El Ejecutivo no tiene planes de nacionalizar ninguna empresa de sectores críticos, como pueden ser las aerolíneas o energéticas, que estén particularmente afectadas por la crisis económica producto del coronavirus.
La portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, dijo que realizan un seguimiento «muy detallado» de las compañías más vulnerables. Lo que sí mantendrá el Ejecutivo como política es la aplicación de medidas de ayuda a las empresas. Por ejemplo, mediante los avales del Instituto de Crédito Oficial (ICO). También continuará con la concesión de prestaciones a las empresas, en función del tamaño, con énfasis en las que cuentan con menos de 50 trabajadores.
Las pymes son las que mayor proporción de fondos han obtenido de este paquete de medidas. Según se vayan agotando estas ayudas se concederán otras líneas de liquidez o se ampliarán.
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Rueda de prensa de la portavoz del Gobierno y ministra de @Haciendagob, María Jesús Montero, y el ministro de @sanidadgob, Salvador Illa, para informar sobre los acuerdos del #CMin.#EsteVirusLoParamosUnidos https://t.co/nh8N7SBiwm— La Moncloa (@desdelamoncloa) May 12, 2020
Reiteración de la posición del Ejecutivo
Las declaraciones de Montero se mantienen en línea con lo expresado hace unas tres semanas por la ministra de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, Arancha González Laya, luego de la reunión de los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea. Subrayó que el Ejecutivo no cuenta con planes para nacionalizar empresas a raíz del impacto que ha tenido la crisis sanitaria del coronavirus en la economía y aludió al «diálogo» con las empresas para solucionar la crisis «de la mejor manera posible».
«España está atenta y en permanente diálogo con empresas, sobre todo con las que pertenecen a los sectores mas afectados por esta crisis. Trabajar en colaboración con las empresas permitirá desarrollar mecanismos y soluciones para llevar crisis de la mejor manera posible y arbitrando soluciones», subrayó.
Planes en marcha
En línea con los planes de apoyo al sector empresarial y laboral, el Consejo de Ministros aprobó la ampliación del decreto que regula los expedientes de regulación temporal del empleo (ERTE) hasta el próximo 30 de junio. También se reserva el derecho a prolongar el plazo por razones sanitarias.
María Jesús Montero destacó que el texto aúna los intereses del Ejecutivo y de los agentes sociales. El documento sienta las bases para defender la viabilidad de los negocios y facilitar la recuperación de la actividad.
Puntualizó que se contempla la creación de una comisión de seguimiento tripartita del proceso de desconfinamiento entre el Ministerio de Trabajo y Economía Social, el de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, y los agentes sociales (CEOE, CEPYME, UGT y CCOO).
Insistió en la importancia que tiene el diálogo y la colaboración, y en la necesidad de que las fuerzas políticas sigan este ejemplo: «De esta manera podrán encontrar la mejor solución posible para que España afronte con mayor ventaja competitiva la recuperación económica».
La portavoz del Gobierno destaca la importancia del diálogo en todos los niveles de la sociedad.
Una premisa que, según explica, debe darse también en la Comisión para la Reconstrucción Social y Económica donde es necesario llegar a acuerdos para impulsar la recuperación. pic.twitter.com/rm3bAEP79m
— La Moncloa (@desdelamoncloa) May 12, 2020
Temores a una posible nacionalización
A pesar de lo reiterado de la negativa del Ejecutivo a la posibilidad de nacionalizar empresa alguna, existen temores en el sector. En especial por la posición que ha tomado el vicepresidente segundo para el área social, Pablo Iglesias.
El tema del posible traspaso de algunas empresas ha sido recurrente en declaraciones y en programas y propuestas de Iglesias y de Podemos. A finales de marzo se encendieron las alarmas en el sector empresarial cuando escribió en su cuenta de Twitter: “Toda la riqueza del país en sus distintas formas y sea cual fuere su titularidad está subordinada al interés general (Artículo 128 de la Constitución)”.
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