en la etapa preelectoral estaban vinculados con María Corina Machado. Uno fue jefe de seguridad.
Igualmente, el régimen ordenó de detención de seis directivos de la campaña de Machado. Desde abril todos se encuentran refugiados en la Embajada de Argentina en Caracas.
Varias de las detenciones tenían como impedir la realización de actos de campaña: 46 personas fueron arrestadas por prestar servicios o vender bienes a la oposición durante su recorrido por el país o en las concentraciones políticas. El 3 de julio, 62 organizaciones de la sociedad civil denunciaron en una carta al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, persecuciones políticas, censura y obstáculos la participación política. Solicitaron acciones para garantizar elecciones libres y justas.
El 18 de julio hubo un atentado contra María Corina Machado y su equipo. Los vehículos en los que se trasladaban fueron vandalizados y les dañaron el sistema de frenos. El ambiente de intimidación se hizo más tenso cuando el 17 de julio cuando Nicolás Maduró declaró que si no ganaba podría haber un baño de sangre, una guerra civil.
La observación internacional
Los observadores internacionales también limitados y obstaculizados en sus funciones. El CNE revocó el 28 de mayo la invitación a la misión de observación de la Unión Europea. El presidente del CNE justificó la decisión por las sanciones económicas del bloque de 27 países. Afirmó que los representantes de la UE no eran bienvenidos.
Únicamente el Panel de Expertos Electorales de la ONU y el Centro Carter efectivamente desplegaron misiones en territorio venezolano, aunque con restricciones considerables al ejercicio de sus funciones. A los pocos días de la elección se impidió la entrada al país de los invitados internacionales de las organizaciones políticas, pero también hubo bloqueo del espacio aéreo y detención y expulsión del país.
Limitaciones a la libertad de expresión y de información
En 2024, la Relatoría para la Libertad de Expresión de la CIDH ha documentado restricciones severas a la libertad de expresión en Venezuela y, en particular, hostigamiento judicial, detenciones arbitrarias, restricciones de acceso a la información, cierre de medios de comunicación y señalamientos estigmatizantes de altos funcionarios contra los periodistas.
Entre enero y abril hubo 128 agresiones contra periodistas, activistas, defensores de derechos humanos, medios de comunicación y organizaciones de la sociedad civil, así como 18 detenciones de personas por ejercer la libertad de expresión.
De los 112 casos y 267 denuncias de violaciones a la libertad de expresión documentadas por la ONG Espacio Público, al 29 casos y 98 denuncias estaban relacionadas con el contexto electoral y en represalia por la difusión de información, contenidos u opiniones.
Maduro acusa y policía actúa
En el acto de postulación de su candidatura en el CNE, Nicolás Maduro acusó a varias agencias de noticias de ocultar la realidad venezolana “por carecer de moral”. Asimismo, señaló por nombre y apellido a dos periodistas por sus comentario en las redes sociales e instó a la Fiscalía a tomar medidas contra “expresiones fascistas y racistas”.
En la última semana de campaña calificó a las agencias internacionales de “sicarios de la mentira” y las acusó de orquestar una campaña mediática para desestabilizar su gobierno y justificar intervenciones extranjeras.
El 22 de julio, la Comisión de Telecomunicaciones tenía bloqueados trece sitios web y cerró dos estaciones de radio del interior del país por informar sobre la visita de María Corina Machado a sus localidades. Además, se impidió el ingreso al país a más de cincuenta medios informativos y dos corresponsales internacionales fueron detenidos.
Clientelismo y uso proselitista de aparato estatal
Ante la ausencia de una ley que defina claramente las reglas de la campaña electoral, el CNE utiliza discrecionalmente el reglamento de la Ley de Procesos Electorales en cada evento y sus propias resoluciones, especialmente, sobre propaganda electoral y uso de los medios de comunicación. La normativa es vaga en cuanto a la utilización de los recursos públicos en beneficio de un candidato.
La inequidad más evidente es el desequilibrio e inequidad que practican los medios oficiales y los aliados de invisibilizar al candidato de oposición o de hacerlos blanco de un discurso de odio en el cual el término “fascista” es el menos agresivo. Mientras organismos públicos (ministerios, gobernaciones, empresas del Estado, etc.) difundían mensajes abiertamente electorales a favor de Maduro, la propaganda de la oposición era censurada, limitada o destruida impunemente.
