Este jueves fue una fecha importante para los uigures. Se creó un tribunal popular a fin de establecer si China ha cometido violaciones contra ellos y otras minorías étnicas musulmanas de origen túrquico.
En junio, Dolkun Isa, presidente del Congreso Mundial Uigur (WUC, por sus siglas en inglés), le pidió al abogado inglés, Geoffrey Nice QC, que creara un tribunal: el tribunal uigur.
El tribunal popular uigur, que funcionará en Londres, cobra importancia porque servirá, a decir de Nice, para revisar —desde el punto de vista legal y públicamente— las pruebas de violaciones de derechos humanos que se le atribuyen a China.
Si se llegaran a probar, se entraría en el asunto de establecer si China ha tenido como intención destruir —de manera total o parcial— a los uigures. Esto constituiría un elemento esencial en lo que se denomina genocidio, de acuerdo con el artículo II de la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio de 1948. China es país signatario.
“Han surgido acusaciones de muchos posibles delitos perpetrados por la República Popular China. Entre ellos, el asesinato, la esclavitud, el encarcelamiento injusto (en campos de concentración), la tortura. También la violación y otros tipos de violencia sexual, la esterilización, la desaparición y el matrimonio forzado. La separación de los niños de sus padres y otros delitos como la sustracción de órganos”, enumeró la organización.
Geoffrey Nice 
Fiscal en el juicio contra Milosevic
El Congreso Mundial Uigur es una organización internacional que tiene como fin representar a los grupos exiliados uigures. Se creó en 2004. El Gobierno chino lo considera como una organización terrorista que pretende la separación de su Región Autónoma Uigur de Xinjiang del resto del país.
Por otro lado, a Nice se le conoce sobre todo por haber sido el fiscal en el juicio contra Slobodan Milosevic. Al político serbio, que ocupó las presidencias de Serbia y Yugoslavia, se le acusó de crímenes de guerra, contra la humanidad y genocidio.
Nice, que será el presidente del tribunal uigur, piensa que, aun cuando las acusaciones contra China son graves, el tribunal se ocupará de las pruebas y la ley. Indicó que esta es una oportunidad para evaluarlas desde el punto de vista legal y públicamente. “Las acusaciones no pueden ser más graves, pero el tribunal uigur solo se ocupará de las pruebas y la ley para determinarlas”, aseguró.
Pekín no reconoce la Corte Internacional de Justicia
Isa, por su parte, piensa que esta es una oportunidad para que se haga un buen proceso. “No existe una posibilidad realista de que estos cargos sean considerados en un tribunal formalmente constituido. Sin embargo, el tribunal uigur brinda la oportunidad de que se haga un juicio autorizado e imparcial”, señaló.
El Congreso Mundial Uigur duda de que estos casos se puedan presentar o hacerse oír en la Corte Penal Internacional o ante cualquier otra corte internacional de tipo formal. Por tanto, decidieron crear el tribunal popular.
Abogados de activistas uigures en el exilio presentaron en julio una denuncia contra China ante la Corte Penal Internacional. Le pidieron a la corte de La Haya que investigara la repatriación forzosa de miles de uigures de Camboya y Tayikistán, y el supuesto genocidio en Xinjiang. Sin embargo, Pekín no reconoce la jurisdicción del tribunal internacional, y Nice —que no participa en ese caso— dijo que probablemente se centrará más en los países de repatriación y menos en las autoridades chinas.
Lo que hay y lo que se espera del tribunal uigur
En este momento, los organizadores del tribunal uigur están en las primeras etapas de recopilación de pruebas. No obstante, esperan recibir una buena cantidad de presentaciones de uigures exiliados en el extranjero durante los próximos meses. Se prevé que las nuevas pruebas que surjan incluyan, por ejemplo, el testimonio de varios exguardias de seguridad en centros de detención de Xinjiang.
“Por el momento, la prueba más fuerte pareciera ser la de encarcelamiento y posiblemente la de esterilización forzada”, declaró Nice a la AP.
El proceso comenzará en 2021 en Londres. Se efectuarán al menos dos audiencias públicas que durarán varios días. Se espera que el proceso termine a finales del año que viene, pero no se tiene una fecha aún.
Podrán hacerse audiencias a distancia. Los testigos y las partes relacionadas, incluidos los miembros de familias que puedan ser víctimas de represalias, guardarán el anonimato o se les escuchará a puerta cerrada.
El tribunal contará con un jurado de al menos siete miembros. Todas las pruebas se publicarán en la página web del tribunal. Nice considera que si bien la sentencia no será vinculante con ningún Gobierno, sí llevará a las personas, a los Gobiernos y a los organismos internacionales a evaluar si el análisis cuidadoso y público de las pruebas los obliga moral y éticamente a actuar.
Situación en Xinjiang contra la población uigur
El Gobierno chino ha sido acusado de tratar de reducir a la fuerza la tasa de natalidad de las minorías musulmanas, al tiempo que alienta los nacimientos en el resto de la población. Esto ha sido considerado como genocidio demográfico.
En junio, Mike Pompeo, secretario de Estado de Estados Unidos, exigió que el gobierno de Xi Jinping pusiera punto final a esta práctica que intenta disminuir los nacimientos entre los uigures y otras minorías étnicas. Se ha denunciado que en Xinjiang han aumentado las esterilizaciones y el uso forzado de dispositivos intrauterinos. Más del 50% de la población de la región lo integran uigures y kazajos.
Ambos grupos étnicos profesan el islamismo, emplean lenguas escritas con el alfabeto árabe y se oponen al régimen del Gobierno de China, que los tilda de separatistas y les ha demolido las mezquitas.
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