Por Miguel Angel Artola
25/10/2015
Lo normal, si a estas alturas de la vida política en la España de las Autonomías se puede dar algo por cierto, sería que este domingo en el País Vasco fuese un día de celebración. Se cumplen 36 años de la aprobación en referéndum por parte de sus ciudadanos del Estatuto de Gernika. El texto que garantiza el actual nivel de autogobierno que disfruta este territorio y que constitucionaliza el ahora tan discutido Concierto Económico y el Cupo, que como pago anual al Estado deriva del mismo.
Bajo el mandato del socialista Patxi López y con los votos del Partido Popular, su entonces aliado parlamentario, la Cámara vasca aprobaba decretar como festivo el 25 de octubre. Tras el regreso a Ajuria Enea de un lehendakari nacionalista, el PNV y la izquierda abertzale sumaron sus votos para evitar celebrar oficialmente el cumpleaños del Estatuto, aunque no lograron ponerse de acuerdo en una fecha alternativa.
Este domingo se ha visto a PSE-EE y PP celebrar, por separado, que el Estatuto de Gernika cumple 36 años. Y defendieron su vigencia, Concierto Económico incluído, con un doble mensaje. Uno dirigido a sus compañeros de partido para que cierren de una vez por todas el debate sobre los supuestos privilegios fiscales vascos y otro a la ciudadanía vasca para que ponga en valor el pacto alcanzado en 1979.
Y un año más las formaciones nacionalistas vascas evitaron celebraciones aunque sí aprovecharon la cita para volver a exigir la ruptura con España, la izquierda abertzale, o denunciar el incumplimiento y la necesidad de un nuevo pacto bilateral con el Estado, el PNV con el lehendakari, Iñigo Urkullu a la cabeza.
Un nuevo pacto con el Estado
A diferencia de lo que ocurre en Cataluña, con un nacionalismo volcado ya en reclamar la independencia como único camino a sus anhelos patrios, en Euskadi el PNV sigue abogando por un pacto con el Estado. Los jentzales confían en el recorrido que pueda tener la ponencia de autogobierno del Parlamento Vasco que debería dar forma ya en los próximos meses a un nuevo estatus de autogobierno para Euskadi, consensuado entre las diferentes fuerzas políticas. El texto, seguiría los procedimientos de reforma previstos en la Constitución y sería sometido nuevamente al refrendo de la sociedad vasca. La proximidad de las elecciones generales en España y los posibles cambios constitucionales si se dan mayorías para iniciar la reforma de la Carta Magna impiden que el proceso pueda tener un calendario cierto.
El escenario tras el 20 de diciembre
“Hay quien dice que el modelo de Estado ha llegado al límite yo creo que ha quebrado, es evidente que hay determinadas comunidades autónomas del Estado español que han quebrado financieramente”, destacaba esta misma semana el lehendakari en el transcurso de un acto con empresarios guipuzcoanos. El Gobierno Vasco y el PNV no ocultan su preocupación por el cuestionamiento del Concierto Económico sobre todo por las dos nuevas fuerzas políticas emergentes, Ciudadanos, partidario de su derogación y Podemos, que considera que podría mantener pero obligando al País Vasco a ser más solidario con el conjunto de España.
El 36 aniversario del Estatuto de Gernika llega pues en un momento en el que desde estas dos fuerzas políticas de nuevo cuño, pero también desde las filas de socialistas y populares, se pone en tela de juicio la piedra angular del autogobierno vasco.
El sistema fiscal vasco es complejo, no sólo en lo que respecta al Concierto Económico y al Cupo, también a nivel interno, ya que al ser las diputaciones forales las que recaudan los impuestos, el Ejecutivo vasco no tiene competencias para fijar los tributos y debe realizar sus presupuestos en base a la previsión de ingresos que le fijan las diputaciones. Pero lo que está en tela de juicio es precisamente ese cálculo del Cupo en base a unos criterios que deben de ser pactados – no impuestos – entre el País Vasco y el gobierno de turno de España, cuando toca su revisión. Una explicación simple de modelo de Concierto comienza por la recaudación de los impuestos, competencia de las Diputaciones Forales. Ese dinero recaudado se divide en tres partes, el dinero que se quedan los propios entes forales para costear sus competencias, que en el caso de Euskadi son importantes como infraestructuras viarias y acción social. El que aportan a sus respectivos ayuntamientos, y el que entregan al Gobierno Vasco para costear sus servicios públicos y pagar el Cupo a Madrid.
El Cupo vasco (el caso navarro es similar) es la aportación que realiza anualmente el País Vasco a las arcas del Estado en concepto de gastos generales por las competencias no asumidas y el mantenimiento de instituciones e infraestructuras claves. Actualmente debería haber sido ya objeto de revisión en la llamada Comisión Mixta del Concierto Económico. Ya en las fechas en las que nos encontramos habrá que esperar a la constitución del nuevo Gobierno de España para afrontar la negociación. El Cupo es una cantidad cerrada pactada previamente. Si el País Vasco no recauda lo esperado deberá abonarlo igualmente y tampoco podrá recurrir a fondos estatales para financiarse en caso de que su situación económica lo requiriera.
Como parte de los documentos de estudio encargados por la ponencia de autogobierno del Parlamento Vasco, el Ejecutivo autonómico ha elaborado un extenso informe sobre los supuestos incumplimientos del Estatuto de Gernika por parte de los sucesivos gobiernos socialistas y populares.
Desde la interpretación vasca, quedan 24 materias pendientes de ser transferidas y 8 se encuentran en diferentes grados de ejecución. La más demandada la transferencia de la Seguridad Social, pero también la competencia de Prisiones y otras menores.
Según el estudio del Gobierno Vasco, un Estatuto de Gernika completo multiplicaría casi por dos el actual presupuesto vasco, que es de 10.638 millones de euros, reduciendo evidentemente ese pago del Cupo. El Estado, en teoría no perdería nada, cada una de las transferencias debe ir acompañada de su correspondiente memoria económica con la cantidad que se detrae del pago anual a las arcas de la hacienda estatal para poder seguir prestando el mismo servicio a los ciudadanos.
Esa es la apuesta del PNV. Pagar menos y asumir mayores competencias. Y trasladar la bilateralidad del concierto económico a la escena política para evitar la “recentralización” por medio de legislaciones que atentan contra los principios del autogobierno vasco.
“El Estatuto de Gernika fue un pacto de los vascos con el Estado español, pero tal compromiso se ha difuminado porque una de las partes, España, lo ha considerado como un privilegio que te dan o te quitan, y cuyo cumplimiento siempre está sujeto a la necesidad de votos que tenga el Gobierno español de turno para sustentar su mayoría en el parlamento”, lo decía Koldo Mediavilla, responsable del Área Institucional del PNV, hace ahora un año, coincidiendo con el 35 aniversario del Estatuto de Gernika.
Mediavilla ha sido también el encargado de marcar la línea roja de su formación ante el actual cuestionamiento del modelo fiscal vasco que deriva del Estatuto de Gernika: “El Concierto Económico es el último punto de soldadura que nos une al Estado español, si esa soldadura se rompe quedamos libres todos”.
Así están las cosas 36 años después de la aprobación del Estatuto de Gernika. Un texto “incumplido” o no desarrollado en su integridad y ahora puesto en cuestión por nuevas fuerzas políticas. Base del actual modelo de autogobierno y prosperidad en el País Vasco que unos celebran, otros pretenden actualizar y algunos romper. Y no queda claro que lo mejor esté por venir.
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