Asimismo, el gobierno incrementó su estrategia de intercambio de apoyo político y electoral por asistencia social mediante bolsas de comida, bonos económicos y otros beneficios a través del Sistema Patria, una plataforma virtual asociada al PSUV.
Un órgano electoral sumiso al gobierno
A pesar de que la Constitución de Venezuela establece la independencia del Consejo Nacional, desde comienzos del siglo XXI el organismo electoral ha estado integrado mayoritariamente por figuras afines al gobierno o que fueron funcionarios hasta unas semanas antes de su juramentación.
El 24 de agosto de 2023, la Asamblea Nacional, abrumadoramente controlada por el oficialismo, nombró los cinco rectores principales del CNE y diez suplentes para el periodo 2023-2030. Ninguno independiente como exige el artículo 296 de la Constitución y todos vinculados con el gobierno o con partidos políticos.
El 28 de julio, a la 8.30 horas, el presidente del CNE Elvis Amoroso anunció ante la prensa que se encontraba operativo el 95% de los centros de votación. Una cifra que coincidía con el 90% estimado por la ONG Observatorio Electoral Venezolano.
Antes de su apertura había largas filas en los centros de votación, en algunos sitios desde la noche. El ciudadano manifestaba su compromiso democrático y su confianza en el voto como herramienta para la alternancia y el cambio. Sin embargo, la conducta de Amoroso fue otra. Aprovechó la presencia de la prensa para hacer señalamientos contra la candidatura de Edmundo González Urrutia. Lo acusó, sin pruebas, de “albergar planes de conspiración y de haber intentado evitar la realización de elecciones”.
Sin lugar a dudas, el más alto funcionario electoral con sus afirmaciones ese día y los anteriores se distanció de la dignidad que impone su cargo, denotó parcialidad y erosionó aún más la confianza de la ciudadanía en el órgano electoral, que por principio y ley debe ser absolutamente neutral.
Utilización represiva y parcializada del Plan República
Desde la insurrección guerrillera de los años sesenta, fomentada y apoyada por Fidel Castro, en Venezuela se estableció que las Fuerza Armadas Nacionales aseguraría la protección física de los votantes, de los funcionarios, del material electoral y del resguardo de los centros de votación sin inmiscuirse en el proceso, mediante el Plan República. El 28 de julio y antes su conducta fue, y sigue siendo, militante, parcializada y obstructiva. El ministro de la Defensa, el general Vladimir Padrino López, ha declarado que las fuerzas armadas son chavistas y que los opositores “no serán poder político mientras exista una Fuerza Armada Nacional Bolivariana”.
Voto de la diáspora
Más de 7,7 millones de venezolanos han abandonado el país. Huyen del hambre, del desempleo, de la inseguridad, la persecución, la ausencia de futuro y de libertad. Unos 5 millones son electores, pero solo 107.000 estaban registrados en su nueva residencia. Hubo un total desinterés del CNE de garantizar el voto de esos venezolanos, pero un esfuerzo sistemático de excluirlos. El proceso estaba concebido para permitir la inscripción de tan solo el 3,5% de los venezolanos en edad de votar en el extranjero, pero finalmente se inscribió apenas el 0,16%.
Donde sí hubo más eficiencia fue en la instalación de los “Puntos Rojos”, las estaciones se seguimiento y control que monta el PSUV y sus aliados con propaganda oficialista en las inmediaciones y movilizaciones de electores con vehículo públicos. Los instalaron en el 22% de los centros que monitoreó el Observatorio Electoral Venezolano.
Primeras incidencias contra los testigos
En el primer balance de la jornada, Delsa Solórzano, testigo principal de la Plataforma Unida Democrática, denunció que en algunos centros de votación no permitían la entrada de los testigos. Después de mediodía, María Corina Machado aseguró que en 1.300 mesas hubo problemas para el ingreso de los testigos.
A las 18.00 horas, comenzó el cierre de los centros de votación en los cuales no había votantes esperando para ejercer su derecho y en cada máquina realizaba automáticamente el escrutinio correspondiente y emitía el acta. La oposición denunció que en 400 centros no les entregaban las actas a los testigos y en algunos los expulsaban del recito con el apoyo de los integrantes del Plan República (milicianos, soldados, Policía Militar y GNB). La legislación establece explícitamente que una copia del acta debe ser entregada a los testigos.
