No resultó fácil rendirse, pero incluso el jefe de Gobierno de España es consciente de que no tiene sentido seguir adelante con unas cuentas que perdieron ya el apoyo de sus principales aliados. Llega de manera inevitable el fin de los Presupuestos de Pedro Sánchez con un Podemos que lo insta a convocar a elecciones, y un gabinete que no se encuentra dispuesto a dar su brazo a torcer ante los independentistas, sabiendo lo que este gesto puede costar en las urnas.
Ante este panorama, Sánchez se prepara para aprovechar al máximo el tiempo que le queda para gobernar por decreto. A su vez, apuesta por salir de sus «prioridades más importantes», y con las limitaciones que representaría para el PSOE gobernar con los presupuestos del Gobierno anterior, llevar sus reformas mediante decretos leyes.
Dejando a un segundo plano sus propias cuentas, Sánchez y su equipo pasan a un modo electoral. En un contexto en el que los Ministros se sienten aliviados de no haber cedido ante los independentistas.
«Todo el mundo sabe que lo hemos intentado, pero llegados a este punto y dado que ellos insisten en pedir un imposible, que es torcer la mano a la fiscalía, es casi mejor que no salgan. Porque así va a quedar mucho más claro que no cedemos ante los independentistas», concluyó un miembro del Gobierno, según reseñó El País.
Fechas claves
Los Presupuestos de Sánchez comenzaron a ver su derrumbe a inicios de noviembre, cuando la Fiscalía y la Abogacía del Estado, esta última que responde a los intereses del Gobierno, vieron sus posiciones enfrentadas respecto a las penas y condenas contra los políticos catalanes encarcelados.
La Fiscalía española, que pidió 25 años de cárcel, acusó a los implicados del delito de rebelión, la máxima pena contemplada en el Código Penal. En su argumentación, la Fiscalía sostuvo que la actuación de los acusados puso «en grave peligro el orden constitucional» y menciona el uso de violencia para asegurar «el resultado criminal pretendido».
El Gobierno por su parte, estudió por semanas una solución que representara un gran paso en su relación con los independentistas. La ministra de Justicia, Dolores Delgado, y la Abogada del Estado, Consuelo Castro, concluyeron que acusar solo por los delitos de malversación y sedición los acercaría a su objetivo. Esto debido a que la decisión supondría contradecir a la Fiscalía y demostraría que el Gobierno no veía la rebelión como una acusación acertada.
Sin embargo, la actuación del Gobierno que descartó influir directamente en la decisión de la Fiscalía, como lo pedían los separatistas, no fue suficiente para los políticos catalanes.
Independentistas plantan su rechazo a los Presupuestos
Con escasas alternativas, el Gobierno igualmente sufrió las consecuencias de no ceder a las ambiciosas exigencias de los independentistas. El gesto de apelar solo por sedición y no por rebelión, fue interpretado como un endurecimiento, cuando desde La Moncloa esperaban justo lo contrario.
Desde la perspectiva de los separatistas, no es comprensible cómo el Gobierno pretendía que reducir la pena a 12 años, como lo pidió la Abogacía, puede ser interpretado como un gesto positivo.
«Nosotros no queremos ni entrar en este marco mental que dice, bueno, son solo 12 años que al final pueden ser 8, y luego vendrá el indulto… Nosotros no vamos a aceptar nunca una condena de cárcel», manifestaron los independentistas, recordó El País.
El presidente de la Generalitat, Quim Torra, también anunció su descontento. Para entonces, calificó el hecho como un «menosprecio absoluto a los demócratas encarcelados». Aunado a ello, afirmó que le retiraba el apoyo a Sánchez y que no votaría por sus Presupuestos.
Segundo golpe: Podemos
El rechazo de los independentistas desencadenó a su vez las advertencias de Pablo Iglesias, líder de Podemos.
«Preferiría que hubiera un acuerdo amplio para los Presupuestos. Pero si no es así, no hay que tener ningún miedo de las elecciones», le aconsejó Iglesias a Sánchez luego de lo sucedido entre la Fiscalía y la Abogacía.
Sánchez busca distancia del proceso catalán
Desde Cataluña, los independentistas plantearon la posibilidad de dejar su voto a favor sobre los Presupuestos para después del procés.
Pero Sánchez busca distanciarse del peligroso aliado que tanto debilita su imagen ante los votantes y confía en seguir con sus reformas progresistas.
En este punto, aspectos como los del aumento salarial que no dependen únicamente del voto catalán, son en los que trabaja el Gobierno socialista. Medidas a las que incluso para Ciudadanos y el Partido Popular resultará difícil votar en contra.
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