Demoras sospechosas
A pesar de contar con un sistema electrónico de votación que hace mucho más expedito el proceso de conteo y totalización de los votos, el CNE demoró más de seis horas en presentar resultados de la elección. Fue después de la medianoche cuando Elvis Amoroso informó los porcentajes y votos que habrían recibido los dos principales candidatos y un acumulado de las demás candidaturas.
Resulta en extremo preocupante que los resultados los presentara de forma verbal e incompleta, sin sustento y con un único boletín que afirmaba reflejar el 80% de las mesas de votación, sin que existiera grado alguno de visibilidad del procesamiento de las actas. Ni brindó ningún dato desagregado, por ciudades, estados o regiones. Simplemente se limitó a afirmar que “en las próximas horas estarían disponibles en la página web del Consejo Nacional Electoral los resultados mesa por mesa”.
Lo que ocurrió, en cambio, fue la interrupción de la página del CNE. Permaneció fuera de servicio desde el anuncio verbal de Amoroso y se generó un grave vacío de información. No se le brindó a la ciudadanía ni a las fuerzas políticas un mecanismo para consultar las actas de escrutinio, analizar los números separados por organización, candidatura o por unidad geográfica.
Los datos anunciados se limitaron al porcentaje obtenido por Maduro (51,2%) y por Edmundo González (44,2%), más la participación (59%). Sin embargo, la Cadena Telesur, que financia Venezuela y la dirige el gobierno de Cuba, publicó los resultados de las cinco candidaturas, pero sumaban más de 100% de votos, sin los nulos ni en blanco. De inmediato Maduro se reconoció como presidente electo y comenzaron a sonar las cacerolas de los ciudadanos protestando.
Maduro, autoinvestido, pidió respeto a la Constitución, a los poderes y a la vida soberana de Venezuela y denunció que “se pretendía vulnerar la paz de la vida nacional”. Afirmó, también sin pruebas, que el sistema de transmisión del CNE sufrió un hackeo. “Los demonios no querían que se totalizara y se dieran los resultados hoy. Sabemos de dónde lo hicieron”, vociferó.
“Se han violado todas las normas”
Presentados los resultados orales de Amoroso, el candidato Edmundo González y María Corina Machado anunciaron que las actas recabadas por sus testigos reflejaban un triunfo abrumador para la oposición. Además, cuatro conteos rápidos independientes daban como ganador a Edmundo González
“Los venezolanos y el mundo entero sabemos lo que ocurrió en la jornada electoral. Aquí se han violado todas las normas, al punto de que aún no han sido entregadas la mayoría de las actas. Nuestro mensaje de reconciliación y cambio en paz sigue vigente y estamos convencidos de que la gran mayoría de los venezolanos lo aspira igualmente”.
El Centro Carter solicitó al CNE “que publicara inmediatamente todas las actas de las mesas instaladas en la jornada electoral y la información de las actas transmitidas al CNE”.
No se han publicado las actas pormenorizadas, pero el fiscal general abrió una investigación contra María Corina Machado y Leopoldo López, “porque tuvieron la intención de manipular la data del CNE mediante un ataque cibernético desde Macedonia del Norte”.
El 29 de julio por la tarde, Edmundo González y María Corina Machado manifestaron que la oposición tenía más del 73% de las actas de escrutinio y que, “con los resultados que arrojaban, era imposible que Maduro gane, incluso si obtuviera el 100% de los votos en las actas restantes”.
El González declaró: “La voluntad del pueblo venezolano expresada a través del voto la haremos respetar. Ese es el único camino hacia la paz. Tenemos en nuestras manos las actas que demuestran nuestro triunfo categórico y matemáticamente irreversible”.
Conclusión de los técnicos de la OEA
Los expertos del Departamento para la Cooperación y Observación Electoral de la Secretaría para el Fortalecimiento de la Democracia de la OEA concluyen que en todos los actos y prácticas del proceso electoral “la evidencia denota un intento del régimen por desconocer la voluntad mayoritaria expresada en las urnas por la ciudadanía venezolana y que se ha demostrado que el CNE, sus autoridades y el sistema electoral venezolano están parcializados y están al servicio del Poder Ejecutivo, no de la ciudadanía. “El régimen de Nicolás Maduro ha traicionado otra vez al pueblo venezolano. Declara que respeta la voluntad popular, pero hace todo lo posible por manipular esa voluntad y desconocerla”, asientan.
En conclusión:
Los resultados oficiales no merecen confianza ni deberían recibir reconocimiento democrático.
El centro Carter recoge y se va de Venezuela
En septiembre de 2012, la empresa Smartmatic se hizo eco de una declaración del ex presidente de los Estados Unidos Jimmy Carter en un conversatorio en el Centro Carter en Atlanta. Con la experiencia de haber observado unas 92 elecciones alrededor del mundo, su elogio era muy valioso para la empresa y para el CNE. No hubo medio que no lo repitiera, aunque había muchos abusos de por medio, desde los Puntos Rojos frente a los centros de votación, el sesgo de los medios públicos y la utilización del aparataje estatal a favor del candidato oficialista, por nombrar algunos.
Aunque las máquinas de Smartmatic fueron destruidas en el incendio del CNE en Fila de Mariches, se sustituyeron por máquinas argentinas con un software que no es de Smartmatic. El Centro Carter, como la oposición nunca han planteado objeciones al software, los cuestionamientos son otros, como cortes de luz, suspensión sorpresiva de la transmisión y manipulaciones de la máquina capta huellas.
La verdadera vulnerabilidad del sistema son los testigos. Su ausencia permite que los miembros de mesa puedan cometer irregularidades a su conveniencia, desde el voto asistido hasta la usurpación de identidad de fallecidos no expurgados del padrón electoral. La estrategia de la oposición fue garantizar la presencia de testigos en todas las mesas y contar con las actas.
Desde la celebración del referéndum revocatorio en 2004, el Centro Carter ha participado con mayor o menor relevancia en la observación de los procesos electorales venezolanos. Hasta 2024. Este año la declaración del Centro Carter es tajante y demoledora:
“La elección presidencial de Venezuela de 2024 no se adecuó a parámetros y estándares internacionales de Integridad electoral y no puede ser considerada como democrática”.
Explica que no puede verificar o corroborar la autenticidad de los resultados de la elección presidencial declarados por el Consejo Nacional Electoral.
“El proceso electoral de Venezuela en 2024 no ha alcanzado los estándares internacionales de integridad electoral en ninguna de sus etapas y ha Infringido numerosos preceptos de la legislación venezolana. Se desarrolló en un ambiente de libertades restringidas en detrimento de actores políticos, organizaciones de la sociedad civil y medios de comunicación. A lo largo del proceso electoral, las autoridades del CNE mostraron parcialidad a favor del oficialismo y en contra de las candidaturas de la oposición”.
Notable desequilibrio en todos los campos
Señala que la campaña electoral se desarrolló con un notable desequilibrio a favor del gobierno en todos los campos. Mientras la candidatura oficialista contó ilegalmente con muy amplios recursos públicos, lo que se tradujo en la gran desproporción de mítines, murales, vallas y afiches a su favor; incluido el uso de vehículos, la movilización de funcionarios y el uso de programas sociales; y hubo preponderancia de la candidatura gubernamental en la televisión y la radio, tanto en publicidad, transmisión de eventos y cobertura noticiosa, las autoridades electorales, funcionarios militares y de la Fiscalía intentaron restringir las campañas de la oposición mediante la persecución e intimidación de personas que prestaron servicios o vendieron bienes para el proselitismo opositor para generar un efecto disuasivo.
El Centro Carter afirma que en el número limitado de recintos visitados por los 17 expertos y observadores de su equipo pudo comprobar la voluntad de la ciudadanía venezolana por participar en un proceso electoral democrático y demostró su compromiso cívico como integrantes de mesa, testigos de partidos y observadores.
“Sin embargo, estos esfuerzos fueron desmerecidos por la ausencia de transparencia del CNE en la difusión de los resultados. El hecho que la autoridad electoral no haya anunciado resultados desglosados por mesa electoral constituye una grave violación de los principios electorales”.
Y concluye:
El Centro Carter no puede verificar o corroborar la autenticidad de los resultados de la elección presidencial declarados por el Consejo Nacional Electoral.
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